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dimarts 25 d'octubre de 2011
Protocolo de Kyoto, una estrategia fallida
Hazel Henderson

El Protocolo de Kyoto nació equivocado: se centró en el dióxido de carbono y en los mecanismos de mercado. Por eso ha fracasado, expone en esta columna la economista Hazel Henderson.

El Protocolo de Kioto sobre cambio climático expira a fines de 2012. Su énfasis en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y su programa de venta de bonos de carbono con sede en Londres y otros centros financieros están en la picota. La debacle de Wall Street de 2007-2008, con ayuda de los lobbies de los hidrocarburos, hizo fracasar la aprobación de una ley en Estados Unidos sobre esta especie de canje de emisiones de carbono.

Por otra parte, un amplio fraude en la venta de compensaciones por las emisiones de CO2 llevó a Interpol a advertir que una ola de delitos internacionales de “cuello blanco” podría producirse en torno a estos negocios. Este sistema de canje es uno de los mecanismos de descontaminación propuestos por el Protocolo de Kyoto para reducir las emisiones de gases causantes del efecto invernadero, que provoca el calentamiento global.

Los canjes permiten a los países del Norte industrial invertir en proyectos de reducción de emisiones en naciones en desarrollo a cambio del derecho a emitir en sus propios territorios una tonelada de CO2 por cada bono. Esos mercados, en el marco del Protocolo de Kyoto, incluyen el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para ayudar a los países en desarrollo a utilizar tecnologías limpias. Los operadores de Wall Street y de Londres saludaron esas “innovaciones financieras” y se hicieron cargo del nuevo negocio. Pero las industrias contaminantes que están en el Esquema de Comercialización de Emisiones se aprovecharon del Protocolo de Kyoto a su modo. Presionaron a los gobiernos de la Unión Europea para autorizar tantos bonos que inundaron el mercado.

Por tanto, en lugar de pasar de los combustibles fósiles a las energías eólica, solar y geotérmica y a la eficiencia en el consumo, las industrias contaminantes se limitaron a comprar “compensaciones” en el marco del MDL para financiar proyectos en los países en desarrollo. La verificación de esos proyectos resultó casi imposible, pues muchos se hubieran realizado de cualquier modo.

La mayoría de las compensaciones del MDL fueron a China, permitiéndole desarrollar tecnologías solares y eólicas. Ahora ese país acapara esos mercados de exportación; dejó de vender “compensaciones” a las industrias europeas contaminantes, que deben volcarse a las tecnologías verdes y comprar sus nuevos equipos en China. Los economistas promovieron soluciones de mercado al cambio climático en el Senado de Estados Unidos durante los gobiernos de Ronald Reagan (1981-1989) y de Bill Clinton (1993-2001).

Bajo la influencia de economistas conservadores y ambientalistas de elite, se lanzaron a privatizar, desregular y promover la globalización del mercado. Estados Unidos se impuso en la conferencia de 1997 que dio nacimiento al Protocolo de Kyoto, y lo orientó hacia el comercio de emisiones de CO2.

El énfasis en ese gas en desmedro de otros con mayor efecto invernadero, como el metano o el óxido nitroso, se debió en gran medida a que los financistas de Wall Street y Londres necesitaban una sola materia prima, el carbono, para construir instrumentos comercializables.

Muchos países en desarrollo desconfiaban de la conveniencia de que sus políticas ambientales quedaran subordinadas a remotas oficinas financieras. También advirtieron que esos nuevos mercados no eran “libres” sino creados y administrados por gobiernos que establecían y controlaban los límites de las emisiones. El haber consentido que el fundamentalismo de mercado pusiera su atención en el carbono parece ahora un error estratégico.

Se erró al establecer mecanismos de limitación y venta de emisiones que implicaban crear burocracias costosas y complicadas.

Los contaminadores se opusieron a la fiscalización de las compensaciones y de los Certificados de Energía Renovable, dificultando que se pudiera comprobar si se abatían o no los volúmenes de emisiones de CO2.

Los bonos debieron haberse subastados, pero rápidamente se los entregó en abundancia a los contaminadores, que luego los vendían con ganancias, mientras los volúmenes mundiales de contaminación climática seguían subiendo. En definitiva, este sistema resultó menos eficiente que la aplicación de impuestos directos y reglamentaciones, como sostenían muchos países en desarrollo, ambientalistas, académicos y algunos economistas.

Un “impuesto verde” sigue siendo la mejor solución. Se reducen los tributos a la renta y los aportes patronales y se grava todo tipo de contaminación (no sólo el dióxido de carbono), la extracción de recursos naturales vírgenes y la basura.

Lentamente este enfoque está ganando apoyo, incluso en el Congreso de Estados Unidos en torno de las senadoras Maria Cantwell y Susan Collins.

Al mismo tiempo, la reconsideración de la política sobre el clima avanza en informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, junto a la Organización Meteorológica Mundial.

Esos estudios aconsejan enfoques más amplios sobre las emisiones, más allá del CO2, para centrarse en hollín, metano, compuestos orgánicos volátiles y ozono.

Así se podría desacelerar más rápidamente el calentamiento global. Esos cambios también ponen énfasis en la energía verde. La aplicación de ambas políticas puede obtener buenos resultados en la calidad del aire y hacer viables las acciones regionales antes de llegar a nuevos acuerdos mundiales.

* * Hazel Henderson, economista, presidenta de Ethical Markets Media y coautora del Índice de Indicadores de Calidad de la Vida Calvert-Henderson. Derechos exclusivos IPS.



 
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