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dimecres 15 d'agost de 2007
La creciente polarización social
por Vicenç Navarro (catedrático de Políticas Públicas)

El debate territorial que está teniendo lugar en España a raíz de la aprobación por varias comunidades autónomas de sus Estatutos está inhibiendo otro debate que debiera ocurrir en nuestro país sobre la creciente polarización social que apenas está teniendo visibilidad mediática y política. Durante estos últimos años estamos experimentando un gran crecimiento de las rentas del capital y un estancamiento (cuando no declive) de las rentas del trabajo.

Según un reciente estudio realizado por el catedrático de Economía Juan Torres, el beneficio neto de las compañías no financieras españolas aumentó en el año 2005 nada menos que el 26,2%, y el de los grandes que cotizan en Bolsa y que se incluyen en el Ibex 35 fue de un enorme 44%. Dentro de ellas, las empresas energéticas Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico fueron las que ampliaron más sus beneficios durante aquel año. Otro grupo empresarial que alcanzó también beneficios exorbitantes fue la banca. Según la Asociación Española de la Banca, los beneficios de la banca alcanzaron un crecimiento promedio del 58,82% respecto al año 2004, beneficios que fueron semejantes a los obtenidos por las cinco empresas de construcción más importantes en el país.

La lista de empresas con beneficios exorbitantes es enorme. Antena 3 incrementó sus beneficios el 100%; Iberia, el 96%; el Grupo Santander, el 72,5%; Telefónica, el 40%; el BBVA, el 30%; Repsol, el 29,2%, y así un largo etcétera. Como consecuencia, las rentas del capital se están incrementando con millones y millones de euros. Sólo las compañías energéticas citadas anteriormente ingresaron 5.582 millones de euros más en el año 2005 que en el año 2004; las constructoras, 2.183 millones de euros más que en el año anterior; las empresas del Ibex 35, 37.500 millones de más, y la lista podría continuar más y más.

Este crecimiento de los beneficios empresariales es una de las causas de que el número de personas que ganan más de un millón de euros al año haya crecido en España, que es hoy uno de los 10 países del mundo con más millonarios. Lo mismo ocurre en cuanto a multimillonarios, es decir, personas que ganan al año más de 24 millones de euros. Según el Informe sobre la riqueza mundial, preparado por el Banco de Inversiones Merrill Lynch y la consultora Cap Gemini, hay en España 1.500 españoles que ganan más de 24 millones de euros al año, aun cuando, según la Agencia Tributaria Española, sólo 65 ciudadanos declaran tal nivel de renta. Según la mencionada Agencia Tributaria, el fraude fiscal alcanza el 10% del PIB y se concentra en los grupos más pudientes de la población. La expresión popular de que "los ricos no pagan impuestos" se corresponde a la realidad. Además de este fraude, hay gran cantidad de desgravaciones fiscales que benefician primordialmente a las rentas superiores y que equivalen a subsidios públicos puesto que las personas que no gozan de tales privilegios fiscales ven aumentar sus impuestos para cubrir el vacío fiscal creado por aquellas desgravaciones.

Este espectacular crecimiento de las rentas del capital y de las rentas superiores contrasta con el escaso crecimiento de las rentas del trabajo. El salario promedio en el año 2005 tenía la misma capacidad adquisitiva que en 1997 y había crecido sólo el 0,4% en 10 años. España es también uno de los países de la Europa de los Quince con mayor índice de pobreza (el 18% de la población). Uno de los factores que han contribuido a esta polarización en la distribución de la renta en España han sido las reformas fiscales realizadas en los años noventa por el Gobierno conservador del PP con el apoyo de las derechas catalanas, CiU, reformas que beneficiaron enormemente a las rentas superiores del país. Según un trabajo del catedrático de Análisis Económico Zenón Jiménez Ridruejo (escrito con el profesor Julio López Díaz), como consecuencia de tales reformas se produjo un notable crecimiento de las rentas de la decila superior de contribuyentes, pasando éstas de tener el 30,59% de la renta en 1996 al 34,52% en 2002, mientras que las seis decilas inferiores (es decir, el 60% de los contribuyentes) vieron un marcado descenso de sus rentas. La última decila de contribuyentes (es decir, los más pobres) pasaron de tener el 1,58% de la renta en el año 1996 al 0,57% en el año 2002. Puesto que Cataluña tenía un porcentaje mayor de personas que el resto de España en la decila superior, la derecha catalana, que apoyó tal reforma fiscal, la presentó como beneficiosa para Cataluña, ignorando sin embargo que para el 60% de contribuyentes catalanes (pertenecientes a las clases medias y populares) tales reformas significaron una disminución de su renta.

Esta situación preocupante explica la creciente protesta social a principios de esta década, que se tradujo en una demanda -explícita en el programa electoral del Gobierno socialista- de corregir aquella reforma fiscal gravando las rentas del capital con la misma intensidad que las rentas del trabajo, promesa que no ha sido respetada en la reforma fiscal propuesta por el equipo económico del Gobierno socialista y aprobada por las Cortes con el apoyo de la derecha catalana, CiU, que de nuevo favorece a las rentas de capital. Sería de desear que en política fiscal el Gobierno español cambiara de aliados, reafirmando su compromiso electoral de converger con el gasto público social por habitante de los países de la Europa de los Quince. Este déficit social en escuelas, en formación profesional, en seguridad laboral (que permitiría una mayor flexibilidad) y en programas de cohesión social es lo que explica la escasa eficiencia y competitividad española. La experiencia de países de clara tradición socialdemócrata como Suecia muestra que la eficiencia económica de un país no depende sólo de la inversión en investigación y desarrollo, sino también de la seguridad, calidad de vida y cohesión social del país.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.



Resposta a l'article
La creciente polarización social
21 d'agost de 2007

Los continuos recortes fiscales aplicados por los distintos gobiernos Aznar han condenado a España a un subdesarrollo social permanente, impidiendo recortar la distancia con Europa y alcanzar el promedio de calidad de vida de la Unión Europea. La inversión en políticas sociales se ha situado por debajo de lo que el nivel de riqueza del país hubiese permitido, lo que ha provocado el aumento de las desigualdades sociales y su consecuencia en inseguridad ciudadana.

Así, la obsesión neoliberal de los gobiernos Aznar por alcanzar el déficit cero e incluso el superavit en las cuentas del Estado ha conllevado una reducción importante del gasto social, es decir, recortes continuos en educación, sanidad, políticas sociales y políticas activas de creación de empleo. Un nivel de austeridad más difícil de justificar en un periodo en el que el país ha crecido económicamente y la factura del paro ha descendido por el decremento del número de personas en situación de desempleo, lo cual ha liberalizado recursos públicos que no se han dedicado a estos menésteres. De este modo, la doctrina política Aznar es la responsable directa de que los sistemas de cobertura social en España estén menos desarrollados de lo que nos permitiría el nivel de riqueza de la nación.

Por otra parte, los recortes fiscales que han impedido incrementar el gasto social no han beneficiado a todo el mundo por igual como difundía la propaganda popular, sino que sólo ha beneficiado a las grandes fortunas del estado (las 125.000 personas con rentas más altas) y a las grandes empresas (como las eléctricas o Telefónica) que además han recibido subvenciones públicas para financiar recortes en sus plantillas a pesar de presentar beneficios multimillonarios. Unos recortes que, a su vez, han supuesto un debilitamiento del Estado del Bienestar de la nación y, por tanto, un incremento de la incidencia de la pobreza sobre la población.

En lo referente a la educación, el número de alumnos por profesor desde la educación infantil a la universitaria es, tanto en el sistema público como en el privado, mayor que el promedio de la Unión Europea. Una diferencia que se ve acentuada en aquellas comunidades autónomas que han estado gobernadas por partidos de derecha; donde, como en Cataluña, el gasto público por alumno es menor, al mismo tiempo que la subvención a la escuela privada es más alta, unas circunstancias que aumentan la desigualdad de oportunidades entre la población. En cuanto a las políticas sociales de ayuda a la familia, España ostenta el nivel de desarrollo más bajo entre los países europeos. De este modo, la mujer española es la que trabaja más horas a la semana en tareas familiares, cuidando de sus hijos o de sus ascendientes con problemas de autonomía, de toda la UE. La nula inversión que han realizado el Estado y las Comunidades Autónomas para la universalización de la escuela infantil gratuita o las ayudas a los ancianos mediante trabajadores sociales, junto al precario nivel del salario mínimo en España, explican la baja tasa de actividad femenina de nuestro país.

En cuanto a las jubilaciones, la retórica neoliberal alienta y potencia la cobertura privada mediante fondos de pensión privados o colectivos, para lo que se asusta a la población con la inminente bancarrota de la Seguridad Social. Al tiempo que se promueve el retraso de la edad de jubilación, justificando esta postergación en un aumento de los trabajos cualificados que la gente no querrá abandonar, aunque el tipo de empleo que está creciendo más en los últimos años es de tipo repetitivo y de baja cualificación, por lo que incrementar la edad de jubilación es una pérdida injustificable de derechos consolidados.

Que nadie se extrañe pues de que al tiempo que durante los últimos años, los recortes en las políticas sociales y la desregulación del mercado laboral no han parado de acentuarse, la inversión en seguridad ciudadana y los gastos en medidas represivas no han parado de incrementarse.

Resposta almissatge:

La critica de las bases de la política neoliberal, tanto la reducción del Estado del Bienestar como la desregularización del mercado laboral necesita ampliar su tarea de refutación de las doctrinas neoliberales, que son difundida como leyes incuestionables sobre el mercado y las políticas de empleo.

"No pueden considerarse políticas públicas en pro del pleno empleo aquellas que se limitan a crear las condiciones para que el sector privado cree empleo" (Vicent Navarro)

En efecto,hemos de seguir reivindicando la vigencia de las políticas de pleno empleo con inversión del Estado propias de la tradición socialdemócrata. Y, al mismo tiempo, denunciar como la continua desregulación de las condiciones laborales que multiplica el número de contratos, genera un mercado laboral precario que, entre otros efectos, no promueve la incorporación de la mujer, ni el sostenimiento de la seguridad social.

En España, uno de los problemas más relevantes del mercado laboral (y a su vez menos comentado) es el bajo porcentaje de la población adulta que trabaja. En este contexto, cree que es necesaria una política donde el Estado incida directamente en la creación de empleo mediante la inversión pública en políticas y servicios sociales. En este punto, nos recuerda que políticas poco atractivas como el crecimiento del número de trabajadores públicos, el aumento del salario mínimo o la equiparación del salario de las mujeres benefician la estabilidad de la seguridad social y promueven el consumo.

Si en España tuviéramos la misma tasa de población que tienen los países del norte de Europa empleada en los servicios del Estado como sanidad, educación y servicios de apoyo a las familias, disminuiría nuestro alto nivel de desempleo, al tiempo que aumentaría nuestra tasa de ocupación, lo que permitiría subsanar los problemas de financiación de la seguridad social y en consecuencia asegurar las jubilaciones para los próximos años.

En cambio, la doctrina neoliberal imperante insiste en las políticas de desregulación laboral que incrementan la incidencia de la pobreza en la población española. Así, en vez de incentivar la calidad del empleo, se intenta satisfacer un gran porcentaje de la oferta de trabajo existente con mano de obra inmigrante mal pagada, y se piden unas cuotas exageradas de inmigración, a fin de presionar los salarios a la baja, utilizando como excusa que los inmigrantes ocupan los lugares de trabajo que los españoles no desean, argumento que esconde que no hay puestos de trabajo intrínsicamente malos, sino solo salarios bajos.

En definitiva, hoy en España como en todo el planeta, la confrontación "realmente existente" es la que se da entre los dos modelos del capitalismo: El actual sistema capitalista sostenido en una clase burguesa abundante que es retribuida a través de un sobresalario que le posibilita un consumo de tiempo, de ocio y de mercancías que se convierte en el motor de la economía y que sólo puede sostenerse mediante el Estado del Bienestar. Y un nuevo capitalismo evolucionado que ha aprendido que puede sostenerse incidiendo en la producción a bajo coste pero que no necesita de una burguesía extensa, ni de grandes masas de consumidores.

Las razones políticas del deficit social español

Estas causas han de buscarse en el severo déficit democrático del Estado, originado en una transición inacabada desde la dictadura, que ha favorecido a la derecha y a sus oligopolios tradicionales (banca, industria eléctricas y de distribución, constructoras y otras grandes compañías). En España el franquismo no llegó a ser derrotado, sino que paulatinamente se fué adaptando al hecho democrático. De ahí que en España el parlamento aún no ha realizado una condena explícita de la dictadura y que la construcción de nuestra transición democrática se levantó sobre el olvido y el silencio.

Este modelo español de transición ha impuesto unos costes, entre ellos, la amnesia histórica que favorece a la derecha, ya que ha provocado que la mayoría de los jóvenes no sepan las atrocidades cometidas por la dictadura más sangrienta acaecida en Europa en el siglo XX, sino que crean que fue un régimen ligeramente autoritario más. En este contexto, no debe sorprendernos que en nuestro país no existan partidos de extrema-derecha, pues sus posibles militantes se encuentran cómodos en lo que los medios de comunicación españoles insisten en presentar como un partido de centro, el Partido Popular.

El neoliberalismo imperante reproducido por los medios de persuasión (como llama Navarro a los mass media) hasta el hartazgo, ha conseguido convencer a todos de que no existe otro camino para la salvación económica que desmantelar el Estado del bienestar. Una consigna tan repetida que ha impregnado al propio PSOE del pesimismo neoliberal,lo que ha llevado a esta formación política a adoptar las tesis de la Tercera Vía social-liberal, olvidando las políticas de pleno empleo con inversión de Estado, que "todavía" defienden socialistas moderados como Lafontaine o Jospin (aunque quizás eso explique la ascensión de Ségolèn Royal) y que, en algún momento fueron defendidas por el PSOE en España, pero que el propio PSOE se encargó de cercenar a pesar de que, según sondeos europeos, la población española es todavía de las que desea un mayor incremento del gasto público social.

En todo ello la responsabilidad de la prensa española, en manos de la oligarquía heredera de la transición, es enorme y obliga a la denuncia de su posición neoliberal militante. Ninguno de los diarios españoles más importantes, incluidos los que se consideran periódicos de referencia de la izquierda (El País o El Periódico) ha publicado nunca editoriales a favor de un mayor gasto público y social, como lo han hecho en Europa, entre otros, Le Monde en Francia y The Guardian en Gran Bretaña.

Dentro de este contexto, donde el aumento del volumen de información ayuda a la desinformación de la población, también debemos denunciar como en la campañas electorales se magnifican los temas de identidad (nacionalismos selecciones deportivas autonómicas), para esconder temas que no tienen tanta repercusión en el debate mediático como son los problemas de la cotedianidad que afectan y preocupan a los ciudadanos: la calidad de la escuela publica, el escaso desarrollo de la atención primaria o las altas tasas de siniestralidad laboral, provocadas por el mercado laboral más precario de Europa.

En resumen, el subdesarrollo del sistema del bienestar en España es consecuencia de un déficit democrático donde la oligarquía no renuncia a los privilegios arrebatados durante la dictadura.

Una original idea que propone Navarro, para mejorar el sistema democrático e incidir en el desarrollo del Estado del Bienestar, es obligar a que "todos los políticos tengan que utilizar los servicios públicos que la mayoría de la población utiliza en caso de ser elegidos. Es esta una propuesta que contribuiría a romper la distancia entre los grupos de decisión y la gestión de los servicios públicos y sus usuarios, estimularía una mayor representatividad democrática y una mayor sensibilidad hacia los problemas reales que la población tiene; pero -no .lo olvidemos- es la población en su conjunto la que tiene la obligación de radicalizar la democracia para salvar la ciudadanía de la vorágine neoliberal.

La política neoliberal y la desregularización del mercado laboral
21 d'agost de 2007, per  Espai Alternatiu

La critica de las bases de la política neoliberal, tanto la reducción del Estado del Bienestar como la desregularización del mercado laboral necesita ampliar su tarea de refutación de las doctrinas neoliberales, que son difundida como leyes incuestionables sobre el mercado y las políticas de empleo.

"No pueden considerarse políticas públicas en pro del pleno empleo aquellas que se limitan a crear las condiciones para que el sector privado cree empleo" (Vicent Navarro)

En efecto,hemos de seguir reivindicando la vigencia de las políticas de pleno empleo con inversión del Estado propias de la tradición socialdemócrata. Y, al mismo tiempo, denunciar como la continua desregulación de las condiciones laborales que multiplica el número de contratos, genera un mercado laboral precario que, entre otros efectos, no promueve la incorporación de la mujer, ni el sostenimiento de la seguridad social.

En España, uno de los problemas más relevantes del mercado laboral (y a su vez menos comentado) es el bajo porcentaje de la población adulta que trabaja. En este contexto, cree que es necesaria una política donde el Estado incida directamente en la creación de empleo mediante la inversión pública en políticas y servicios sociales. En este punto, nos recuerda que políticas poco atractivas como el crecimiento del número de trabajadores públicos, el aumento del salario mínimo o la equiparación del salario de las mujeres benefician la estabilidad de la seguridad social y promueven el consumo.

Si en España tuviéramos la misma tasa de población que tienen los países del norte de Europa empleada en los servicios del Estado como sanidad, educación y servicios de apoyo a las familias, disminuiría nuestro alto nivel de desempleo, al tiempo que aumentaría nuestra tasa de ocupación, lo que permitiría subsanar los problemas de financiación de la seguridad social y en consecuencia asegurar las jubilaciones para los próximos años.

En cambio, la doctrina neoliberal imperante insiste en las políticas de desregulación laboral que incrementan la incidencia de la pobreza en la población española. Así, en vez de incentivar la calidad del empleo, se intenta satisfacer un gran porcentaje de la oferta de trabajo existente con mano de obra inmigrante mal pagada, y se piden unas cuotas exageradas de inmigración, a fin de presionar los salarios a la baja, utilizando como excusa que los inmigrantes ocupan los lugares de trabajo que los españoles no desean, argumento que esconde que no hay puestos de trabajo intrínsicamente malos, sino solo salarios bajos.

En definitiva, hoy en España como en todo el planeta, la confrontación "realmente existente" es la que se da entre los dos modelos del capitalismo: El actual sistema capitalista sostenido en una clase burguesa abundante que es retribuida a través de un sobresalario que le posibilita un consumo de tiempo, de ocio y de mercancías que se convierte en el motor de la economía y que sólo puede sostenerse mediante el Estado del Bienestar. Y un nuevo capitalismo evolucionado que ha aprendido que puede sostenerse incidiendo en la producción a bajo coste pero que no necesita de una burguesía extensa, ni de grandes masas de consumidores.

Las razones políticas del deficit social español

Estas causas han de buscarse en el severo déficit democrático del Estado, originado en una transición inacabada desde la dictadura, que ha favorecido a la derecha y a sus oligopolios tradicionales (banca, industria eléctricas y de distribución, constructoras y otras grandes compañías). En España el franquismo no llegó a ser derrotado, sino que paulatinamente se fué adaptando al hecho democrático. De ahí que en España el parlamento aún no ha realizado una condena explícita de la dictadura y que la construcción de nuestra transición democrática se levantó sobre el olvido y el silencio.

Este modelo español de transición ha impuesto unos costes, entre ellos, la amnesia histórica que favorece a la derecha, ya que ha provocado que la mayoría de los jóvenes no sepan las atrocidades cometidas por la dictadura más sangrienta acaecida en Europa en el siglo XX, sino que crean que fue un régimen ligeramente autoritario más. En este contexto, no debe sorprendernos que en nuestro país no existan partidos de extrema-derecha, pues sus posibles militantes se encuentran cómodos en lo que los medios de comunicación españoles insisten en presentar como un partido de centro, el Partido Popular.

El neoliberalismo imperante reproducido por los medios de persuasión (como llama Navarro a los mass media) hasta el hartazgo, ha conseguido convencer a todos de que no existe otro camino para la salvación económica que desmantelar el Estado del bienestar. Una consigna tan repetida que ha impregnado al propio PSOE del pesimismo neoliberal,lo que ha llevado a esta formación política a adoptar las tesis de la Tercera Vía social-liberal, olvidando las políticas de pleno empleo con inversión de Estado, que "todavía" defienden socialistas moderados como Lafontaine o Jospin (aunque quizás eso explique la ascensión de Ségolèn Royal) y que, en algún momento fueron defendidas por el PSOE en España, pero que el propio PSOE se encargó de cercenar a pesar de que, según sondeos europeos, la población española es todavía de las que desea un mayor incremento del gasto público social.

En todo ello la responsabilidad de la prensa española, en manos de la oligarquía heredera de la transición, es enorme y obliga a la denuncia de su posición neoliberal militante. Ninguno de los diarios españoles más importantes, incluidos los que se consideran periódicos de referencia de la izquierda (El País o El Periódico) ha publicado nunca editoriales a favor de un mayor gasto público y social, como lo han hecho en Europa, entre otros, Le Monde en Francia y The Guardian en Gran Bretaña.

Dentro de este contexto, donde el aumento del volumen de información ayuda a la desinformación de la población, también debemos denunciar como en la campañas electorales se magnifican los temas de identidad (nacionalismos selecciones deportivas autonómicas), para esconder temas que no tienen tanta repercusión en el debate mediático como son los problemas de la cotedianidad que afectan y preocupan a los ciudadanos: la calidad de la escuela publica, el escaso desarrollo de la atención primaria o las altas tasas de siniestralidad laboral, provocadas por el mercado laboral más precario de Europa.

En resumen, el subdesarrollo del sistema del bienestar en España es consecuencia de un déficit democrático donde la oligarquía no renuncia a los privilegios arrebatados durante la dictadura.

Una original idea que propone Navarro, para mejorar el sistema democrático e incidir en el desarrollo del Estado del Bienestar, es obligar a que "todos los políticos tengan que utilizar los servicios públicos que la mayoría de la población utiliza en caso de ser elegidos. Es esta una propuesta que contribuiría a romper la distancia entre los grupos de decisión y la gestión de los servicios públicos y sus usuarios, estimularía una mayor representatividad democrática y una mayor sensibilidad hacia los problemas reales que la población tiene; pero -no .lo olvidemos- es la población en su conjunto la que tiene la obligación de radicalizar la democracia para salvar la ciudadanía de la vorágine neoliberal.

 
concepció&disseny: miquel garcia "esranxer@yahoo.es"