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dimecres 22 d'agost de 2007
La Directiva "Bolkestein" ha sido aprobada sin excluir siquiera la educación
Sindicato de enseñantes STES-i exige la total retirada de la Directiva

La cuestionada "directiva Bolkestein", que pone en peligro la existencia de los servicios públicos en los países de la Unión europea, pese haber sido ya "aprobada", sigue suscitando el rechazo en muchos de los países de la Unión pues sus consecuencias ponen en riesgo y precarizan conquistas sociales y laborales conseguidas en los distintos Estados. Pese a que se había llegado al compromiso de "suavizar" contenidos de dicha directiva, se mantiene la privatización de los servicios públicos, junto a la posibilidad de que esos servicios sean prestados por empresas de otros estados con la obligación para el país receptor de subvencionarlas si cumplen determinadas condiciones.

Esto supondrá una liberalización y una disminución de una serie de servicios públicos esenciales como el servicio de salud, los servicios sociales, educativos y culturales.

En el caso de la educación, se trata de una competencia de los estados que ahora se pretende liberalizar de forma que empresas privadas puedan acceder a ser prestatarias de servicios con la consiguiente financiación por parte de los estados receptores. Aplicar esta normativa a la educación (también en otros sercicios sociales y en sanidad) es considerar a esta no como un derecho humano sino como una mercancía susceptible de ser comprada y vendida.

Este marco inquietante se agudiza en el Estado Español con el texto final redactado de la Ley Orgánica de la Educación aprobado por el Pleno del Congreso en el que el llamado servicio público de educación podrá ser prestado por el Estado o por empresas privadas.

Igualmente ventajosas para la iniciativa privada son la universitaria LOU y la Ley de FP. La desregulación a la que puede verse sometido nuestro sistema educativo puede ser total si se combinan los dos textos.

Por todo ello, la Confederación de STEs-i exige la retirada de la directiva Bolkestein y que la educación sea en nuestro continente ese derecho humano universal al que toda la ciudadanía tenga acceso en unas condiciones de calidad. Hacemos un llamamiento a las organizaciones que se dicen defensoras de lo público para aunar esfuerzos a fín de evitar que la salud, los servicios sociales y la educación se conviertan en una mercancía solo garantizable para unospocos.

Por su parte Izquierda Unida la calificó de bochornosa

El coordinador ejecutivo de Economía y Empleo de IU, Javier Alcázar, y el eurodiputado y responsable de Relaciones Internacionales, Willy Meyer, denunciaron "la bochornosa alianza consumada hoy en el Parlamento Europeo entre los representantes de los grupos socialista y popular, incluidos sus parlamentarios españoles, al votar a favor de la Directiva de Liberalización de Servicios del Mercado Interior en la Unión Europea, más conocida como Directiva "Bolkestein" por el nombre de su primer proponente.

"Con esta votación se consuma el mayor ataque perpetrado contra los derechos laborales de los trabajadores de la UE", afirman los dirigentes.

Alcázar y Meyer niegan "absolutamente" que la enmienda transaccional pactada por socialistas y populares "haya eliminado las partes más controvertidas y duras planteadas desde el principio en la iniciativa", que lleva el nombre del anterior comisario de Mercado Interior, el liberal holandés Fritz Bolkestein.

Para Alcázar, "el texto aprobado obvia los derechos laborales nacionales, legaliza el dumping social empresarial, favorece la nefasta deslocalización de empresas hacia aquellos países con menos derechos y peores condiciones laborales, al tiempo que promueve la privatización de los servicios de interés económico general".

Meyer insiste en que "tras el acuerdo entre socialistas y populares lo único que se ha hecho es ’maquillar’ el contenido y alcance del denominado ’principio de país de origen’. Las consecuencias de éste en cuanto a pérdida de derechos laborales van a ser nefastas en los países de destino de los trabajadores donde se deba aplicar".

"El principio posibilitará que cualquier empresa con sede en países con menor regulación laboral pueda trasladar a sus trabajadores a España, en las condiciones salariales, laborales y de seguridad establecidas en aquél país, sin que las normas especificas vigentes en nuestro marco legal tengan que ser cumplidas", subraya Meyer.

El eurodiputado de IU aclara que "será el Gobierno del país de destino que quiera que esto no se lleve a la práctica quien tenga que recurrir al Tribunal de Justicia Europeo en cada caso para tratar de imponer alguna limitación a las empresas que podrán operar con su legislación de origen, tanto en el plano laboral, como en el mercantil y administrativo".

Por su parte, Javier Alcázar afirma que la ’directiva Bolkestein’ -que aún debe pasar por el Consejo de Servicios de la UE, donde están representados los gobiernos nacionales-, supone un revés muy especialmente a la negociación colectiva, que dejará de ser de obligado cumplimiento cuando la empresa tenga su domicilio social en cualquier otro país distinto de la EU".

El dirigente de IU insiste en que "ha resultado bochornoso ver cómo el Gobierno español se ha acabado aliando con los sectores europeos más reaccionarios y antisociales, haciendo oídos sordos a la petición aprobada por el Congreso de los Diputados donde se le instaba a garantizar el cumplimiento de la norma laboral de los países de destino".



 
7 de juny
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