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dimarts 26 de gener de 2010
Por qué la autonomía no es la solución para el conflicto saharaui
Juan Soroeta

Cuando, a la vista del censo confeccionado por las Naciones Unidas para el referéndum, Marruecos decidió abandonar el proceso de paz y poner en marcha su propuesta de autonomía como vía de solución del conflicto saharaui fueron muchas las voces en nuestro país que la apoyaron con entusiasmo, apuntando al modelo español como ejemplo a seguir (entre otros, J.SOLÉ TURA, El Frente POLISARIO, entre Marruecos y Argelia, EL PAÍS, 29/7/2002; M.VARGAS LLOSA, Lo justo y lo posible, EL PAÍS, 4/8/2002, B.LÓPEZ GARCÍA, Difícil reconciliación en el Sahara, 23/7/2003). Aunque estas voces nunca se han apagado, el notable traspiés dado por los gobiernos marroquí y español con ocasión del caso Haidar y el temor por sus consecuencias han hecho reverdecer estos apoyos incondicionales a las pretensiones marroquíes, por lo que parece oportuno aclarar algunas cuestiones que interesadamente se pretenden olvidar. Se trata de quitar algo del polvo con el que el paso del tiempo y los intereses espurios cubren la Historia, para dejar a la vista las verdaderas causas del conflicto.

Estas voces retoman los argumentos de siempre para tratar de justificar la necesidad de violar el Derecho internacional: los intereses económicos españoles, Ceuta y Melilla, la inmigración ilegal, el terrorismo integrista, y, en suma, el supuesto peligro que supondría para la estabilidad de Marruecos un Sahara independiente. Desde esta perspectiva, una autonomía para los saharauis dentro de la integridad territorial marroquí sería una solución ideal para el “interés nacional español”, que habría que defender “por puro y simple patriotismo”, entre otras razones, porque “fuimos los españoles los que construimos una identidad artificial”, ya que la población del Sahara Occidental, al igual que la de Gibraltar, “nunca fue un pueblo” (M.CARVAJAL, El Sáhara y la razón de Estado, EL PAÍS, 11/1/2010). Pues bien, si dejamos a un lado este sorprendente ejercicio de patriotismo, que desde la autorizada voz de un embajador antepone los intereses españoles a la legalidad internacional, debe recordarse (una vez más) que la Corte dejó claramente establecido que a Marruecos no le asiste ningún derecho sobre el Sahara Occidental y que la solución del conflicto pasa necesariamente por el ejercicio por el pueblo saharaui (cuya existencia, obviamente, ni siquiera se cuestionó la Corte) del derecho de autodeterminación. Ciertamente, la autonomía puede constituir una forma de ejercicio del derecho de autodeterminación (en realidad no es más que una “modalidad” de la integración), pero sólo en el caso de que sea la opción más votada en una consulta en la que se incluya también la opción de la independencia.

Si obviamos el hecho de que la referencia a Marruecos como un Estado en el que sería posible una descentralización autonómica a imagen de la española sea hoy por hoy una quimera, estos analistas pretenden que el pueblo saharaui renuncie a un derecho reconocido por los órganos principales de la ONU y se convierta en moneda de cambio para favorecer la estabilidad de una monarquía medieval, que viola los derechos humanos de sus propios ciudadanos, y que incumple igualmente sus propios compromisos internacionales. Porque, en efecto, el “Estado ocupante” (terminología que utilizó el Consejo de Seguridad en 1975, y que nuestro Gobierno confirmó implícitamente, cuando hace unos días Leire Pajín afirmó que España no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio) negoció libremente con el Frente POLISARIO el Plan de Arreglo (1988), en el que se establecían dos opciones para el referéndum (independencia e integración en Marruecos), y unos criterios muy concretos para la confección del censo. Pese a que durante más de tres lustros, con la ayuda impagable de Francia y el silencio cómplice de nuestro país, Marruecos consiguió ir modificando los criterios de identificación acordados, la MINURSO consiguió confeccionar con rigor un censo definitivo, que fue aceptado por el movimiento saharaui y rechazado por Marruecos, que, consciente de sus nulas posibilidades de éxito en el referéndum, se retiró del proceso de paz, acusando a la ONU nada menos que de haber sido parcial. Para desbloquear el proceso de paz el Frente POLISARIO llegó a aceptar incluso el Plan Baker II, que preveía, tras una autonomía de cinco años, un referéndum de autodeterminación en el que podrían participar los saharauis identificados por la ONU... y los colonos marroquíes, que ya entonces triplicaban a los saharauis. Pero nuevamente Marruecos rechazó esta posibilidad, quedando en evidencia que para este Estado el proceso de paz nunca fue un fin, sino un medio para posponer indefinidamente la celebración del referéndum. La razón de esta negativa fue explicada por el destituido enviado especial del Secretario General, Peter Van Waldsum, ante el Parlamento francés: Marruecos no se fía del sentido del voto de sus propios ciudadanos. Esta es la única razón por la que el Plan de paz se encuentra en un callejón sin salida. No es cierto que haya problema técnico alguno para que se celebre la consulta. La única razón de que esto no ocurra es el boicot marroquí y el veto francés en el Consejo de Seguridad a la imposición de un plan de paz, insisto, aceptado libremente por las dos partes.

Coinciden estas voces en que la vía autonómica pondría fin al sufrimiento de los refugiados (B.LÓPEZ GARCÍA, Moral en la Hamada, EL PAÍS, 16/6/2008, J.GOYTISOLO, ¿Condenados a no entenderse?, 9/12/2009), pero olvidan que esta situación fue y sigue siendo la primera consecuencia de la invasión de su país; que aunque dejaran a un lado las razones jurídicas, quienes se vieron obligados a huir de su tierra perdiéndolo todo y dejando en el conflicto bélico un reguero de familiares y amigos muertos no volverán a su casa mientras perdure la ocupación extranjera, de la que la teórica autonomía no sería más que una nueva expresión. Además, la vuelta de los refugiados a su tierra en estas condiciones, lejos de zanjar el conflicto, supondría le recrudecimiento de la lucha, pues la resistencia desde dentro del territorio sería ya imposible de detener. La historia de la descolonización es muy elocuente en este sentido. Por ello, es hora ya de que nuestro Gobierno, defensor de la legalidad internacional en otros conflictos geográficamente lejanos, asuma de una vez por todas su responsabilidad, para lo que, además, no necesita asumir la defensa del pueblo saharaui. Basta con que defienda con firmeza en todos foros la aplicación de la legalidad internacional.

Juan Soroeta Profesor de Derecho Internacional Público Universidad del País Vasco

Autor del libro “El conflicto del Sahara Occidental, reflejo de las carencias y contradicciones del ordenamiento internacional”



 
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