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diumenge 28 de març de 2010
Los impuestos como inversión social

Una opinión extendida entre economistas, responsables políticos y buena parte de la ciudadanía, es que salir de la crisis económica actual exige volver a crecer con objeto de crear los puestos de trabajo que ahora se han destruido. Para ello habría que dar las máximas facilidades a los creadores de empleo, suprimiendo controles y barreras (como, por ejemplo, hizo el gobierno de Aznar al declarar urbanizable prácticamente todo el suelo), superar la rigidez laboral y, muy particularmente, reducir los impuestos, para que las empresas sean más competitivas, incrementar el consumo, etc.

Sin embargo, para muchos autores e investigadores en el campo de la sostenibilidad y la economía ecológica ese enfoque de la crisis y de su tratamiento es incorrecto porque ignora la estrecha vinculación, bien documentada, entre crecimiento económico y degradación socio-ambiental, que se traduce en un conjunto de problemas estrechamente vinculados y que se potencian mutuamente: una contaminación sin fronteras de la que el cambio climático es una de las consecuencias; el agotamiento y destrucción de recursos básicos como bosques, suelo cultivable, pesquerías o incluso agua dulce; una urbanización acelerada y destructiva; la degradación de todos los ecosistemas; la pérdida acelerada de diversidad biológica y cultural; la pobreza extrema de miles de millones de seres humanos...

Desde este punto de vista, volver a crecer ignorando las consecuencias ambientales y sociales, supondría agravar la situación y conduciría a nuevas y más profundas crisis. Se precisa, por el contrario, un cambio profundo del sistema productivo, convirtiendo, como han señalado Ban Ki Moon e instituciones como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros, esta crisis en oportunidad para sentar las bases de un desarrollo sostenible. Un desarrollo -es decir, un cambio cualitativo profundo- que rompa con el crecimiento insostenible en el uso de recursos y en la emisión de residuos. Como señala Jeffrey Sachs, los desafíos del desarrollo sostenible (preservar el medio ambiente, estabilizar la población mundial, reducir la brecha entre ricos y pobres y poner fin a la pobreza extrema) ocuparán -han de ocupar- el centro de la escena. Pero ello exige echar por tierra muchas de las convicciones acerca de la vida económica: la idea de que los Estados compitan, como hasta ahora, por los mercados, la energía y los recursos ha de dejar paso a la cooperación global.

Y este principio básico de sustituir la competición por la cooperación, para superar la actual situación de emergencia planetaria, ha de orientar no sólo la relación entre Estados, sino todas las interacciones sociales, ya sean locales o planetarias. La salida a la actual crisis económica no puede buscarse en medidas de desprotección social y disminución de impuestos “que nos hagan más competitivos para crecer más y crear más empleo”, sino en una cooperación social por la vía, entre otros, del reparto del trabajo y de impuestos específicamente orientados a sentar las bases de una economía verde y solidaria. Quienes pierden sus empleos en actividades como las generadas por una burbuja inmobiliaria (que ha constituido una auténtica estafa en pirámide) o en cualquier otra actividad, y quienes ni siquiera han logrado empezar a trabajar, han de ver favorecida su formación para realizar las tareas que demanda y que hace posible una economía verde, reconociéndola mediante un salario. Y esto es perfectamente posible si, por encima de un cierto nivel de ingresos y con carácter progresivo, todos colaboramos, vía impuestos, no sólo para que nadie se vea desprotegido, sino para impulsar los cambios necesarios en el sistema productivo. Se trata, pues, de contribuir a una inversión que nos beneficiará a todas y todos. Ello exige, por supuesto, la máxima garantía en el uso de esta inversión, es decir, exige el debido control social.

Se suele afirmar que este aumento de los impuestos se traducirá en disminución del consumo y, por tanto, en una mayor pérdida de lugares de trabajo. Pero en realidad los ingresos que algunos vean disminuidos han de estar específicamente dirigidos a aumentar los de otros y globalmente no habrá pérdida de ingresos para el consumo (aunque posible y afortunadamente sí se vean afectados ciertos consumos innecesarios). Por el contrario, saber que nuestra situación laboral no corre riesgo, ni de desprotección económica ni de exclusión social, evitará la retracción que genera el temor, así como la frustración de quienes se ven marginados.

También se suele advertir del peligro de destrucción o deslocalización de empresas que puede acompañar a los aumentos de impuestos sobre los beneficios empresariales. Dos reflexiones son necesarias a este respecto: en primer lugar, los impuestos se deberían aplicar a los beneficios netos y no a las cantidades reinvertidas en la empresa, por lo que no ponen en dificultad su continuidad. En segundo lugar, la posibilidad de deslocalización en busca de países donde la protección laboral y/o ambiental es menor nos remite a las necesarias medidas de cooperación internacional. Medidas que han de impedir las acciones especulativas orientadas a lograr beneficios a costa de la destrucción ambiental o la explotación laboral, pero que han de contemplar también ayudas a los países que las precisan, con contribuciones fijadas por acuerdos internacionales vinculantes. Nuestros impuestos han de tener también esta finalidad.

No se pretende presentar los impuestos como “la” solución. La construcción de un futuro sostenible exige un conjunto de medidas vinculadas, tanto tecnocientíficas, como educativas y políticas, que contribuyan a un profundo cambio del sistema productivo... y distributivo. Pero no es posible solución alguna si no se asume que los problemas nos afectan a todos y que todos debemos responsabilizarnos en su solución. Los impuestos socialmente orientados y controlados forman parte de esta responsabilización colectiva y de la cooperación global que beneficia a la inmensa mayoría. Podríamos por ello hablar, más que de “pagar impuestos”, de realizar una “inversión social” dirigida a hacer posible derechos que individualmente nunca estarían al alcance de la mayor parte de ciudadanas y ciudadanos, como el derecho a la educación, a la sanidad o a un trabajo digno.

Dejemos de ver los impuestos como una penalización que sufrimos por parte del poder y potenciemos la inversión social, debidamente orientada y controlada por la ciudadanía, para salir realmente de la crisis y hacer posible un futuro sostenible.



 
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