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dissabte 1 de maig de 2010
El Tratado de Lisboa reafirma el importante déficit democrático de la Unión Europea.
per  mrg-valencia

La Unión Europea es una institución en la que no existe una verdadera separación de poderes, ya que el Consejo Europeo tiene poderes ejecutivos y legislativos al mismo tiempo. La otra institución que detenta el poder ejecutivo, la Comisión Europea, no está sujeta al sufragio de la ciudadanía europea. Lo más antidemocrático de la arquitectura institucional de la UE es la marginación del Parlamento Europeo, supeditado a los órganos de poder originados en los gobiernos de los Estados.

Además, una parte importante de la política económica, el control de los tipos de interés, está manejada por el Banco Central Europeo, una institución sin ningún control político. El BCE tiene como único mandato el control de la inflación, sin considerar ninguna implicación social ni ambiental de su práctica, y es totalmente impermeable a cualquier presión política y ciudadana.

También hay que señalar que el Parlamento Europeo, la única institución elegida mediante sufragio directo en la Unión Europea, tiene un papel subalterno frente al Consejo a nivel legislativo, aunque su peso se incrementa en el Tratado de Lisboa.

El 18 de octubre de 2007, el Consejo Europeo reunido en Lisboa, aprobó el nuevo Tratado de la Unión - un mini tratado de lo que en su día fue el Proyecto de Constitución Europea y a la vez una reforma del Tratado de la UE en vigor fijado en Niza 2000-. En ese mismo tiempo, se anunció por parte del presidente de la Comisión Europea (Durao Barroso) y el Presidente del Consejo en esos momentos (Sócrates, primer ministro de Portugal), la firma de un principio de acuerdo sobre la flexiseguridad en el ámbito de la UE, entre la Confederación Europea Sindical (CES) y la patronal europea. Ambos Acuerdos, Tratado de la UE (se denominará el Tratado de Lisboa) y Flexiseguridad, tratan de dar salidas (políticas) a la realidad material de la UE en los contextos de globalización y competitividad en este orden social mundial. Como señala Carlos Taibo, “el problema principal es la realidad material de la UE de estas horas, de la mano de una rotunda primacía de lo económico-mercantil, de un visible retroceso en el terreno de lo social, de la condición dudosamente democrática de tantas prácticas e instituciones o de la general inmundicia de la política exterior”.

El nuevo Tratado de la Unión es una Reforma del actualmente en vigor y aún es más antidemocrático en su gestación que el Proyecto de Constitución Europea, el cual, al menos tuvo la posibilidad de ser discutido y validado por los ciudadanos de algunos países, por medio de referéndum.

Este, después del no irlandés, no podía sino o bien tirarse a la basura o repetir el referéndum irlandés. Se opta por lo segundo y ahora, ya tienen el aval “democrático” del pueblo irlandés, la crisis, el miedo, la retórica mentirosa, ha incidido de manera decisiva en la percepción de ese modelo europeo, antes rechazado. La UE, sus jefes de estado, su Comisión, han entendido que contar -aunque sea de forma muy limitada y controlada- con los ciudadanos tiene el riesgo de que éstos entiendan que el orden social que se constituye, nada tiene que ver con una relaciones sociales basadas en el respeto de los derechos para todas las personas que habitan o trabajan en el espacio denominado UE.

El nuevo Tratado profundiza en la liberalización de todos los mercados de producción y de servicios y posibilita la aplicación práctica de la Directiva Bolkestein, siguiendo abierta “la puerta a la privatización total de la sanidad, la educación, el agua y las pensiones” (EeA, Ramón Fernández Durán 2007). La ley ómnibus en España es un claro ejemplo.

Este Tratado cierra las estrategias Empresariales, fijadas en Lisboa 2000 basadas en la competitividad en un mundo cada vez más global y reafirmadas dichas estrategias por los Sindicatos CES (Confederación Europea de Sindicatos), en el programa de trabajo conjunto 2006-2008. Estrategias que hacen desaparecer en la retórica y en la materialidad, los servicios públicos: sanidad, pensiones, ferrocarriles, educación, agua, vivienda, etc. e introduciendo el mercado de por medio tanto en su concepción, “servicios de interés general” como en su resolución (quien ahorre, tendrá una sanidad privada, una pensión complementaria, etc.).

El mercado como principio rector de la política, manifestada la misma en términos de relaciones económicas (la libre competencia y la libre circulación del dinero, como derechos intocables), en relaciones comerciales (protección de multinacionales en sus intercambios desiguales e injustos con otros países) y la apuesta decidida por las “dinámicas de creciente financiarización” (R.F. Durán 2007) de la sociedad en su conjunto.

Las políticas sociales, gasto público en prestaciones y coberturas sociales: pensiones, sanidad, dependencias, educación, vivienda, transportes públicos y modelos de movilidad, al igual que la fiscalidad, “siguen sometidas al veto, haciendo imposible una política comunitaria al respecto, al tiempo que se permiten los paraísos fiscales dentro de la propia Unión” (R.F. Durán 2007).

Si la libre competencia (competitividad) es el principio rector, los mercados de trabajo y las políticas de empleo, sólo pueden regirse por la regla de la desregulación laboral (flexibilización) y la precariedad integral de la fuerza de trabajo (vaciamiento de derechos laborales y sociales).

Por eso el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa, consensuada y firmada en el Programa de Trabajo Conjunto 2006-2008: Objetivos e Iniciativas: La Comisión adquiere el “poder absoluto” a través de las adecuadas políticas internas, directivas fundamentalmente, para garantizar “a las empresas europeas competitivas, acceso a los mercados mundiales y operar en ellos con seguridad” (Meter Mandelson-Comisario de Comercio).

Al igual que las necesidades sobre la mano de obra extra- comunitaria, de la Europa que “envejece”, son tratadas desde la lógica del mercado y la doble moral, por una parte políticas desregulación de una mano de obra necesaria y suficiente para garantizar el tipo de trabajo precario de que requiere la competitividad y por otra, políticas de negación de derechos de ciudadanía que desde la represión y control, hagan permanentes las relaciones desiguales, injustas y neo-coloniales de las relaciones Norte Sur y sobre todo, el área de influencia euro-mediterránea.

El empeoramiento con respecto a lo que hubiera sido un Tratado en toda regla, revestido de “Constitución Europea”, se encuentra en algo que en su momento fue “vendido” a la ciudadanía como el mantenimiento de un modelo diferenciador de Europa con respecto a EEUU, es decir su Estado de Bienestar o social de mercado, condensado en la Carta de Derechos Fundamentales, aparece con serias dudas jurídicas, más allá de no recoger de forma vinculante los derechos sociales. Tanto Gran Bretaña como Polonia han exigido que esta Carta quede fuera del Tratado y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) apuesta porque en su día “se convierta en jurídicamente vinculante”, luego queda claro que tal como queda constituido el nuevo Tratado de Reforma de la UE, que ahora no lo es.

La puesta en marcha de este Tratado, que no es sino un apalancamiento del modelo desarrollista, productivista e insostenible del capitalismo, en ciclos de recesión “gorda” del modelo y en crisis profunda y sistémica del mismo, comporta el peor de los escenarios para los 500 millones de personas de la UE-27. Los estados miembros de la UE (27) no tienen ninguna obligación de someter a referéndum este Tratado, y con la excepción de Irlanda en segunda instancia, y la ratificación por los Parlamentos Nacionales de cada estado que han ratificado el mismo (desde el juego democrático de esta democracia representativa, es el pueblo, los ciudadanos quien le ratifica, pues los parlamentarios son los depositarios de la soberanía popular), el Tratado de Lisboa, entrará en vigor en cuanto Checoslovaquia lo firme.

¿CUÁLES SON LAS BASES PRÁCTICAS EN LAS CUALES SE ASIENTA ESTA CONSTRUCCIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA DENOMINADA UNIÓN EUROPEA?

Acercarnos a esta realidad desde nuestras distintas posiciones sociales, como trabajadores, como ciudadanos, como inmigrantes o como cualquier otro papel o categoría en las cuales nos encuadran o nos catalogan, requiere solamente de una cierta reflexión, a la vez que de un relativo esfuerzo de distancia con la realidad cotidiana.

Si esa Europa -hoy redefinida como Unión Europea (UE)-, queda identificada en su vida práctica, como un gran mercado, no resulta complicado identificar que será la economía [“la más competitiva y dinámica del mundo” Tratado de la Unión - Estrategia de Lisboa 2000], quien tiene poderes plenipotenciarios para generar y crear las condiciones que hagan posible ser el espacio más competitivo del mundo mundial.

Desde una concepción sencilla, inteligible, la economía es el gobierno de la casa, es decir, proveer de recursos, de bienes, de mercancías, de inmateriales, para cubrir las necesidades de los miembros de esa casa.

Esta casa grande, muy grande de UE, es habitada por más de 500 millones de personas, las cuales, según el orden político y jurídico formal constituido en la misma, han otorgado su “confianza” -voto-, a quienes deben gobernar (hacer política) para cubrir sus necesidades, todas sus necesidades: de alimentación, de transporte, de comunicación, de vivienda, de salud, de educación, de cultura, de libertad, de relaciones, etc., etc., y las mismas sean satisfactorias y las personas no tengamos carencias ni escasez.

Y como el objetivo prioritario es satisfacer necesidades, y la economía es el único medio para conseguirlo, resulta que esta gran casa de 500 millones es gobernada por personas que nadie ha elegido (Comisión Europea) y ejecutada dicha gobernación por el “comité ejecutivo”, es decir, el Banco Central Europeo (BCE), los cuales elaboran directivas de obligado cumplimiento para todos los estados miembros.

Sobre todo, aquellas materias relativas a asuntos de economía o directa o indirectamente que la influyen, determinan o condicionan: mercados de trabajo, políticas de inmigración, desplazamiento de trabajadores, mercados interiores y exteriores, transportes, competencia, alimentación, medio ambiente, etc. Por lo tanto la primera norma que rige las relaciones sociales en esta “gran casa”, es quien tiene libertad de decisión. Y así, se ha considerado que son libertades fundamentales la libre circulación de capitales y de quien ostenta la propiedad de los mismos para que sin obstáculos (reglas delimitadoras) operen en cualquier estado de los 27.

Se otorga una necesaria seguridad jurídica para el ejercicio efectivo de esa libertad de establecimiento de capitales y prestación de servicios, la cual hace posible la consecución de esa “economía social de mercado altamente competitiva, sin falsedad ni trabas”.

En el desarrollo de este principio, no caven otras interpretaciones, ni otras formas de actuar y, por supuesto, no tienen sentido otras libertades, siempre que éstas puedan establecer límites a la libertad absoluta del capital. Es el Mercado, con mayúsculas, constituido como organizador social, o dicho de otra forma quien es el “único” responsable de proveer a los 500 millones de personas de esa “gran casa” de bienes y servicios, desplazando el papel que los Estados desarrollaban, como prestadores de bienes y servicios denominados públicos, es decir de todos, para cubrir necesidades sociales de manera universal y suficiente (educación, salud, infraestructuras, vivienda, trabajo, pensiones, etc.).

Esta estrategia de política económica con seguridad jurídica, garantiza la confianza de los grandes inversores, corporaciones financieras y multinacionales, donde sólo el “Mercado” sin interferencias, permite el aprovechamiento máximo de los conocimientos de una colectividad de individuos “libres para elegir”, que utilizando el principio del cálculo económico, es decir, “el mayor beneficio, al menor coste”, compararan servicios y bienes que el mercado les ofrece: educación, sanidad, pensiones, infraestructuras, transportes, comunicación, energía, cultura...y decidirán “libremente” que les conviene más para la satisfacción de sus necesidades.

La condición es para todos: que no se puede interferir con reglas externas al mercado, por ejemplo códigos protectores del trabajo digno y de sus condiciones de obligado cumplimiento en esa “gran casa “; códigos que limiten la contaminación medioambiental; códigos de obligado cumplimiento para dotar a todos los ciudadanos de rentas suficientes que les permitan vivir y vivir bien con respeto al medio en el cual desarrollan su sociabilidad; etc.

Esta condición implica la rebaja de los costes generalizados del factor trabajo, la desregulación y la liberalización de todos los mercados: energía, agua, alimentación, transporte, comunicaciones, cultura... para no falsear la competencia. Consecuencias, debilitamientos serios de los Estados de Bienestar, desaparición de hecho y de derecho, de los servicios públicos universales y suficientes (derechos sociales). Lo económico y lo político, economía y democracia formal, aparecen bajo un mismo rostro: el capitalismo y sus valores, como el único principio de realidad para todas las personas que habitan, trabajan o se desplazan en la UE.

El término se inserta en las denominadas políticas de competitividad, fijadas en la estrategia de Lisboa (2000), adaptadas y modificadas en el “Programa de Trabajo Conjunto 2006-2008: Objetivos e Iniciativas”, firmado por la CES y las patronales europeas. Según un comunicado de prensa de la OIT de 28 de mayo 2009, hay unas perspectivas tanto para los países desarrollados, como para las regiones, incluida la UE y el resto de Europa que dan escalofríos. Así se prevé que en las economías desarrolladas y en la UE, el empleo total se contraiga en el 2009 y en el 2010, entre un 1,3 y un 2,7%. Representando la región entre el 35 y 40 por ciento del aumento del desempleo a nivel global, siendo muy significativo que la región constituye menos del 16% del total de la fuerza laboral mundial.

En la Europa Central y Sudoriental (no UE) + los países CEI, el número de desempleados podría aumentar en hasta un 35% en el 2009.

El ejemplo demasiado cotidiano es: cualquier servicio prestado por una empresa (construcción, hostelería, servicios de transporte marítimo, etc.) se rige por normas de producción no armonizadas, es decir, diferentes fiscalidades en el pago de impuestos; distintos controles de calidad y obligaciones en la fabricación de productos o en la prestación de servicios; distintas tolerancias en la defensa del medio ambiente, etc., luego, si la prestación de ese servicio o bien se hace en aquellos estados con normas menos protectoras (laborales, sociales y fiscales), se está actuando consecuentemente con la condición impuesta: libertad de circulación, prestación y establecimiento de los capitales, para conseguir la mejor economía.

LA BÚSQUEDA DEL LUCRO EN EL CORAZÓN DE LA UE

La UE es, por encima de cualquier retórica, un proyecto económico que surge para crear un mercado a escala europea que permita ganar competitividad económica a su capital. Las políticas necesarias para este proyecto sólo pueden llevarse a cabo a través de una autoridad unificada, dotada de poderes administrativos, legislativos y judiciales, así como policiales y militares.

La búsqueda de un lucro creciente en el seno de la UE se ha traducido en un aumento progresivo del número de sectores bajo el paraguas del mercado. Así, los recursos naturales y los servicios públicos van siendo progresivamente mercantilizados, todo ello al amparo de una legislación que prima los intereses económicos sobre cualquier consideración ambiental o social.

La cronología de la UE es la historia de cómo se van creando las condiciones que sustenten un mercado único con proyección internacional de su capital.

HISTORIA DE UN GRAN MERCADO

1951: Se unifica la industria básica en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 1957: Eliminación de trabas aduaneras, constituyéndose la Comunidad Económica Europea. También se crea EURATOM para coordinar la industria nuclear. 1962: Creación de la Política Agraria Comunitaria. 1968: Puesta en marcha la unión aduanera. 1985: Conformación del Mercado Único, creándose la Comunidad Europea. 1993: Entra en vigor el Tratado de Maastricht, por el que se conforma la Unión Europea. Bajo este Tratado nace el euro. 2000: Aprobación de la Agenda de Lisboa para convertir a la UE en el espacio más competitivo del mundo en 2010. 2002: Empieza a circular de forma física el euro. 2004: Ampliación de la UE a 10 nuevos miembros del Este de Europa. 2006: Estrategia “Europa global: compitiendo en el mundo”. 2009: Entra en vigor el Tratado de Lisboa.

Esta historia ha sido dirigida, en gran parte, por los grupos de presión económicos. Prueba de ello es la presencia de 15.000 lobbistas en Bruselas. Pero una prueba mucho más clara es el análisis de Tratados como el Acta Única, que dio lugar al Mercado Único, o el Tratado de Maastricht. Ambos textos siguen casi literalmente lo expresado en documentos públicos previos por la ERT (una de las patronales de la UE).

El año pasado se aprobó definitivamente el Tratado de Lisboa, hijo de la malograda Constitución Europea. El Tratado de Lisboa persigue:

- Blindar una UE neoliberal: Marca el crecimiento económico y la competitividad como los grandes objetivos de la UE, y no así los derechos de las personas. El crecimiento es un objetivo explícito, y la competitividad implícito, ya que, aunque se quitó de la redacción de los objetivos de la UE que figuraba en la Constitución, sigue estando de manera recurrente a lo largo de todo el Tratado de Lisboa (1- Por ejemplo, el artículo 105 reza: “el principio de una economía de mercado abierta donde la competencia es libre”. Además este principio sigue siendo el núcleo de la mayoría de los actos legislativos europeos, en particular los de liberalización de los servicios públicos.). En esa misma línea, el libre mercado está por encima de cualquier tipo de regulación, aún después de la crisis económica que seguimos viviendo.

También la ampliación de competencias contemplada en el Tratado de Lisboa permite profundizar aún más el modelo neoliberal, reduciendo posibles trabas de los estados al mercado en temas tan cruciales como la energía o el transporte.

- Una toma de decisiones más ágil: Los países más ricos (Alemania, Francia y Reino Unido) tendrán más peso en las decisiones mediante el nuevo sistema de votación. Se reducen las áreas donde existen posibilidades de veto. Se profundiza la UE a “varias velocidades”, donde los menos ricos tendrán cada vez menos capacidad de decisión.

- Poder militar para respaldar el euro como moneda mundial: Se aumentan los gastos militares. Se crea una Agencia de Armamento. Se potencian los euroejércitos y la pertenencia a la OTAN.

Como se puede apreciar los tres aspectos sitúan la maximización del beneficio capitalista en el centro de la conformación de la UE y no el bienestar de las personas o el respeto del entorno. Consecuencias inmediatas de esta vocación hacia el crecimiento y la competitividad son el incremento de la precariedad, la profundización en la privatización de los servicios públicos o la reducción del gasto público en sanidad, educación, cultura..., lo que perjudica sobre todo la realización de tareas de cuidados de la vida y a quienes las realizan (principalmente mujeres), amén de poner en riesgo nuestra capacidad de supervivencia en el planeta.

Analicemos ahora alguno de los elementos y herramientas de la política económica.

MONEDA ÚNICA

Sin duda el euro es uno de los elementos claves de la política económica de la UE. Las razones para crear una moneda única son múltiples:

- En primer lugar, es un requisito crucial para la conformación del Mercado Único de mercancías, servicios, capitales y personas (de los países miembros únicamente, claro) aprobado en 1985. Sin una moneda común es mucho más difícil que este mercado, uno de los pilares indiscutibles de la UE, pueda funcionar.

- Pero el euro tiene una dimensión fundamental también en el plano financiero. La moneda nace con la voluntad de ser fuerte y competir con el dólar en los mercados especulativos. Por ejemplo, esto es lo que ha permitido a la UE captar ahorro internacional, algo especialmente importante en nuestro Estado, el segundo captador de activos financieros del mundo después de EEUU.

- Un euro fuerte también es clave para que las transnacionales europeas puedan emitir pasivos no exigibles (por ejemplo acciones vía ampliaciones de capital) para realizar una agresiva política de compras a nivel internacional. Nuevamente es paradigmático el caso de las empresas españolas capitaneadas por las telefónicas, iberdrolas, repsoles, endesas, santanderes o bbvas.

- Otra razón se encuentra en el blindaje que supone frente a ataques especulativos, tan habituales sobre las monedas europeas antes de la creación del euro.

- Una última la podemos encontrar en los ingresos que supone para la UE vía derechos de señoreaje (2.- La diferencia entre el valor de la moneda (los 100 euros por ejemplo que vale un billete con ese guarismo) y lo que cuesta fabricarla.)

El organismo responsable de la emisión de moneda es el Banco Central Europeo (BCE), una instancia sin ningún control público que tiene como único objetivo controlar la inflación por encima de cualquier criterio social o ambiental. Es decir, que el euro se creó fundamentalmente para servir al capital, no para que podamos viajar con más facilidad por la UE, como cándidamente se nos dijo.

DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO

Los Criterios de Convergencia hacia la moneda única, y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el que luego se convierten, marcan una impronta neoliberal clara a la UE. El primero de los criterios es el control de la inflación, el segundo el control del déficit presupuestario y la deuda pública, y el tercero tiene que ver con la estabilidad de las monedas antes de su integración en el euro.

No sólo está totalmente ausente en este eje director cualquier criterio social o ambiental (¿por qué no plantear el índice de distribución de la riqueza o la huella ecológica como indicadores?), sino que los criterios son incluso criticados por economistas capitalistas de corte keynesiano.

Por ejemplo, un control estricto del presupuesto encorseta necesariamente los gastos sociales. O, con el establecimiento del tipo de cambio fijo controlado por el BCE, ya no es posible apelar a la devaluación de la moneda como mecanismo para ganar competitividad en los mercados. A partir de este momento, el incremento de la explotación y la precariedad laboral, según la lógica dominante, se convierten en los principales elementos que deben dotar a la economía de mayor competitividad, como estamos viendo recurrentemente.

En el marco de crisis económica en el que estamos, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se ha flexibilizado quedando aparcado hasta el 2012, pero sólo para permitir a los estados tomar medidas “anticíclicas” (curioso eufemismo para denominar el bombeo de riqueza hacia las clases más pudientes, una especie de socialismo para ricos). Se ha producido lo que Díaz Ferrán (presidente de la CEOE) denomina “paréntesis en el mercado”. De esta forma se ha hecho la vista gorda al incremento del déficit de muchos países, fomentando ayudas de hasta 500.000 euros por empresa (principalmente de sectores como el automovilístico y la construcción) y una cantidad mucho mayor a la banca. Unas ayudas que ni siquiera están consiguiendo crear empleos en un marco macroeconómico en el que cada vez está más establecido el “crecimiento sin empleo”.

Sin embargo esto no se piensa mantener hasta salir de la recesión, ni hasta el 2012, porque ya están volviendo las voces de la ortodoxia neoliberal a plantear el necesario “equilibrio presupuestario”, especialmente a estados como Grecia, pero también en Irlanda, Italia o España. Un equilibrio que parece que va a recaer en las clases populares vía incremento de impuestos indirectos (IVA) y reducción de prestaciones sociales. Todo apunta a que se va a imponer una nueva vuelta de tuerca neoliberal con la excusa de contener el gasto público.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA

La política comercial de la Unión se fija como objetivo “fomentar la integración de todos los países en la economía mundial, incluyendo la supresión progresiva de los obstáculos al comercio internacional” (artículo 10A del Tratado de Maastricht integrado en el de Lisboa). El libre comercio generalizado sigue siendo el horizonte infranqueable de las políticas europeas (3. Además, en el artículo 188 B del Tratado de Lisboa se indica que la Unión “contribuye (...) a la supresión progresiva de las restricciones a los intercambios internacionales y a las inversiones extranjeras directas, así como a la reducción de las barreras aduaneras y otras”.)

La globalización comercial es imprescindible para que la UE pueda mantener el crecimiento, indispensable para que el sistema no colapse, ya que le permite poner los medios para la consecución de los recursos naturales que necesita en el extranjero y la proyección de sus transnacionales por el globo.

Para ello la estrategia “Europa Global: compitiendo en el mundo”, lanzada en 2006, está cumpliendo un papel fundamental. En ella se plantea la forma con la que Bruselas buscará acuerdos bilaterales de libre comercio con importantes “economías emergentes” para garantizar nuevos y provechosos mercados para las empresas europeas.

La Unión también pretende reforzar los derechos sobre la propiedad intelectual y reducir las barreras no arancelarias (como las ambientales o laborales) de sus socios comerciales. La Comisión está presionando para que esos acuerdos comerciales supongan la liberalización general de las inversiones, el comercio de servicios y la contratación pública (compras del Estado).

El informe expone una agresiva estrategia de “competitividad externa”. En palabras del entonces Comisario de Comercio, Peter Mandelson: “Queremos garantizar que las empresas europeas competitivas, respaldadas por las políticas internas adecuadas, ganen acceso a los mercados mundiales y operen en ellos con seguridad. Ésta es nuestra agenda”.

En abril de 2008, la Comisión Europea adoptó otra comunicación con el título: “Una Europa global: una Cooperación Reforzada para facilitar a los Exportadores Europeos el Acceso a los Mercados”. Esta estrategia busca desmantelar las barreras comerciales en otros países y crear “nuevas oportunidades de exportación”. Estas estrategias están teniendo éxito. A los Tratados de Libre Comercio (TLC) ya firmados con México o Chile es probable que se sumen en breve los que están en discusión con Perú, Colombia, Centroamérica o los denominados países ACP (países empobrecidos de África, Centroamérica y Pacífico). Más en concreto, durante la presidencia española de la UE del primer semestre de 2010 se pretende firmar el TLC con Centroamérica, Perú y Colombia. A estos acuerdos bilaterales se tienen que sumar los multilaterales en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de los que la UE es uno de los principales impulsores. La Comisión Europea presiona para cerrar la Ronda de Negociación de Doha que incluye aspectos como la liberalización de los servicios.

Esta agresiva política comunitaria de internacionalización de su economía tiene importantes repercusiones, por ejemplo en lo que atañe a la masiva importación de materias primas de países del Sur. La UE es corresponsable de un sistema económico mundial que mantiene los precios de las materias primas comparativamente baratos, una especialización forzada en la producción de materias primas por los países más empobrecidos, y el yugo de la deuda externa y la necesidad de divisas internacionales en estas mismas regiones. Cuando esto se mezcla con un sistema comercial cada vez más liberalizado (como consecuencia de los TLC y de los acuerdos en la OMC), el resultado es una explotación masiva de los recursos naturales del Sur para su exportación al Norte.

Pero, en nombre de la competitividad, estas estrategias promueven no solamente acuerdos comerciales con todas las regiones del mundo, sino también una mayor desregulación social, laboral y medioambiental en la propia UE. Un buen ejemplo de ello es la iniciativa de flexiseguridad, que busca flexibilizar el mercado de trabajo. Otro sería la Directiva de Servicios (Bolkenstein), que avanza en la liberalización de este suculento pastel.

AGENDA DE LISBOA Y ESTRATEGIA UE 2020

La Estrategia UE 2020 es la continuación de la Agenda de Lisboa, que perseguía convertir a la UE en la economía más competitiva del mundo en 2010. Esta estrategia tendrá que ser aprobada durante la presidencia española del primer semestre de 2010, aunque todavía no hay un borrador público del mismo, más allá del documento de trabajo.

En el mismo, con un discurso que habla de economía verde, se plantean toda una serie de medidas encaminadas a mantener el crecimiento por encima de cualquier cosa, como si viviésemos en un planeta de recursos y sumideros infinitos. Estas medidas se enmarcan en un “margen de maniobra presupuestario limitado” en el que será “necesario restaurar unas finanzas públicas sostenibles y la estabilidad macroeconómica”. Lo que, como ya se ha apuntado, se está consiguiendo con un incremento de la redistribución de riqueza de abajo arriba.

La principal herramienta es “crear valor basando el crecimiento en el conocimiento”. Por supuesto esto implica una férrea defensa de los derechos de propiedad intelectual, las patentes. Pero, por encima de todo, es una suicida salida hacia adelante intentando resolver los graves problemas de esta crisis ambiental, social y económica sólo mediante la tecnología y no realizando los imprescindibles cambios de fondo. “La preservación de la energía, de los recursos naturales y de las materias primas, su utilización de forma más eficiente y el incremento de la productividad serán los factores clave de la competitividad de nuestra industria y de nuestras economías en el futuro” en un marco de “precios de la energía relativamente altos y competencia para obtener recursos considerablemente más reñida”. Es decir, que algunas medidas “verdes” no se tomarán por vocación de sostenibilidad sino por necesidad en el nuevo marco macroeconómico mundial, para intentar, aunque sea imposible, mantener el crecimiento en un planeta limitado.

En el ámbito laboral se plantea una “transición fluida de los ciudadanos entre diferentes empleos” usando la educación para “aumentar la empleabilidad” mediante la estrategia de la flexiseguridad. Es difícil expresar más claro una mayor flexibilización del mercado laboral.

Para lograr mantener el crecimiento económico y fomentar una mayor competitividad dentro y fuera de las fronteras europeas se requiere continuar apostando por mayores interconexiones de infraestructuras de transporte y energía, lo que casa difícilmente con la sostenibilidad.

La apuesta por la internacionalización y contra el proteccionismo de la economía también aflora como un elemento clave, tanto en el marco de la OMC como de tratados de libre comercio. Es decir, todo en línea con la Estrategia “Europa global” que hemos nombrado anteriormente.

Por último, el marco macroeconómico tendrá como faro el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, del que también hice mención anteriormente.

ECONOMÍA FINANCIERA

Como ya se apuntaba al hablar del euro la economía de la UE es mucho más que la economía productiva, ya que sus mercados financieros son los segundos del planeta, con bolsas de tanta relevancia como la City de Londres, una moneda que rivaliza con el dólar en los mercados especulativos, paraísos fiscales claves en la economía de casino como Luxemburgo, y un sistema legislativo que da manga ancha a la especulación más descarnada. Actualmente la economía financiera es la principal herramienta del capital europeo para dominar el mundo, siendo ejemplos la compra de empresas en el extranjero, la atracción del ahorro de las “economías emergentes”, o el mantenimiento de insostenibles niveles de consumo de su clase media a costa de la base material, energética y de cuidados que sostiene al sistema.

La inexistencia de una política fiscal comunitaria permite la existencia de paraísos fiscales en el seno de la UE (4 No sólo Luxemburgo, también podrían calificarse así Holanda o la City de Londres, por no hablar de Suiza, Mónaco o Andorra). Y la ausencia de dicha política se debe al interés del gran capital europeo de seguir manteniendo el status quo. La discusión sobre la regulación de los paraísos fiscales en marcha en el seno del G20 dista mucho de querer ponerlos coto real, como demuestra su progresiva salida de la lista negra de la OCDE sin haber realizado cambios reales. Recientemente se han creado tres órganos de “control” del capital financiero en la UE, entre ellos el Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos (5 Formado por los gobernadores de los bancos centrales y el BCE.), que se encargará de la supervisión del sistema financiero para prevenir y, en su caso, evitar nuevas crisis. Estos órganos se aprobaron durante la pasada presidencia sueca de la UE.

Nuevamente estas medidas están en consonancia con las acordadas en el G20 y no suponen un control real que impida a la economía financiera seguir campandoa sus anchas (6. Concretamente, se habla del incremento de los requisitos para las inversiones de alto riesgo, la promoción de políticas de retribución “sanas” para los banqueros y la exploración de instrumentos tipo “tasa Tobin”. Según el proyecto de ley, las autoridades pueden adoptar normas vinculantes para los mercados de la UE, pero sólo tras una aprobación formal de la Comisión Europea. Los centros financieros como la City temen que el órgano ejecutivo de la UE busque alterar algunas normas, pero todo esto requiere la aprobación de los 27 gobiernos de la UE y del Parlamento Europeo, y nada parece indicar que esto se vaya a producir si hay medidas reales contra la especulación. Y, por si quedase alguna duda, el artículo 63 del Tratado de Lisboa dice: “quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países”.)

En definitiva, la economía financiera sigue viva, ya que la UE depende, y mucho, de ella, como se apuntó anteriormente. Lo único que se está intentando es que las burbujas financieras no crezcan tanto para que su estallido no desestabilice todo el sistema. Todo ello aderezado con políticas mediáticas que hablan del control testimonial (o ni eso) de los grandes sueldos.

A MODO DE CONCLUSIÓN: En definitiva, podemos hablar con toda propiedad de la Europa del capital, porque marca la evolución de sus políticas económicas sus políticas económicas y, sobre todo, está en el corazón de la razón de ser del Proyecto Europeo. Todo ello a costa del medio ambiente y en detrimento de los países empobrecidos, los trabajos de cuidado de la vida y las personas

El papel de la UE en la crisis*

PERTENECER A LA UNIÓN EUROPEA NO HA EVITADO LA CRISIS

Es bien sabido que la crisis actual se inicia con un estallido financiero en Estados Unidos el segundo semestre del 2007, que se agravó a partir de 2008. Y que se propagó al mundo entero y en especial a la Unión Europea. Tanto porque los principales bancos europeos, que incurrieron en enormes pérdidas a consecuencia de sus inversiones en activos financieros de alto riesgo de los Estados Unidos, cortaron sus líneas de crédito, como porque la economía europea depende de las exportaciones y la caída de la demanda de los Estados Unidos supuso una caída de la demanda en la Unión; mientras que, al mismo tiempo, Gran Bretaña, Irlanda y España sufrían las repercusiones del estallido de sus burbujas inmobiliarias y que muchos países del Este de Europa y las Regiones Bálticas habían estado financiando sus déficits externos en el mercado internacional de capitales y se encontraron de repente con el acceso al mercado de capitales cortado, con lo que la crisis tuvo para ellos un impacto mucho más severo que en cualquier otra región.

Europa demostró ser muy vulnerable a la crisis.

La pertenencia a la UE no ha permitido evitar la crisis. Todos los países pertenecientes a la misma han experimentado sus duras consecuencias. La evolución de la actividad económica y el empleo muestra que todos los países de la Unión han sido afectados en estos dos elementos clave.

LA UE ES RESPONSABLE DE SU CRISIS

Pero no hay quedarse con la idea de que la crisis es un fenómeno estadounidense y que la UE es un espacio que ha sufrido fortuitamente la calamidad de la crisis. La recesión europea se ha generado básicamente en territorio europeo. La UE es en gran parte responsable de su propia crisis a consecuencia de las políticas económicas neoliberales impulsadas tanto desde la Comisión Europea como por la mayoría de los gobiernos de los estados miembro.

Entre estas políticas habría que destacar:

- La política neoliberal de la Unión Europea, especialmente de la Comisión, por la apertura de los mercados, la liberalización, la desregulación y la privatización, que han abierto camino a la llegada de las finanzas como un determinante cada vez más fuerte del desarrollo europeo. Así como la estrategia de Lisboa establecida en 2000 y renovada en 20057, con su absurdo objetivo de convertir Europa ‘en el mejor lugar del mundo para hacer negocios’, con su fundamentalismo monetario y de política fiscal e impulsando la transformación de los derechos sociales de ciudadanía en mercancías que han de comprarse en el mercado, son los componentes básicos de la estrategia de Lisboa, en sus dos versiones, de 2000 y 2005.

- La política financiera de la Comisión: desde 1999, y como componente fundamental de la estrategia de Lisboa, la Comisión ha seguido una política de integración financiera encaminada a copiar el sistema financiero de EE.UU., a conseguir una réplica del sistema financiero estadounidense, basado en el mercado, con mayor competencia, y que servía para promocionar las inversiones de las instituciones financieras europeas en valores de EE.UU. que parecían ofrecer altos rendimientos, pero que de hecho han registrado pérdidas muy importantes. Tampoco se tomaron en consideración los peligros que la liberalización podía entrañar para las familias y no se consultó a las pequeñas y medias empresas que utilizan los servicios financieros hasta que todo el programa de integración estuvo prácticamente acabado. El sistema británico, relativamente desregulado y estrechamente vinculado a los mercados de valores, se convirtió en el modelo para el crédito al por menor en toda la UE, y sus resultados han sido penosos. La importancia de la estabilidad económica y financiera son otros dos aspectos que la Comisión tuvo dificultades en percibir. Todo lo que importaba era la reducción de los costes de transacción.

- La política del Banco Central europeo (BCE). La obsesión del BCE por la estabilidad de precios le llevó a aumentar su tipo de interés central del 3.5% en 2006 hasta un muy peligroso 4.25% en julio del 2008. Sólo cuando el sistema financiero estaba al borde de la quiebra el BCE empezó a reducir sus tipos en octubre y noviembre de 2008 hasta finalmente bajar el tipo de referencia que en mayo del 2009 había sido recortado hasta el 1%. Esta reducción llegó demasiado tarde y no bastó, ya que el tipo de interés en la Eurozona siguió siendo substancialmente más elevado que en los EE.UU. Esta política se basa en la hipersensibilidad del BCE a un aumento de la inflación, a pesar de que la misma se ha mantenido muy cercana del nivel ‘sacrosanto’ del 2% desde mediados de la década de los 2000.

Asimismo hay que considerar la falta de interés del BCE por la estabilidad del sistema de mercados financieros, Aunque el mandato del BCE no le otorga responsabilidades importantes por lo que a la estabilidad financiera se refiere, esta institución debe poner gran atención a las cuestiones de estabilidad porque la política monetaria exige que interactúe con el sistema bancario y los mercados . Al igual que el resto de bancos centrales de todo el mundo, el BCE no detectó los enormes riesgos que se formaban a medida que los bancos y otras corporaciones financieras iban incrementando sus complejas operaciones financieras. La actuación del BCE ha empeorado todavía más las condiciones en las que la economía de la UE ha tenido que operar desde el 2007.

La perversa distribución de los ingresos. La crisis no es únicamente financiera sino que el otro gran elemento que la generó es la distribución perversa de los ingresos durante muchos años (es interesante que este factor, de importancia crucial en la génesis de la crisis se mencione muy pocas veces. Probablemente porque si se aceptase su influencia la política anti-crisis tendría que cambiar radicalmente y basarse en un aumento de los salarios). Desde la crisis de los setenta la distribución de la renta en casi todos los países de la Unión ha ido disminuyendo la parte correspondiente al trabajo, y las condiciones de tra bajo deteriorándose, estimuladas por las orientaciones de sus autoridades centrales (Bruselas). Es decir, la situación de los trabajadores ha resultado seriamente perjudicada y ellos no pueden absorber, comprándolas, las mercancías que se producen. Con lo que hay que concluir que la política salarial y laboral de los países de la Unión es también responsable de la crisis, cooperando a convertir la crisis financiera en una crisis económica.

Ya se ha mencionado otro factor adicional que ha afectado a algunos países concretos: el estallido de la burbuja de los precios inmobiliarios en Gran Bretaña, Irlanda y España. En estos tres países, el fuerte crecimiento económico que experimentaron antes del 2007 estaba estrechamente vinculado a la subida de los precios de las viviendas y al endeudamiento, lo que contribuía a financiar el crecimiento del consumo, que ha caído fuertemente con el estallido de la burbuja, dejando, además a las familias muy endeudadas.

Por tanto, sería un error atribuir las causas de la recesión europea exclusiva o incluso principalmente a las consecuencias de la crisis financiera generada en EE.UU. La crisis financiera, junto con la estrategia de Lisboa de la UE forman un híbrido que es particularmente explosivo y altamente peligroso para el desarrollo económico y la cohesión social.

LA DEBILIDAD DE LA RESPUESTA DE LA UE

Al estallar la crisis se manifiesta una gran alarma social y pronto se plantea la necesidad de una importante intervención pública frente a la crisis. Después de haber pasado más de treinta años en que todas las corrientes de opinión ‘responsable y respetable’, profesionales y políticas, consideraban que el sector público no debía intervenir en la actividad económica, con la crisis surge impetuosa la idea de la responsabilidad pública para resolver la misma. Todos los agentes económicos pasaron a exigir la actuación pública, sin reconocer en absoluto la incoherencia que esto suponía respecto a las posiciones y teorías neoliberales que hasta entonces mantenían. De forma totalmente contradictoria, los mismos círculos que habían condenado cualquier intervención estatal en el funcionamiento de los mercados calificándola de perjudicial, pasaron a depender de las ayudas públicas cuando la crisis se agudizó.

Es muy interesante, sin embargo, observar que excepto por la actuación del Banco Central Europeo, que desde fines de 2008 está proporcionando toda la liquidez deseada por el sistema financiero a muy bajos tipos de interés (9. Proporcionar liquidez supone únicamente proporcionar dinero (liquido) a través del crédito para que los bancos puedan utilizarlo. No hay que confundirlo con proporcionar renta o riqueza.-), la respuesta pública se planteará principalmente a través de los estados, no de la Unión Europea. La UE no ha manifestado en ningún momento tener una política propia, ni siquiera ser capaz de coordinar las políticas de los distintos estados, sino que ha dejado que fueran los estados respectivos los que se enfrentaran a la misma (10.- Como lo hace explícitamente en todas las instancias de la política social. Lo que es distinto en esta ocasión es que no es la política social, sino la económica la que se deja en manos de los estados). Cuando después de muchas reuniones se publicitó una ayuda ‘de la Unión Europea’ consistente en 200.000 millones de euros, resultó que 170.000 millones de éstos correspondían a la suma de las aportaciones de los estados miembros, y sólo 30.000 millones a la UE. La Unión Europea no ha querido disponer de los fondos necesarios para proporcionar una ayuda sustancial -el presupuesto de la UE es sólo del 1% del PIB de la Unión-, ni ha mostrado una voluntad política de plantearse la misma en términos sustanciales.

La UE no sólo ha reaccionado poco y mal ante la crisis sino que, cuando lo ha hecho, su principal preocupación ha sido la de asegurar que las ayudas estatales se aplicaran sin amenazar las reglas de la competencia de mercado. Así, tan pronto como lo peor de la crisis parece haber quedado atrás, la UE empezó a recalcar la importancia de que se hallara una estrategia para terminar las ayudas de emergencia que habían utilizado los estados miembro.

No se ha logrado regular los capitales financieros. Cuando la crisis estaba en caída libre existía un convencimiento general, incluso en los círculos oficiales, de que era necesario emprender reformas importantes en el sistema financiero, y la UE creó un grupo de alto nivel. Pero los estados miembros no están dispuestos a crear juntas supervisoras totalmente europeas, y, en general, desde que ha cedido la amenaza de una quiebra financiera, las instituciones financieras se han dedicado a maquinar con fuerza para que no se impusieran controles más rígidos.

La respuesta europea a la crisis se ha caracterizado por un paso atrás significativo en el proceso de integración. A pesar de que la UE reivindica que las iniciativas se han coordinado, la realidad es que lo ha hecho de forma muy limitada y las respuestas más importantes se han dado a nivel nacional. Los gobiernos han conservado celosamente sus prerrogativas nacionales por lo que se refiere a inyectar dinero de los contribuyentes en el sistema bancario, y el tamaño del actual presupuesto de la UE es tan pequeño -en torno al 1% del PIB- que de hecho lo mantiene en la marginalidad y sin poder. Por el contrario, hay que señalar que la crisis ha supuesto la caída de la mayoría de los precios, con lo que se ha logrado controlar la inflación. De hecho, para un próximo futuro, el riesgo de deflación parece mucho más serio que el de inflación.

LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS

A pesar de que el capitalismo financiero y el neoliberalismo en general han sufrido un golpe severo y se han desacreditado seriamente en la reciente crisis, ni han colapsado ni han sido derrotados como resultado de dichos acontecimientos. Aunque los estados ayudan generosamente a los capitales, lo esencial del neoliberalismo se mantiene: la redistribución de la renta y la riqueza desde abajo hacia arriba con los procesos de privatización a favor de los ricos y poderosos. Sin fuertes movimientos sociales y presión política estos procesos seguirán produciéndose, aunque adopten otras formas. Respecto a la actividad económica, en la actualidad se prevé solo una tasa de crecimiento del 0,7 % para el 2010, y la recuperación del crecimiento en cifras significativas dista mucho de estar asegurada. Pero todas estas cifras están cambiando rapidísimamente. Se prevé que unos países crezcan más y otros menos (como España) y es muy difícil predecir qué sucederá.

El nivel de paro era elevado incluso antes de la crisis (entre el 2000- 2006 el paro se mantuvo entre el 8-9%) y desde entonces ha subido. Según Eurostat, en agosto del 2009 en la UE27 había 21.8 millones de personas sin trabajo (9.1% de la población activa), y en la Eurozona (formadas por los 15 países más ricos) 15.2 millones de parados (9.6%). Si comparamos estas cifras con las de agosto del 2008, en un año, se ha producido un incremento de 5 millones de personas en la UE27 y de 3.2 millones en la zona euro.

Algunos grupos se han visto especialmente afectados por el paro. Entre ellos, los jóvenes (39.2% en España, 26.4% Irlanda y 26% en Suecia), los trabajadores de más edad y las mujeres. También se ha producido un incremento en la duración del desempleo. No es sorprendente que se identifique el desempleo como la mayor de las preocupaciones para un 57% de los europeos, seguido por el crecimiento económico (45%), la inseguridad (32%) y el futuro de las pensiones (31%) -muy por delante de otras preocupaciones ampliamente compartidas como el cambio climático, el terrorismo y la inflación.

La lucha contra el paro parece ser una de las principales preocupaciones en la mayoría de los países de la UE para el 2010.

Desde el inicio de la crisis, el tema del paro ha dominado de tal manera las discusiones sobre el mercado de trabajo que las demás cuestiones del mercado laboral han quedado eclipsadas y se puede observar un empeoramiento de las condiciones de vida. La crisis ha provocado que se deterioren muchos aspectos de las relaciones laborales. Dado que los trabajadores y trabajadoras están tan preocupados por la posibilidad de perder su empleo, están dispuestos a aceptar que muchos aspectos de sus condiciones laborales empeoren, y se ha hablado muy poco del impacto de la crisis en los salarios, así como en la estabilidad del empleo, las condiciones de trabajo y el número de horas de trabajo. Con la crisis se han puesto de manifiesto los intentos de los empresarios por bajar todavía más los salarios, y un mayor número de trabajadores se han visto afectados por dichas disminuciones. Incluso se ha producido en un cierto número de casos en los que las personas con empleo han aceptado ‘voluntariamente’ una disminución de su salario para conservar su empleo.

De hecho, muchos trabajadores y trabajadoras, sufren desde hace tres décadas la degradación de sus salarios, de la seguridad en el empleo y de las condiciones laborales. Asimismo, como resultado de la desregulación que se está produciendo en los mercados de trabajo y la introducción de condicionantes mucho más rígidos para tener acceso a las prestaciones por desempleo si no se aceptan “empleos” razonables, se ha producido un incremento del empleo en precario.

Además, muchas personas trabajadoras, en especial las que tienen contratos temporales y por obra tienen horarios completamente variables de una semana a otra, y el número de personas que están permanentemente en espera de ser llamadas para ir a trabajar va en aumento. También se ha producido un deterioro de las condiciones de trabajo, con aumento de la presión sobre las personas empleadas. Un dramático ejemplo de ello son los 25 trabajadores que se han suicidado en France-Telecom por no poder resistir las presiones en el trabajo. El número de personas trabajadoras pobres se ha incrementado, en especial entre los trabajad res temporales y las mujeres. No sólo las personas trabajadoras en esta situación tienen más dificultades en el día a día, sino que las consecuencias macroeconómicas son también importantes en la medida que agravan la caída de la demanda agregada, con lo que la recuperación es más difícil, incrementando la probabilidad de que crezca el desempleo. Como se observa en un reciente informe: ‘Es esencial que todas las personas que quieran accede a un puesto de trabajo puedan hacerlo, pero también es muy importante que el trabajo tenga la calidad necesaria para proporcionar una vida digna. La UE no sólo no ha realizado el mínimo paso para evitar esta evolución negativa, sino que, por el contrario, esta insistiendo en la necesidad de aumentar la ‘flexiseguridad’.

Aunque hay indicios de que la producción empieza a recuperarse, el incremento relativamente limitado del paro desde el inicio de la crisis se ha reflejado en una notable caída de la productividad. El resultado es que incluso si la recuperación se afianza en el 2010, probablemente muchas empresas intentarán recuperar sus posiciones en productividad eliminando más puestos de trabajo, de manera que el paro seguirá creciendo.

La crisis no es la única fuente de desempleo. Las estrategias de las empresas globales tampoco favorecen el empleo. Las nuevas tecnologías, el “down-sizing” empresarial (la tendencia hacia empresas de menor dimensión) y especialmente la deslocalización de la producción hacia otros países también contribuyen a reducir el empleo en los países más ricos. En la UE15 (los países que formaban parte de la UE en 1995) se ha adoptado la estrategia de transferir la producción al extranjero (en muchos casos a los nuevos estados miembros) como resultado de un proceso de dumping social que han facilitado los desarrollos en las tecnologías de la información y la comunicación, contribuyendo con ello a un mayor desempleo en los países más ricos.

Existe otra categoría de trabajadores que merecen una mención especial: se trata de los trabajadores por cuenta propia, los autónomos. Forman un nueva forma de la estrategia de empleo de las empresas porque constituyen una fuerza de trabajo barata y muy flexible. Muchos trabajadores ‘por cuenta propia’ pueden considerarse de facto como trabajadores asalariados, y muchos otros dependen de uno o de unos pocos empresarios que les contratan, y eso les convierte, de facto ‘en trabajadores asalariados’. La crisis ha obligado de hecho a muchos trabajadores en el paro a convertirse en trabajadores por cuenta propia. En realidad, son ‘trabajadores asalariados disfrazados’ en situaciones muy precarias, ya que no tienen ninguno de los derechos de los trabajadores asalariados y se les considera como sus propios empresarios. Su situación se ha deteriorado en el último año a causa del incremento del paro.

Los trabajadores y trabajadoras se ven también afectados por la tendencia continua hacia la privatización y el debilitamiento de los servicios sociales públicos. A pesar de que los fondos de pensiones privados han experimentado pérdidas substanciales como resultado de la crisis financiera, se sigue alentando a los trabajadores, tanto de forma individual como colectiva, a que los suscriban. Naturalmente, el gasto por subsidios de paro se ha incrementado debido al alto número de personas que han perdido su puesto de trabajo y, en algunos países, a subsidios adicionales creados para el desempleo de larga duración, pero estas medidas también han ido acompañadas de un endurecimiento en las condiciones que deben cumplirse para poder acceder a dichas prestaciones.

Desde hace dos década las políticas laborales de los estados miembros de la UE se han centrado en un viraje hacia la ‘flexibilidad’, que ha tomado básicamente la forma de permitir contratos de trabajo ‘atípicos’ que permiten a los trabajadores cada vez menores derechos. La Comisión Europea informa que ‘el porcentaje de empleo total que representan estos acuerdos de trabajo que difieren del modelo contractual normalizado, así como el de autónomos, se ha incrementado desde el 2001 que era de un 36% a casi el 40% de la población activa de la UE-25 en el 2005.’

A pesar de que estas políticas dan todas las ventajas a los patronos y en especial a los más implacables, hay pocas pruebas de que éstos contratos contribuyan a aumentar el empleo o al desarrollo económico general. Por otra parte, no cabe duda que el uso de los contratos flexibles ha incrementado las desigualdades salariales. Normalmente los trabajadores más débiles y más vulnerables son los que se ven obligados a aceptar estos contratos atípicos -lo cual no evita de manera alguna que estos mismos trabajadores sufran las tasas más altas de desempleo.

A pesar de que el Parlamento Europeo sólo ha aprobado una versión muy corregida de la Directiva Bolkestein, la Comisión, con su habitual falta de respeto por el Parlamento, no ha cejado en su ambición de conseguir una desregulación total en base a las propuestas del Bolkestein original (y en este sentido ha recibido ya un fuerte apoyo del Tribunal de Justicia). Esta es una estrategia destructiva que sólo puede contribuir a debilitar las condiciones de empleo sin conseguir ni mayores niveles de ocupación ni mejoras de productividad.

La tasa de pobreza -es decir, la proporción de personas de la UE 27 que viven por debajo de una renta inferior al 60% de la renta media- se ha incrementado desde el 16% en 2005/06 hasta el 17% en 2007. Individualmente en los estados miembros de la UE, la tasa de pobreza oscila entre el 10% y el 25%: En un extremo de la escala nos encontramos con Holanda y la República Checa, con un tasa de pobreza del 10% y Suecia Eslovaquia con un 11%. Al otro lado de la escala encontramos países como Rumanía (25%), Bulgaria (22%) y Letonia (21%) con los niveles de pobreza más elevados. En la mayoría de los estados miembro encontramos una tasa de pobreza superior al 15%. Once de los 27 estados miembro tienen un nivel de pobreza superior al 17%. España actualmente ronda el 20%. Al lado de esta pobreza ‘monetaria’, también aumenta la intensidad de la privación material. Se hace más visible la desigualdad dentro de la UE si comparamos el nivel de privación material de los que disponen de una renta por encima del umbral de pobreza y los que están por debajo .

Dado que el paro es una de las razones más frecuentes para caer en la pobreza, se asume demasiado rápidamente que tener un puesto de trabajo reduce el riesgo de pobreza. Pero, de hecho, el empleo y la pobreza no se excluyen mutuamente. A pesar de que la tasa de pobreza para las personas en paro es del 43%, y por tanto cinco veces mayor que la de las personas que tienen empleo, (8%), en número absolutos las personas empleadas y pobres -unos 14 millones de los llamados ‘trabajadores pobres’- doblan el número de desempleados pobres (unos 7 millones). Dichas cifras son el resultado de los cambios en los mercados laborales, como la expansión de los empleos con bajos salarios en el sector servicios y el incremento del empleo en precario, a plazo y a tiempo parcial involuntario. Además de los ‘trabajadores pobres’ y los parados, hay otros segmentos de la población especialmente afectados por la pobreza (ver cuadro 4): El hecho de que las personas mayores estén más expuestas a la pobreza (mujeres 22% y hombres 17%) revela que las pensiones de jubilación en muchos países europeos no bastan para evitar la pobreza entre las personas mayores. En países con sistemas de pensiones basados de forma substancial en fondos de capitalización privados, la crisis actual puede ser responsable de un deterioro severo de las condiciones de vida de las personas, en especial si los ahorros invertidos en fondos privados de pensiones desaparecen como resultado del colapso de los mercados financieros y la quiebra de los fondos de pensiones. Irlanda y Polonia son ejemplos que deberían alarmarnos: Con pérdidas reales del 37.5% en el 2008, los fondos de pensiones privados de Irlanda se han visto severamente afectados por la crisis financiera.

Dado que las pensiones privadas y otras inversiones representan una tercera parte de los ingresos de las personas jubiladas en Irlanda, se incrementará la tasa de pobreza de las personas mayores que ya es una de las más altas de la UE, incluso antes de la crisis (29% en el 2007). En el 2008, los fondos obligatorios privados de Polonia (Open Pension Funds) disminuyeron su valor en casi la misma proporción que lo habían incrementado en los nueve años anteriores.

Un rasgo particularmente escandaloso de la pobreza de UE es la magnitud de la pobreza infantil: Uno de cada cinco niños de la UE27 es pobre.

En Italia, España, Grecia, Polonia y el Reino Unido, casi uno de cada cuatro niños vive en la pobreza, y en Rumanía y Bulgaria, uno de cada tres. Lo más preocupante es que la pobreza infantil está creciendo, dado que los niños que crecen en la pobreza tienen mayores probabilidades de sufrir problemas de salud y una menor expectativa de vida, alcanzar niveles educacionales bajos, no alcanzar el graduado escolar y enfrentarse a un riesgo mayor de desempleo. Como las desventajas económicas a menudo pasan de padres a hijos, la pobreza se reproduce en las familias y en los grupos sociales. Por tanto, el incremento de la pobreza infantil en la UE puede conducir a que se refuerce la espiral de pobreza de una generación a otra.

Al mismo tiempo, en la UE se registra una enorme concentración de riqueza en lo más alto de la escala de rentas a pesar de que los activos financieros han disminuido durante la crisis: De hecho, la crisis parece haber afectado de forma especialmente severa en Europa a los ‘individuos con gran riqueza neta’ (high net worth individuals) -o sea, aquellas personas que son millonarias en dólares en términos de riqueza financiera (activos de inversión, excluyendo la residencia habitual, colecciones, productos de consumo y bienes de consumo duraderos). Después de varios años de incrementos constantes, en el 2008 el número de millonarios en dólares disminuyó en un 14.4%. En el 2008, el número de millonarios en dólares en la UE era de 2.6 millones, un número mucho menor que el del 2005, en tanto que su riqueza disminuyó en un 21.9% desde los 10.7 billones de dólares a los 8.3 billones de dólares.21 Aunque haya disminuido ligeramente durante la crisis financiera, la concentración de riqueza en lo más alto de la escala de los ingresos contrasta escandalosamente con el número creciente de personas pobres en la UE -especialmente porque los datos oficiales de la UE sobre pobreza no incluyen a las personas socialmente excluidas que conviven en la sociedad europea como las personas sin techo, las víctimas del tráfico de personas, o los inmigrantes ilegales. Y, sobre todo en las consecuencias de la disminución de su riqueza en su nivel de vida.

En resumen, y al contrario de toda la retórica referida a la “inclusión social” a nivel europeo, se ha incrementado la desigualdad en la distribución de la renta: Los ingresos totales recibidos por el 20% de la población con los ingresos más altos en la UE27 fue cinco veces superior que el total ingresado por el 20% de la población con las rentas más bajas (el 20% inferior) en 2007. Para la UE25 la cifra media aumentó del 4.7 en 2006 al 4.8 en el 2007.

Lo más grave es que todas estas cifras son anteriores a la crisis. Es decir la UE, después de una etapa de gran prosperidad, mantiene en su seno gravísimos niveles de pobreza y éstos son crecientes. Y se sabe que la crisis la ha aumentado sustancialmente. Triste balance para una de las regiones más ricas del mundo.

Las actuales estadísticas de Eurostat no muestran todavía el impacto de la crisis financiera sobre la distribución de la renta y la riqueza. A pesar de ello, el impacto sobre el desempleo y el enorme apoyo del gobierno al sector financiero en la mayoría de los países europeos ha tenido que afectar a la distribución de la renta, y la socialización de los costes de las quiebras del sector privado repercute en incrementos substanciales de la ratio del déficit presupuestario en relación al PIB.

En tanto han llegado a un rápido acuerdo para conseguir enormes recursos con los que apoyar a los bancos con problemas, ni siquiera se ha dispuesto una mínima fracción de dichos recursos para luchar contra la recesión y proteger el empleo y los niveles de renta y de vida de la mayoría de la población.

LA UNIÓN EUROPEA Y LOS PAÍSES CON MÁS DIFICULTADES

La crisis desde 2007 hasta 2010 está teniendo un impacto devastador en todo el mundo, pero, es obvio que el mismo varía según las características del país y las políticas seguidas en el mismo. Vamos a comentar ahora el papel que está jugando la UE frente a los países miembros que tienen más dificultades en la crisis, deteniéndonos en el caso del estado español.

Los sistemas públicos de los países tenían cuatro políticas macroeconómicas esenciales para incidir en la economía: la política monetaria (que controla la cantidad de moneda y el tipo de interés), la política exterior (que se refiere a la cotización de la moneda y las cuentas con el exterior), la política fiscal, que trata del los gastos y los ingresos del estado, y la política laboral, que trata de la legislación acerca del mercado de trabajo. A estas hay que añadir la política de competencia que prohíbe a los estados proporcionar ayuda económica a sus empresas productivas o financieras, excepto en casos muy excepcionales y aprobados por la Unión, pues argumenta que eso distorsionaría la competencia entre las empresas de los distintos estados. Por supuesto hay otras políticas, pero son menos generales y estas son las más importantes para nuestros propósitos.

Al convertirse en miembros de la Unión Europea y, especialmente de la zona euro, la política monetaria y la política exterior queda en manos de la UE, los estados, que ya no tienen una moneda propia, ni sus fronteras geográficas, ya no pueden operar con ellas. Desaparecen como instrumentos de los gobiernos. Por su parte, la política fiscal queda en manos de los estados, pero con un importante y grave control desde la UE: la Unión no permite que los déficit públicos sean mayores que el 3% cada año, y que la Deuda Pública del Estado supere el 60% del PIB. Es decir, la política fiscal está en manos de cada estado pero muy limitada por las condiciones establecida desde 1997 en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sólo la política laboral queda en manos del Estado, pero incluso ésta, más o menos guiada por la Unión.

Con la crisis, el BCE, que controla la política monetaria, ha proporcionado a los sistemas financieros de los países miembros prácticamente toda la liquidez que estos solicitaban, y desde 2009 ha mantenido muy bajos los tipos de interés, facilitando el mantenimiento de los sistemas financieros.

Pero su actitud ha sido muy diferente respecto al sistema fiscal: Es sabido que los países con más problemas se encuentran con déficit importantes en sus cuentas públicas. Los gastos del sector público son considerablemente superiores a los ingresos, es decir incurren en un déficit. Déficit que las instituciones públicas que hacen la política económica -Gobierno central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos- tienen que financiar recurriendo a pedir prestado, a quienes tienen dinero en el país o en el extranjero -particulares e instituciones financieras-, a cambio de un interés y con una fecha de devolución. Al total de esta deuda se le llama, como sabemos, Deuda Pública.

Las deudas de los países no dependen sólo de los gastos e ingresos de los estados, sino de la deuda total, y especialmente de la deuda que se tiene con el extranjero. En el período del boom inmobiliario los bancos y las empresas pidieron préstamos al exterior para poder seguir con los préstamos inmobiliarios y ahora hay que pagar esta deuda. La deuda externa del país es de 1,7 billones de euros, casi el 170% del PIB mientras que la Deuda Pública es sólo de alrededor de un 60%. Las deudas públicas son sólo una parte de la enorme deuda total. Aunque la presión sobre la deuda pública aumenta debido a que la responsabilidad por una gran parte de la deuda de los entes financieros privados se ha trasladado a la esfera pública, porque cuando la explosión de la burbuja inmobiliaria y los problemas de los entes financieros (agosto 2007), el castillo de naipes se apuntaló con las garantías de los estados (avales).

Pues bien, a los países que pertenecen a la zona euro la Unión Europea les impone un límite en su política fiscal y éstos no pueden tener un déficit superior al 3% anual en sus cuentas públicas, ni el total acumulado de su Deuda Pública puede ser superior al 60% del PIB (total de la actividad económica de un año). Por supuesto con la crisis, este límite ha estallado por todas partes y la mayoría de países miembro han incurrido en déficits superiores:

Los déficit presupuestarios en la época de bonanza disminuyeron hasta suponer sólo el 1.4% del PIB en 2006 y el 0.9% en 2007 para la UE27 (y del 1.3% al 0.6% en la Eurozona). También la deuda pública de la UE27 bajó del 61.3% del PIB en 2006 hasta el 58.7% en 2007 (y del 68.5% al 66.4% en la Eurozona). Sin embargo ahora, se prevé que los déficit presupuestarios alcancen el 13.2% del PIB en el R.U. y del 11.2% en los EE.UU. y en torno al 12% en España.; los demás países tienen déficit más bajos pero también importantes.

Los grandes prestatarios internacionales (lo que llaman los mercados globales) a medida que ven que un país tiene una deuda mayor y si consideran que sus circunstancias económicas van a ser difíciles, exigen más para comprar la deuda pública de ese país. En general exigen un tipo de interés más alto, también suelen exigir a los países que tomen medidas económicas para disminuir su deuda (medidas que siempre van a perjudicar los intereses de las clases populares y los trabajadores), y, si no están satisfechos pueden rechazar el comprar la deuda pública del país, con lo que la situación se convierte en catastrófica para dicho país, que puede encontrarse que no tiene liquidez para pagar sus compromisos (salarios funcionarios y tantas otras cosas).

En enero de 2010 España se ha visto envuelta en un episodio de estas características: Es sabido que la crisis económica no remonta, que la situación es grave, que tenemos más de 4,5 millones de parados, y que el déficit público ha llegado al 11,45 y se prevé que siga subiendo. La Deuda Pública no es todavía muy alta -entre el 55-60% del PIB- pero ha crecido muy rápidamente, y los prestatarios globales se alarman. Además, al mismo tiempo, las agencias internacionales de evaluación han rebajado las garantías que concedían a la deuda española. Por si fuera poco, el comisario de Economía de la UE, el socialista Almunia, dijo que concedería a España hasta el año 2013 para que el déficit público bajara del 11 % actual al 3% (cosa que todo el mundo sabe es imposible). Con lo que los mercados globales y las instituciones internacionales le exigen al Gobierno español que tome medidas duras para rebajar el déficit. Que es lo que parece ha llevado al Gobierno de Zapatero a proponer medidas muy duras tanto en impuestos, pagará más la gente de a pie, como en la reforma de las pensiones, y a plantear la reforma laboral de forma que los empresarios se encuentren en magnifica situación para lograr lo que quieren, además de decretar un brutal recorte del presupuesto para los próximos tres años de 50.000 millones de euros. Así como a enviar su Ministra a convencer a los inversores y medios de comunicación financieros que el gobierno esta dispuesto a llevar a cabo políticas de gran dureza, que tendrán gravísimas consecuencias negativas en el bienestar de las clases populares del país.

Esto es lo que los mercados globales exigen a nuestro gobierno para prestarnos dinero. Más que eso, nos prestarán porque les interesa ganar dinero con el interés, pero será a un tipo de interés superior: la media a la que prestan a los países ricos es un interés del 2%, a España le cobran un 4,65% (en el 2º semestre otro 1% más) y a Grecia más de un 7%22 a un tipo de interés más alto. Parece que ahora que los especuladores globales no pueden hacer negocio con los tipos de cambio de las monedas de Europa a causa de la moneda única (euro) recurren a todo tipo de argumentos para aumentar la rentabilidad de sus créditos mediante un tipo de interés más alto.

Además, con esta situación respecto al déficit no habrá dinero público suficiente para los servicios públicos esenciales y para el gasto. Ya se está hablando de recortes necesarios en el gasto público en todos los estados miembros de la UE (en PV siempre es todo “más”, finalizado el 1º trimestre se han gastado 2/3 del Presupuesto... que aún debe recortarse en agosto ¿Qué haran en Sanidad el 2º semestre con solo 1/3 del presupuesto?), a pesar de que se ha prometido mantener el gasto en los servicios básicos (sanidad y enseñanza). Sin embargo, durante las reformas orientadas hacia el mercado y las reestructuraciones de los años 1980 y 90 se hicieron promesas muy similares y al finalizar el siglo los servicios públicos habían sufrido serios recortes y las personas en paro y en la pobreza vivían en condiciones mucho peores.

¿QUÉ HA HECHO LA UNIÓN EUROPEA PARA AYUDARNOS, ASÍ COMO A OTROS PAÍSES CON LAS MISMAS DIFICULTADES?

La UE a través del BCE podría comprar Deuda Pública de los estados endeudados, facilitando su compra y rebajando así los tipos de interés, o podría avalar a los estados en dificultades (Tal como están las leyes ahora no están permitidas este tipo de ayudas. Pero las leyes pueden cambiarse cuando hacen falta, como ha sucedido muchas veces en la Unión), o, por lo menos, podría ser más flexible con los límites del Pacto de Estabilidad. Pero no hay signo alguno de esta orientación sino, todo lo contrario. La UE está forzando las medidas conservadoras y reaccionarias de los gobiernos para convencer a las instituciones y los mercados internacionales que el gobierno español es ‘serio y responsable’.

No sólo esto, sino que la UE está siguiendo una estricta política de exigencia a todos los niveles. El gobierno español en 2009 estableció el FROB que es un Fondo para facilitar a los bancos y cajas dinero para poder resolver sus problemas (para esto no se regatean los fondos) y, especialmente para financiarles las fusiones entre ellas. Pues desde entonces hasta principios de año la UE ha estado poniendo dificultades para que este fondo funcionase bajo los argumentos de la política de competitividad -que se ayudaba a estas instituciones excesivamente y que la Unión tenía que supervisar estrechamente este procedimiento. La opinión acerca del establecimiento de dicho Fondo puede ser más o menos crítica pero cito este hecho como un ejemplo de la política obstruccionista de la UE a las políticas que los gobiernos consideran necesarias.

La continua crisis financiera demuestra a un número cada vez mayor de personas la profunda irracionalidad y destructiva dinámica del capitalismo financiero que no sólo ha imperado en los USA sino que cada vez más forma las reglas del desarrollo económico y social de muchos países de la UE, tanto impuestas por las autoridades centrales de la Unión, como por los respectivos gobiernos que comparten su enfoque.

Por nuestra parte -frente a esta UE- el modelo de Europa al que aspiramos ha de contener valores, normas y compromisos claramente inclinados hacia la solidaridad a escala mundial -especialmente con los países del Sur-; el antimilitarismo y la renuncia a la guerra; una economía al servicio del pueblo y gobernada por los/as trabajadores/as, y el pleno empleo estable y con derechos; las libertades civiles y políticas plenas y el reconocimiento de la Carta de los Derechos Sociales promovida por los movimientos sociales; una Democracia participativa y directa; y el reconocimiento de la soberanía popular y el derecho de autodeterminación.



UE Depredadora
Texros para la Campaña Contra la Europa del Capital...
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7 de juny
Mano Negra & Manu Chao - Sidi Hbibi (Live) Bayonne (France) 2008 More than a concert... in a big venue or an intimate dive, the equation is sure to be the same: Manu Chao are an explosive cocktail an explosion of joy.

concepció&disseny: miquel garcia "esranxer@yahoo.es"