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dijous 25 de març de 2010
El No a la reforma electoral como poder de clase
Pedro María de Palacio*

Recientemente la subcomisión parlamentaria que estudia la reforma de la Ley Electoral ha cerrado las posibilidades de que los cambios que se produzcan sean en clave democratizadora, es decir, que los votos de los ciudadanos españoles, sean de donde sean y voten a quien voten, valgan lo mismo, es decir, que tengan una representación proporcional.

No es cuestión de que entremos a definir la situación actual porque es de sobra conocida, y a su vez se visualiza perfectamente en mi opinión echando un vistazo a los siguientes datos: Nafarroa Bai con 60.000 votos tiene un diputado, Coalición Canaria con 164.000 tiene dos, ERC con 296.000 votos tiene 3, el PNV con 303.000 tiene seis, UPyD con 303.000 votos tiene uno, CiU con 774.000 votos tiene 11, IU-ICV con 963.000 votos tiene dos diputados, y al PP y al PSOE le cuesta de media cada diputado 60.000 votos.

Dicho esto yo no situaría el fundamento de la cuestión en la “democratitis” de la democracia capitalista, sino que centraría la cuestión en el análisis de clase, porque al fin y al cabo nuestros modelos políticos, económicos y sociales son consecuencia de largos procesos de luchas sociales, en los cuales la superestructura (Sistema judicial, sistema político, etc.) obedece a la estructura material de la sociedad y a la correlación de fuerza de las clases sociales.

Consecuentemente hay que valorar por qué tenemos este sistema electoral para poder empezar a guiarnos sobre cuál es la situación, porque sino estaremos perdiendo el tiempo. Y para esto es muy importante hacer un análisis de lo ocurrido en el siglo XX, porque nos ayudará a entender muchas cosas. Empezando por afirmar que la II República tuvo poco de espontáneo (entendido el concepto como un proceso de por ejemplo 10 años), sino que fue la consecuencia de una acumulación de fuerzas de los anteriores cuarenta o cincuenta años; Siguiendo por afirmar que el franquismo es consecuencia directa del siglo XIX español, es decir, una transformación progresiva al capitalismo sin revolución burguesa, y a la vez en la que los capitales “españoles” no tienen la hegemonía en el proceso de transformación capitalista (La construcción del ferrocarril es un magnífico ejemplo, tanto para analizar cómo y quién lo financia, el papel dependiente del Estado, etc.) sino que van continuamente a remolque, por lo que se forma una superestructura estatal muy dependiente e intervenida por poderes que por ejemplo no se dan en el proceso de la transformación capitalista de Francia o Gran Bretaña; Un desacomplamiento del modelo económico y social español a la propia transformación capitalista, con la consecuente inestabilidad política, luchas continuadas entre las propias clases dominantes por el control del Estado sin que haya un marco de victoria estable, lo que unido a la maduración progresiva de luchas populares hace que entendamos muy bien la figura de los “espadones” y la restauración canovista fundamentada en el pucherazo, el sistema del turno y sobre todo como marco en el que las clases dominantes estabilizan la situación y en el cual canalizan sus luchas y su poder de clase.

Todo este proceso sería un profundo error verlo como algo estrictamente “español” (También lo contrario). Es decir, por ejemplo en el proceso de transformación capitalista en Francia las intervenciones del capital extranjero (Bien sea a través de mercenarios de la política, el aparato de Estado extranjero, etc.) no determinan el proceso ni tienen un protagonismo esencial. En el caso de España la intervención es continua, consecuencia directa de la tardía entrada del capitalismo en España como modelo dominante, lo que hace que para la segunda mitad del siglo XIX una parte importante de los capitales asentados en España ligados a la banca, al sector minero y metalúrgico, etctéra son extranjeros, es decir, ligados a otras potencias (entendidas éstas como instrumentos de poder). La II República viene prácticamente seguida de la Dictadura de Primo de Rivera, la cual en 1924 llega a una serie de acuerdos económicos con el estado soviético nacido de la Revolución rusa, en un momento en el que en Europa había en gran medida un bloqueo a dicho estado y las propias relaciones internacionales no se normalizaron hasta pasados los años. Este acuerdo fue visto por una parte de la oligarquía española como una apuesta equivocada, y en este sector se incluía a los poderos capitales ingleses, lo cual explica en una parte sustancial la visión que tenía Inglaterra de la Dictadura.

La victoria del franquismo es ni más ni menos la derrota de los sectores populares en todo este proceso. Un régimen que fue apoyado por los poderes occidentales, poderes que a su vez tutelaron el proceso de la Transición. En este sentido hay un importante testimonio del General Fernández Monzón cuando dice “Realmente consideran que la península Ibérica es el centro de su mapa mundial y para ellos resulta fundamental el eje Rota-Morón-Torrejón-Zaragoza. Antes, por la Guerra Fría, y ahora, porque estamos en la ruta de Estados Unidos hasta el conflictivo Oriente Medio. En ese orden de cosas, se explica que los Estados Unidos, al final del franquismo, quisieran tener la seguridad de que aquí no iba a pasar nada.”. Estos poderes hacen que por un lado el futuro Rey Juan Carlos jure fidelidad a los Principios del Movimiento, ponen todos los recursos oportunos para que Alfonso Suárez lidere el cambio hacia una democracia homologada, se destinan ingentes recursos para crear un PSOE que no existía realmente, pero que sin embargo tenía que ser un elemento central para poder pivotar el proceso sobre dos patas (Sobre esto el General Fernández Monzón dice lo siguiente: “Allí en Suresnes hubo mucha gente. Había más policías y miembros de los servicios de información que socialistas. Pero ya antes, en 1972, se había conseguido que de los 16 miembros de la Comisión Ejecutiva, nueve fueran del interior. Felipe González es el principal producto de la Transición. Sabía cómo se estaban produciendo las cosas y estaba de acuerdo con ellas...”.).

Por otra parte, el partido del antifranquismo, de la resistencia, el PCE, acabó firmando los Pactos de la Moncloa, la Monarquía, etc. Se podría mantener un debate sobre si la dirección del PCE situó al partido y al movimiento que representaba en la estrategia y táctica adecuadas o no, y seguro que sería muy interesante, pero en mi opinión lo importante para tratar lo que nos ocupa es la conclusión: No hubo ruptura con el régimen franquista. Los poderes hegemónicos a nivel económico y político consiguieron orientar el proceso en base a sus intereses. Todo esto se materializa en relación con el modelo electoral fundamentalmente en lo siguiente:

1. Estabilidad de los partidos políticos hegemónicos: Un modelo diseñado para la existencia de dos grandes partidos nacionales que se pueden alternar en el poder, y que a su vez son apoyados por los grandes grupos económicos y políticos internacionales y nacionales, sin que esto signifique que estén ligados en su fundamento a los mismos grupos económicos ni que no haya diferencias entre ellos en la gestión y desarrollo del capitalismo avanzado para España, Europa y el mundo. El sistema electoral limita la representación del tercer partido nacional, lo que le limita sus recursos económicos, la posibilidad de negociar e influir en base a sus posiciones, etc.

2. Representación de las burguesías periféricas: En los pactos de la Transición se incluye a las burguesías periféricas dada su importancia en el capitalismo español. Unas burguesías que siempre han estado muy integradas en el Estado como instrumento de clase, y que materializan su fuerza política bien a través de los dos grandes partidos nacionales (Caso típico es el del PSC) o bien a través de los partidos nacionalistas periféricos, como el PNV o CiU principalmente, o ERC, EA, etc.

3. Las mayorías absolutas en situación normal se sitúan cercanas a los dos grandes partidos, por lo que el sistema es fácilmente estabilizado a través de pactos con los partidos nacionalistas periféricos, lo que permite ir reproduciendo las políticas de derechas sistemáticamente. Esto sin descartar los acuerdos de los dos grandes partidos en lo que se considera “política de Estado”, es decir, la reproducción del sistema en las coordenadas descritas.

4. El modelo judicial prácticamente no se tocó en la Transición, siendo uno de las grandes cuestiones pendientes. En este contexto, en el que no hay separación legal entre el poder legislativo y el Judicial (Como ejemplo los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados por las Cortes, por el Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial), y con una legislación que permite la financiación privada de los partidos políticos (Elemento central del asesinato de la política) el que se investigue las finanzas de los partidos de poder es prácticamente una utopía, especialmente lo relativo a su financiación.

5. La conversión de un tercer partido en partido de Gobierno que subvierta el orden establecido requiere de un paciente proceso de acumulación de fuerzas que establezca amplias alianzas de los sectores populares. Consecuentemente el que el PSOE, PP, CiU y el PNV hayan dado el portazo a reformar la Ley electoral no debe llamarnos la atención. Nuestra Ley electoral es coherente con el modelo nacido de la Transición, lo que denomina Julio Anguita la II Restauración canovista.

Lo importante, partiendo de ahí, es que la acción de las fuerzas anticapitalistas actúen en consecuencia a esta realidad, y valoremos cuál es el camino para subvertirla.

*Pedro Mª de Palacio es militante del PCE e IU, y escribe en Tercera Información.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



 
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