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dilluns 3 de gener de 2005
La directiva de la Unión Europea sobre “Servicios en el mercado interior”:
un grave ataque a los servicios públicos y a los derechos laborales
por Luis González. (Secr. Gral. del Sindicato de Sanidad de CCOO de Sevilla)

El 13 de enero de 2004, la Comisión Europea presentó un proyecto de directiva “relativa a los servicios dentro del mercado interno” cuyo objetivo declarado es el de “terminar con la cinta roja que reprime la competitividad de Europa”.

Esta directiva es la traducción pura y simple de los planes de liberalización que los EE.UU. tratan de forzar en la Organización Mundial del Comercio a través del Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (AGCS), al que la Unión Europa dice oponerse. Pero una vez más vemos cómo la UE es el mayor patrocinador de la desregulación y la privatización.

El texto de la directiva puede consultarse en la web:

http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/services/services/index.htm

El texto, propuesto por el Comisario Frits Bolkestein (y conocido como “directiva Bolkestein) supone la plena liberalización de todos los servicios. Según la Comisión Europea, el objeto de la directiva es “proporcionar un marco legal que elimine los obstáculos a la libertad de establecimiento para los servicios y libere movimiento de servicios entre Estados miembros” La directiva define los servicios como sigue en su artículo 4: “cualquier actividad autónoma, como fija el artículo 50 del Tratado, consistente en suministrar un servicio para su estudio”. Como señala el análisis de la misma elaborado por la confederación sindical Belga FGTB: “El proyecto de directiva afecta a todos los servicios. Con la excepción de los transportes (+3’5 Tons.), las telecomunicaciones, los servicios bancarios y los servicios ofrecidos directamente por los gobiernos a coste cero.” Pero hay que señalar que las telecomunicaciones, los transportes y los servicios financieros ya han sido liberalizados por directivas específicas.

La directiva tiene profundas implicaciones sobre las condiciones laborales, el mercado laboral y la propia actuación de los sindicatos: habida cuenta de que el sector de servicios supone ahora alrededor del 70% del Producto Nacional Bruto y del empleo en la mayoría de los Estados Miembros de la UE sus efectos se harán sentir en las relaciones laborales incluso en los sectores no afectados por la directiva.

La FGTB añade que “Con la excepción de los servicios policiales, judiciales (excluyendo abogados) y las fuerzas armadas, ningún servicio público sería gratuito. (...)

La directiva es, en consecuencia, aplicable a los servicios públicos. De este modo, la sanidad, educación, cultura, medios audiovisuales, los servicios prestados por las autoridades locales, serán considerados como una mercancía que depende completamente de las leyes del mercado.”

“A largo plazo, las consecuencias de la directiva amenazan con ser catastróficas para todos:

Amenazan con animar las prácticas de dumping a nivel social, fiscal y medioambiental Las conquistas sociales, estarán bajo presión: rebajas salariales, prolongación jornada laboral, más flexibilidad La salud, la educación, la cultura y los servios audiovisuales se convertirán en una pura mercancía Los servicios del sector público corren el riesgo de verse automática e irrevocablemente privatizados y/o liberalizados”

¿Tan grave es la situación? Hagamos un análisis de los elementos básicos de la directiva:

1.- Eliminación de obstáculos

El primer elemento de la directiva es la eliminación de obstáculos”. La Comisión Europea estima que las legislaciones nacionales son “arcaicas, farragosas y rompen las leyes de la UE. Simplemente tiene que desaparecer”. La directiva se propone eliminar todo tipo de obstáculos legales para el establecimiento de una compañía en el territorio de un Estado miembro.

Como dice la FGTB “El Comisario Bolkestein quiere eliminar todos los obstáculos (a la libre competencia). Pero estos “obstáculos” son, a menudo, reglas impuestas por los gobiernos con la intención de garantizar a todo el mundo mejores servicios, de proteger a los empleados, de asegurar la mejor administración de los recursos públicos, imponer requisitos mínimos de precios, garantizar el acceso universal a los servicios y garantizar la calidad de estos servicios.

¡Estas reglas evitan que los servicios se conviertan en una jungla en la que la única regla que cuente sea la del beneficio inmediato!”

Para eliminar obstáculos, los Estados Miembros deberán restringir las condiciones de autorización para las actividades de los servicios, limitándolas a las estrictamente inevitables. Y en todo caso, la Comisión Europea tendrá la potestad de decidir qué restricciones contradicen la directiva. En opinión de la Comisión Europea, los requisitos mínimos establecidos para garantizar la calidad, la viabilidad económica, el cumplimiento de las normas laborales, la integración de colectivos desfavorecidos (minusválidos...) son “obstáculos” a la libre competencia. De esta manera, la C.E., cuya legitimidad democrática es prácticamente inexistente, desafía “el poder discrecional de las autoridades locales” es decir, la soberanía de los estados y los parlamentos, instituciones democráticamente elegidas y controladas.

Para la FGTB “El impacto será particularmente perceptible en el sector sanitario. Muchos requisitos serán puestos en cuestión aquí: limitaciones cuantitativas y territoriales para los farmacéuticos, subsidios asociados a un estatuto particular, precios regulados, etc.

De este modo los gobiernos se ven negado todo medio de actuar a cualquier nivel (local, regional, etc.) para llevar a cabo una política sanitaria de alta calidad que sea, además accesible para todos.

Toda la economía social se ve igualmente amenazada, y en especial la integración de grupos desfavorecidos en el mercado laboral.”

2.- El principio del país de origen

El segundo principio es el del “país de origen”. Este principio significa que los proveedores de servicios estarán sólo sujetos a las normas de su país de origen, y no a las leyes del país en que prestan sus servicios. Es más, a los otros Estados Miembros en los que actúan o suministran servicios no se les permitirá imponer restricciones o controles de ningún tipo. La Comisión pretende eliminar incluso el registro obligatorio en caso de que una empresa abra su negocio en otro estado miembro. De hecho, el principio de país de origen elimina cualquier supervisión efectiva de la actividad empresarial en la Unión Europea. Las autoridades del país donde se proveen los servicios no pueden en ningún caso aplicar supervisión alguna: sólo lo puede hacer el país de origen. El Artículo 16(2) de la directiva establece que el “Estado Miembro de origen será responsable de supervisar el suministrador y los servicios que provea, incluidos los servicios suministrados en otro estado Miembro”. ¿Pero por qué el país de origen puede tener el menor interés en supervisar las actividades empresariales en el extranjero de compañías registradas en ese país? ¿Disponen realmente las autoridades de los recursos financieros y humanos necesarios para realizar estas tareas adicionales? Y, además, ¿cómo puede haber una supervisión eficiente si el país de origen carece de potestad para realizar controles in situ en el país donde se suministran los servicios?

La FGTB señala que. “Esto supone un incentivo legal para trasladarse a países con una legislación menos estricta a niveles fiscal, social y medioambiental, y la creación de compañías con sede fantasma, que a precios de miseria se extenderán desde sus sedes registradas a todo le territorio de la Unión. La consecuencia será una enorme presión sobre los países con normas sociales, fiscales y ambientales que protegen el interés común. (...)Finalmente, los servicios de inspección quedarían sin poder real alguno”.

El sindicato alemán IG BAU (que abarca la construcción, la agricultura y el medio ambiente) prevé que los suministradores de servicios se reinstalen en oleada en los países que imponen las exigencias legales y niveles de supervisión más bajos para sus actividades empresariales (IG BAU 2004).

A esto añadamos que, desgraciadamente, importantes sectores empresariales, sobre todo en los países recién incorporados a la Unión Europea, están en manos de la Mafia. La FGTB señala que “La puerta quedaría abierta de par en par a los grupos de la Mafia que ya operan en varios sectores y que se beneficiarían de la falta de controles y de coordinación política para explotar a sus empleados.”

Finalmente, el proyecto abre enormes posibilidades de fraudes a la seguridad social. El artículo 24 (1) prohíbe al país en donde se proporciona el servicio mantener y conservar documentos laborales. Como nadie puede solicitar importantes documentos en el país en donde se ejerce la actividad, y como no se ve en el horizonte ninguna supervisión del país de origen, los empresarios pueden actuar durante largos periodos sin abonar las contribuciones a la seguridad social.

Las prohibiciones derivadas del principio del país de origen harán incluso que sea prácticamente imposible identificar a los proveedores de servicios. El Art. 16 (a)-(d) y (g) del mismo prohíbe la obligación de realizar una declaración o notificación, solicitar una autorización, registrarse, tener un domicilio o tener un representante autorizado.

Veamos, además, los resultados de la directiva sobre algunas cuestiones concretas:

Efecto sobre la subcontratación:

Actualmente, la subcontratación de una empresa extranjera exige una serie de requisitos: que la empresa esté registrada, que tenga un representante legal en el país que presta sus servicios y que se someta al as leyes e inspecciones del país de destino. Pero, señala la FGTB, “con la directiva será imposible controlar la subcontratación de trabajadores extranjeros (...) dejará de ser posible aplicar las condiciones de empleo vigentes en Bélgica a los empleados polacos, por ejemplo”

Efecto sobre las ETTs

La FGTB recuerda que “Actualmente, las ETTs han de estar acreditadas para actuar en Bélgica. (...) La directiva amenaza con poner fin al procedimiento de acreditación. Esto abriría de inmediato la puerta a compañías piratas con prácticas poco honradas que amenazarán con desestabilizar el trabajo del sector.

Las agencias de empleo tendrían, por tanto, el mayor interés en establecerse en países en los que tuvieran que pagar los impuestos más bajos, y donde las cotizaciones sociales fueran igualmente las más bajas. Desde allí podrían enviar empleados a toda Europa con salarios de dumping.

(...) Las compañías belgas, incapaces de competir en estas condiciones, no tendrían más elección que deslocalizarse para poder sobrevivir, o presionar a los interlocutores sociales y a los políticos para reducir los costes salariales.”

La sanidad

Continúa la FGTB “A largo plazo, la propuesta de directiva amenaza también con consecuencias desastrosas para la sanidad. La directiva propone eliminar muchos procedimientos de autorización, aunque de hecho éstos comprenden los fundamentos de de muchos sistemas sanitarios, y garantizan su calidad, accesibilidad y estabilidad financiera.

Si la directiva Bolkestein se pusiera en marcha, sería imposible imponer a los proveedores de servicios sanitarios:

Precios mínimos o máximos obligatorios para las medicinas y para las consultas Requisitos mínimos de personal en los Hospitales y Residencias Requisitos para la financiación de cuidados Requisitos de calidad de servicios

En cualquier caso, la existencia de un sector de sanidad privado regulado según los requisitos del país de origen que tenga requisitos más bajos supondrá una tremenda presión sobre la sanidad Pública, cuyos enemigos podrán alegar siempre sus enormes costes comparativos y abrirá el camino a privatizaciones “externalizaciones” y subcontrataciones en cadena.

El sector portuario

La FGTB señala que la directiva Bolkestein supone “Un nuevo y disfrazado intento de liberalizar los servicios portuarios. El texto de la directiva adopta, aunque con otras palabras, el contenido de la propuesta de directiva respecto de la liberalización de los servicios portuarios que en Noviembre de 2003 fue finalmente rechazada en el Parlamento Europeo bajo la presión de los sindicatos europeos.

En el texto de la directiva Bolkestein no queda nada claro si los servicios portuarios quedarían cubiertos por esa directiva”

¿Cuál es el sentido de la directiva? El análisis de la FGTB nos lo aclara: “La propuesta de directiva se parece sospechosamente al proyecto del acuerdo AGCS [Acuerdo General de Comercio de Servicios] en el que se está negociando a nivel internacional la liberalización de todos los servios en todos los sectores, sobre la base la oferta y la demanda.

Hasta ahora la UE se ha resistido a la apertura de sectores como la sanidad, la enseñanza, la subcontratación de empleados, la cultura y los recursos audiovisuales. Ahora estos sectores se ven también amenazados por la directiva Bolkestein.

Luis González. Secr. Gral. del Sindicato de Sanidad de CCOO de Sevilla



 
25 de novembre
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