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dilluns 1 de novembre de 2010
Envejecimiento, pensiones: contra el reduccionismo neoliberal
per Albert Recio

Los fundamentos de las políticas de bienestar

estriban en garantizar la seguridad económica de las personas, en su capacidad de satisfacer necesidades básicas a lo largo de toda su vida, mediante la combinación de empleo y prestaciones públicas. Éstas deben diseñarse con el objetivo de cubrir todas aquellas eventualidades en que el empleo no es posible, bien por circunstancias personales (enfermedad, discapacidad, jubilación), bien porque la actividad económica es incapaz de ofrecer empleo. En sus orígenes, al final de la Segunda Guerra Mundial, formaban parte de un verdadero pacto social en el que el capitalismo iba a ser mantenido a cambio de garantizar esta seguridad económica básica al conjunto de la población. Es obvio que el neoliberalismo significó la ruptura unilateral de este pacto aduciendo falsas razones.

Asistimos a una nueva ofensiva contra una parte de estas políticas, las de jubilación, alegando que el envejecimiento de la población obliga a un nuevo ajuste. Como es habitual en este tipo de planteamientos, se “naturalizan” los problemas para justificar políticas que apelan a dilemas sociales más complejos. Contamos ya con diversas aportaciones críticas (de Josep González Calvet, Miren Etxezarreta, Juan Torres, Vicenç Navarro...) que permiten cuando menos discutir aspectos clave del discurso dominante, y que permiten explicar en parte por qué fallaron las anteriores previsiones (realizadas por las mismas personas y los mismos centros de opinión), como las que se refieren a la simple extrapolación de la evolución demográfica.

Seguramente, cuanto mayor es el período estimado de tiempo en el que se hacen las previsiones, mayores son las posibilidades de que éstas fallen y, por tanto, menor es la fiabilidad de las extrapolaciones simplistas. Igual ocurre con otras variables clave en los modelos, como la del empleo o la del aumento de la productividad “per cápita”. Si algunas de las variables de los modelos son inciertas, es asimismo discutible que la única forma de financiar la seguridad social sea la actual, basada en contribuciones sobre los salarios. Y buena parte de las justificaciones del ajuste actual se basan en mantener inalterado el modelo de financiación (basado en contribuciones salariales), lo que justifica la vía del recorte como la única posible. Asimismo, están claros los intereses sociales de los promotores de las reformas, defensores de la creación de un sistema obligatorio, suplementario, de fondos de pensiones que daría una enorme posibilidad de negocio al sistema financiero (por no repetir notas anteriores, sigo aconsejando entrar en la web de Fedea y ver quiénes son sus patronos, qué intereses tienen). Vale también la pena estudiar cuál ha sido la evolución real de estos fondos, qué ha ocurrido en países como Chile (donde constituyen el centro del modelo de jubilación), y debería aún considerarse el papel que ha desempeñado la expansión de los fondos de pensiones en la financiarización del sistema económico y, en definitiva, en la generación del caos financiero actual. Todo esto ya se ha comentado, aunque merece la pena profundizar en ello, afinarlo y discutirlo.

Aunque las razones esgrimidas para oponerse a las actuales reformas son potentes y adecuadas, creo que hay otras cuestiones que deben plantearse, tanto para erosionar las razones del ejército de propagandistas del capital financiero como para empezar a buscar soluciones a los problemas en los que fundamentan su posición.

Una primera cuestión que hay que discutir es la visión acerca del mercado laboral que legitima las propuestas de alargar la edad de jubilación y calcular la retribución sobre la base del conjunto de la vida laboral. El supuesto subyacente en su análisis es que la vida laboral de cada cual es un mero proceso de elección individual, que la gente se jubila cuando quiere. Pero, por lo que sabemos del mercado laboral, las cosas son bastante diferentes, y ello por razones diversas.

El empleo es más o menos estable en función del tipo de actividad que cada uno realiza, lo que a su vez guarda una estrecha relación con la posición social de cada cual, el género, la nacionalidad, etc. Algunos sectores de actividad están más sujetos a variaciones que otros, y, en general, las personas que ocupan muchos de los empleos de bajos salarios están más expuestas a experimentar períodos de desempleo que otras mejor situadas en la jerarquía social (especialmente porque, al diseñar estos empleos, las empresas tratan de cargar el riesgo y la variabilidad de muchas actividades sobre las espaldas y los bolsillos de la población asalariada más débil socialmente). Sabemos también que las ofertas de empleos a tiempo parcial o estacionales, característicos del mercado laboral femenino, están asociadas a esta misma lógica. Al final, lo que cada uno ha cotizado es el resultado de una vida laboral más o menos azarosa en la que las decisiones personales han tenido un papel secundario.

Asimismo, las condiciones de salud a las que uno llega a partir de los sesenta años son muy diferentes en función de la vida laboral anterior (incluida la doble presencia -en el espacio mercantil y en el doméstico- que, al menos hasta hoy, caracteriza a la experiencia vital de la mayoría de las mujeres). Propugnar que todo el mundo puede alargar de la misma forma su vida laboral hasta los 67 años es una muestra no sólo del clasismo que impera en la Academia económica, sino también del desconocimiento de los datos sobre salud que expresan una relación clara entre los años de vida y la experiencia laboral. Todo ello sin contar también con que, en el período final de la vida laboral, las personas experimentan desigualdades enormes en sus posibilidades de empleo: mientras que algunos pueden elegir libremente alargar la vida laboral (caso de los profesores de universidad) y otros negociar razonables sistemas de prejubilación (el personal de grandes empresas, especialmente en sectores como el financiero), a otros, en cambio, la pérdida del empleo les supone una vida de paro y precariedad en los años finales de su vida laboral mercantil...

Una política justa debería ser capaz de reconocer todas estas desigualdades y tratar de paliarlas, algo que podría hacerse de formas diversas: variando las edades de jubilación según los empleos y las condiciones objetivas, estableciendo medidas compensatorias (vía impuestos) en favor de los colectivos afectados por mayores alteraciones en el empleo, estableciendo escalas de pensión aceptables para todo el mundo... Unas propuestas que exigen no sólo intervenir en las políticas de jubilación, sino también reorganizar la vida empresarial y laboral. Se trata de algo que resulta evidente cuando se considera la necesidad de alcanzar una adecuada articulación entre actividad mercantil y actividad doméstica, adaptándolas a ciclos de vida y necesidades cambiantes y con el objetivo de reducir sustancialmente las desigualdades de género. O cuando nos planteamos que todo el mundo debe tener derecho a una vida social digna (de trabajo, relaciones sociales y participación social). O cuando, simplemente, nos planteamos la necesidad de introducir medidas justas en campos como la salud.

La estilización del mercado laboral de la que parten los defensores de una sola medida no es más que la proyección de sus condiciones de empleados académicos de elite a un mundo real mucho más diverso (y, para muchas personas, inhóspito). Sin duda, plantear políticas como las que propongo no sólo constituye una confrontación de clase, sino que obliga a cambiar la situación relativa de ciertos grupos de trabajadores, lo que puede generar tensiones y resistencias en el seno de las mismas organizaciones obreras. Por poner un ejemplo, computar toda la vida laboral en el cálculo de las pensiones empeora claramente la pensión de los empleados que han podido mantener un empleo a lo largo de su vida laboral (o que han experimentado una carrera ascendente), pero puede mejorar, en cambio, la pensión de aquel trabajador que ha perdido un “buen” empleo relativo y en los últimos años de su vida laboral ha tenido que sobrevivir en empleos peores.

Aunque las reformas se proponen con el claro objetivo de reducir el tamaño de las prestaciones y, por tanto, merecen un rechazo frontal, hay que aprovechar el debate para introducir mejoras que generen más equidad; como el reciente aumento de las cotizaciones de los autónomos, un sistema que en el pasado ha favorecido injustamente a los pequeños empresarios bajo la coartada de proteger a los trabajadores autónomos menos afortunados.

Tomémonos en serio el envejecimiento,

un éxito en gran medida de las sociedades modernas. Si muchos vamos a vivir más años y a partir de un cierto momento vamos a tener menos vigor laboral (aunque, insisto, posiblemente hay una enorme variedad de situaciones y, en parte, una posibilidad de reorganizar la vida laboral), es lógico que una parte mayor de la renta global se distribuya vía pensiones. El problema estriba en cómo organizar un nuevo sistema más igualitario, de distribución de la renta. Si la renta total sigue creciendo, ello significa que estaremos en condiciones de distribuir mayor producto entre todos. Si la renta se estanca o disminuye, a causa de la caída demográfica o simplemente porque la crisis ecológica impide mantener los niveles de destrucción/despilfarro actuales, seremos globalmente más pobres, y parece razonable que también en este caso la austeridad se reparta entre todos. Por esto parecería lógico que, cada vez más, las políticas distributivas se debatieran en su globalidad y no que, como se hace con el recorte de las pensiones, simplemente se obligue a un colectivo a cargar sin más con todo el ajuste. Esto es especialmente injustificado en España, un país que, pese a tener un porcentaje de población mayor de 65 años algo superior a la media de los países de la OCDE (el 25% frente al 24%), dedica a pensiones 3 puntos menos del PIB (el 9,2% frente al 12,3%), lo que supone que un porcentaje mayor de la población se reparte una menor proporción de la renta total. Creo que en el futuro va a ser difícil mantener el actual nivel de despilfarro productivo, aunque existen enormes posibilidades de racionalizar nuestro modelo de vida y alcanzar niveles de vida satisfactorios, pero precisamente por ello considero que debemos introducir el debate de la distribución general, que incluye no sólo las pensiones, sino también los salarios, las rentas del capital y los impuestos.

Hay otro aspecto del envejecimiento que se pasa por alto. Lo que ya sabemos es que en una sociedad envejecida no sólo se requieren más pensiones, sino también más trabajo, especialmente para atender a la franja de personas mayores, necesitadas de grandes dosis de cuidados. Se trata de una atención que hoy sigue cargándose injustamente sobre las mujeres (incluida la nueva “subcasta” de las inmigrantes pobres), una situación que debe generar un nuevo debate acerca de cómo cubrir estas necesidades sociales, de cómo repartir justamente esta carga de trabajo, de cómo garantizar un final de vida digno a todo el mundo. Algo que la Ley de Dependencia ha planteado sin resolver satisfactoriamente, y algo que exige también cambios en la esfera laboral, las políticas públicas y los roles de genero. También aquí los partidarios del ajuste desconocen o ignoran una dimensión básica de la cuestión.

Parar la ofensiva del recorte va a costar

. Lo hemos visto en Francia, en Alemania y en el Reino Unido. Y a pesar de todo hay que responder. No sólo con políticas defensivas del statu quo, sino también planteando alternativas que reconozcan la complejidad de los dilemas a los que hay que dar respuestas. Que planteen justicia, equidad frente a lo que en su mayor parte son brutales intereses crematísticos justificados por intelectuales de elite que nunca van a experimentar en carne propia los padecimientos que proponen como “medidas necesarias”.



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Envejecimiento, pensiones: contra el reduccionismo neoliberal
5 de novembre de 2010

Zapatero aplica recortes al gasto social, las pensiones y los sueldos

Al día siguiente de escuchar la recomendación de Barack Obama para que acometiera "medidas contundentes" y siguiendo las pautas del FMI, José Luis Rodríguez Zapatero anunció duros recortes sociales para acelerar la bajada del déficit.

13/05/2010 GARA

José Luis Rodríguez Zapatero se había comprometido con la UE a recortar adicionalmente el gasto público en 5.000 millones de euros este año y en 10.000 millones en 2011 y ayer anunció en el Congreso español las medidas con las que lo quiere conseguir. Dijo que los nuevos sacrificios resultan "imprescindibles". Reconoció que muchos ciudadanos no entenderán estas medidas impopulares, pero pidió un "esfuerzo nacional y colectivo".

Pero el esfuerzo recaerá sobre pensionistas, funcionarios y los servicios públicos. Así, eludió acometer una reforma fiscal para aumentar los impuestos de las rentas más altas. Dijo que podría abordar esa reforma "más adelante" y "con calma", porque ayer tocaba reducir gasto. Fuentes del Gobierno aseguraron a Efe que dicha reforma fiscal no está sobre la mesa.

El presidente reconoció además que el ajuste puede restar "algunas décimas" al crecimiento. La medida que supondrá un ahorro más cuantioso, de 2.400 millones en 2010, es la rebaja salarial de los funcionarios de las administraciones estatal, autonómicas y locales y de los empleados del sector público.

La bajada media este año será del 5%, proporcional a los ingresos, a la que se sumará la congelación salarial en 2011. En el Estado español hay 2.659.010 funcionarios, de los que 1.345.577 corresponden a la administración de las comunidades autónomas, 627.092 a la local, 583.447 a la estatal y 102.894 a las universidades.

En Hego Euskal Herria hay alrededor de 130.00 personas cuyo sueldo depende de las administraciones públicas. De ellas, unos 750.000 dependen de Lakua -Sanidad, Educación, Administración, Ertzaintza y diversas sociedades-; casi 30.000 dependen de las diputaciones, y otros 25.000 de la Administración navarra. Su incremento salarial está vinculado al pactado en el Estado aunque suele verse aumentado por pluses en otras pagas. Según los convenios firmados este año, en la Administración de la CAV se preveía un incremento del 0,8% para este año y un IPC+0,5% para 2011. En Nafarroa el convenio recoge cláusulas de revisión salarial para no perder poder adquisitivo.

La consejera de Administración Pública de Lakua, Idoia Mendia, pidió "tranquilidad" a los funcionarios y aseguró que la Administración autonómica es "solvente". Afirmó que estudiará los recortes "con serenidad" para ver de qué modo la CAV puede contribuir a ese "esfuerzo".

En Nafarroa, el presidente Miguel Sanz reconoció que se seguirán algunas medidas, como las de función pública, pero confió en que el TAV no se vea afectado por el descenso en las inversiones. Su consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, dijo desconocer cómo se tendrá que aplicar ese recorte del 5% de los salarios de los funcionarios, ya que las retribuciones de los empleados ya están pactadas en el convenio en vigor y su coste está recogido en los presupuestos. Añadió que la supresión del denominado cheque-bebé supondrá que las aproximadamente 7.000 mujeres que cada año dan a luz en Nafarroa dejarán de percibir unos 17 millones de euros y la congelación de las pensiones contributivas representará en el herrialde unos 20 millones de euros. En cambio, respecto al TAV, Miranda apeló a que "existe un contrato firmado con el Estado" y anunció que "Navarra cumplirá su parte".

Según el recorte anunciado, las pensiones contributivas se revalorizarán este año pero se congelarán en 2011, poniendo fin a 25 años de subidas garantizadas por ley. De 8,5 millones de pensionistas, unos 6 millones se verán afectados, ya que no se tocarán las pensiones mínimas ni las no contributivas. El Gobierno quiere ahorrar así 1.500 millones. Además, los nacimientos que se produzcan a partir del 1 de enero de 2011 no se beneficiarán de los 2.500 euros del cheque-bebé.

El Ejecutivo, que espera un ahorro adicional de 1.200 millones por parte de las comunidades y los ayuntamientos, reducirá por otra parte las inversiones del Estado en 6.045 millones en esos dos años, lo que supondrá retrasos en proyectos de obras públicas e industria.

El recorte en 600 millones de la ayuda al desarrollo, la eliminación de la retroactividad en las prestaciones por dependencia -que ahora se cobran desde que se solicitó la ayuda-, o una nueva reducción del gasto farmacéutico mediante la bajada de los precios de los medicamentos no genéricos o la racionalización de las dosis completan las medidas anunciadas para recortar el gasto.

Rechazo y apoyos

Zapatero aseguró que sólo ha acelerado un plan ya previsto tras comprobar la semana pasada que los mercados atacaban a los países con mayor déficit como el Estado español y Portugal.

Los partidos de la oposición, los sindicatos, los pensionistas, los consumidores y la mayoría de colectivos relacionados con la sanidad, la educación, los mayores y la familia rechazaron las medidas. El sindicato de funcionarios CSI-CSIF anunció una huelga general.

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, aseguró que los recortes van en la línea de lo pedido por los empresarios "desde hace tiempo", y lamentó que no se hayan tomado antes. Confebask dijo que "aunque puedan ser dolorosas, son absolutamente necesarias" y pidió además "reformas estructurales de calado" en el mercado laboral y en el sistema de pensiones. El presidente de BBK, Mario Fernández, opinó que "parece que por primera vez se está actuando en la buena dirección".

El FMI consideró que las medidas anunciadas son "el mejor camino para reforzar la confianza de los mercados".

Las 9 medidas

Funcionariado. Reducción media del 5% en el sueldo para 2010 y congelación para 2011 con la rebaja consolidada. En el Estado español hay 2.659.010 funcionarios, de los que 1.345.577 corresponden a administraciones autonómicas; 627.092 a la local; 583.447 a la estatal; y 102.894 a las universidades. En Hego Euskal Herria hay alrededor de 130.000 empleados públicos: unos 75.000 dependen de Lakua, 30.000 de las diputaciones y 25.000 de la Administración navarra.

Pensiones. No habrá revalorización de las pensiones en 2011, salvo para las no contributivas y las mínimas. Hasta ahora, la ley obligaba a actualizar las pensiones según la variación anual del IPC.

Jubilaciones. Se elimina el régimen transitorio para acceder a la jubilación parcial. Ahora será obligatorio haber cumplido 61 años, tener 30 años de cotización y 6 años de antigüedad en la empresa. La reducción máxima de la jornada será del 75%.

Cheque-bebé. Se elimina la prestación de 2.500 euros por nacimiento desde el 1 de enero de 2011. La ayuda fue aprobada en noviembre de 2007, cinco meses antes de las elecciones en las que Zapatero fue reelegido. En 2008 supuso un desembolso para el Estado de 1.233 millones.

Dependencia. Se elimina la retroactividad en el cobro de la prestación prevista en la Ley de Dependencia. Hasta ahora, junto a la primera mensualidad se pagaba una cantidad equivalente al número de meses transcurridos desde la solicitud.

Medicamentos. El número de unidades en los envases se adecuará a la duración de los tratamientos. Será posible dispensar unidosis.

Inversión pública. Reducción de 6.045 millones de euros entre 2011 y 2012. Para 2010 ya se había recortado en 5.000 millones. Afecta especialmente al Ministerio de Fomento.

Ayuda al desarrollo. Reducción de 600 millones de euros entre 2010 y 2011.

CCAA y ayuntamientos. Se les asigna un ahorro global de 11.200 millones de euros para 2010. En enero se había establecido en 10.000 millones.

 
7 de juny
Mano Negra & Manu Chao - Sidi Hbibi (Live) Bayonne (France) 2008 More than a concert... in a big venue or an intimate dive, the equation is sure to be the same: Manu Chao are an explosive cocktail an explosion of joy.

concepció&disseny: miquel garcia "esranxer@yahoo.es"