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dijous 15 d'abril de 2010
Justicia Climática
Megaproyectos en la Amazonía: desarrollo, exclusión, capitalismo y militarización
Joanna Cabello

La construcción de hidroeléctricas a gran escala en la amazonía, junto con un proyecto que intenta modificar la Ley sobre Desplazamientos Internos en el Perú, amenaza a comunidades y territorios campesinos e indígenas así como la biodiversidad de la zona. Los intereses económicos con modelos de dominación, una vez más, son impuestos delante de los pueblos y la justicia social.

Las supuestas soluciones que se vienen discutiendo en las negociaciones sobre el cambio climático, en las Naciones Unidas y otros foros económicos, han convertido la crisis climática en una oportunidad de negocio a muchos niveles. En este sentido, la explotación del potencial hidro-eléctrico a gran escala está nuevamente creando serios conflictos sociales. La energía renovable hace referencia a que su fuente no es finita, sin embargo, sostenibilidad ambiental y justicia social no son parte de su definición, como lo confirman las recientes movilizaciones en el Perú en contra de la construcción de seis hidroeléctricas en la Amazonía. A pesar de esto, en las negociaciones climáticas, discursos gubernamentales y campañas corporativas, se habla de energías renovables como si sus impactos fueran invisibles.

Muchos temas deben ser debatidos para retar este ’boom’ de megaproyectos hidroeléctricos que visten una máscara de ’alternativa sostenible’ para el cambio climático. Los serios impactos generados por su construcción y funcionamiento han sido largamente documentados1. Algunos incluyen fuertes desplazamientos forzosos de personas y poblados, invasión de áreas protegidas y territorios indígenas, cambios locales económicos, culturales y sociales, inundación de tierra fértil, deforestación, eliminación de biodiversidad, navegabilidad y alteración del sistema hidrológico. Al mismo tiempo, las grandes hidroeléctricas producen cantidades significativas de gases de efecto invernadero debido a la emisión de metano y dióxido de carbono causada por la descomposición en los embalses de plantas acuáticas, algas y materia orgánica, sobre todo en las zonas tropicales2.

Este es el caso del Tratado de Integración Energética que Perú y Brasil acordaron en el 2009, dentro del cual se pactó la construcción de seis centrales hidroeléctricas a gran escala en el territorio peruano afectando directamente a varios pueblos indígenas y extensas áreas de cultivos y bosques. Su construcción, operación y explotación se ha concedido a un consorcio brasileño llamado ’Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur SAC (EGASUR)’, conformado por las empresas estatales Electrobras y Furnas y la empresa constructora OAS. Brasil está promoviendo y financiando estas obras con la pretensión de comprar el 80% de la energía generada.

La hidroeléctrica en el río Inambari fue la primera en la lista. Con una potencia de entre 2 y 2.5 gigawatts (GW), será la represa más grande del Perú y la quinta en América Latina. Localizada a 300 Km. de la frontera con Brasil, entre los departamentos de Cusco, Puno y Madre de Dios en Perú, esta construcción afectaría 460 kilómetros de extensión y, sobre todo, se llegarían a inundar cerca de 45 mil hectáreas de bosque. Incluso, una de las zonas afectadas sería la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene4. Por su lado, Electrobras ha informado5 que este marzo culminará el estudio de factibilidad de la hidroeléctrica en donde también se definirán las ’compensaciones’ que debe pagar la empresa para mitigar el impacto ambiental que generará la construcción. No hubieron declaraciones referentes a impactos sociales.

Frente a esto, a principios de marzo último, 27 centros poblados afectados por la hidroeléctrica realizaron una protesta de 48 horas en el departamento de Puno, bloqueando las principales vías de acceso a la ciudad y exigiendo su derecho a la consulta previa6. Asimismo, la Federación Nativa de Madre de Dios, FENAMAD7, expresó su rechazo al proyecto ya que " generará migraciones masivas forzadas " en los poblados y comunidades indígenas aledañas.

Otra hidroeléctrica que forma parte del Tratado, ubicada en medio de la selva central de Puno, Paquitzapango, ya está realizando estudios de factibilidad en la zona. En este caso, la Central Ashaninka del Río Ene (CARE)8 ha denunciado no haberse realizado las obligatorias consultas previas con las comunidades indígenas -que deben realizarse antes del proceso de evaluación. La construcción de esta represa, de 165 metros de altura, también amenaza con inundar grandes extensiones de tierras, en este caso, tierras Asháninkas a lo largo de las laderas del río Ene9.

Por su lado, el gobierno peruano de Alan García -el cual confronta serios conflictos sociales con los pueblos amazónicos debido a unos decretos legislativos sacados en el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos que intentan disponer de más tierras indígenas y campesinas para la explotación de hidrocarburos-, vuelve una vez más con la misma represión y criminalización de los movimientos sociales, para beneficiar esta vez a las grandes hidroeléctricas. Siguiendo este patrón, en febrero último, el ejecutivo presentó al congreso un proyecto de ley con el que se busca modificar el artículo 8º de la Ley sobre los Desplazamientos Internos10. Esta modificación intenta facilitar el desplazamiento de población que se produjese "a causa de proyectos de desarrollo a gran escala justificado por un interés público superior o primordial"11. Así como lo lee.

Habría que preguntarle al gobierno peruano cual sería exactamente este interés público superior o primordial, así como de qué tipo de desarrollo está hablando y para quienes. Es así como el dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Saúl Puerta Peña, afirmó que "con este proyecto el gobierno demuestra que hace oídos sordos a los pedidos de la Amazonía y no duda en provocar la violencia. Es del gobierno de donde nace la violencia, primero trató de imponer los decretos legislativos y ahora quiere entrar por otro lado".12 Precisamente el interés de fondo se manifiesta en la obsesión del estado peruano por privatizar los recursos naturales y energéticos con un discurso ’modernizador’ de la mano de una fuerte militarización y criminalización de la protesta y oposición, pasando por encima de los derechos fundamentales y autonomía de pueblos campesinos e indígenas. Esta concepción de desarrollo con supuestos de mercado neoliberales reduce a la Amazonía a cifras y posibilidades de lucros. Siguiendo esta perspectiva, la Amazonía debe ser colonizada, ’civilizada’ y por ende, dominada. Sin embargo, sus pueblos y organizaciones de base se vienen levantando mientras articulan una política de oposición cada vez más fuerte.

Las demandas de autonomía por comunidades y pueblos para decidir sobre sus propios futuros se enfrenta a los antagónicos intereses corporativos y de los sistemas hegemónicos de poder, principalmente cuando son las tierras y recursos los que ahora cobran un más alto valor capitalista a través de sistemas como el comercio de carbono, el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD), o mercados de carbono voluntarios. Estos sistemas le permiten a los grandes contaminantes a seguir sus prácticas sucias mientras que ’compensen’ sus emisiones de gases de efecto invernadero con proyectos de ’desarrollo limpio’ en otro lado. En la práctica, los sistemas de compensación en su mayoría, producen grandes impactos medioambientales y contaminación local a la vez que despojan a pueblos y comunidades de sus tierras y formas de vida13.

Por su lado, este Tratado Energético se encuentra inmerso en acuerdos mayores de ’modernización’ regional como lo afirmó Miguel Palacín, de la Coordinadora Andina de las Organizaciones Indígenas (CAOI), durante la conferencia preparativa de los pueblos sobre cambio climático en Bolivia, "algunas empresas viven de crear hidroeléctricas, de los monocultivos, de la minería, etc. En América del Sur, eso está acompañado de la IIRSA (Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), a través de la cual los gobiernos y empresas están comprometidos con esos proyectos que van a dividir a las comunidades con carreteras y que tendrán un gran impacto ambiental"14

El IIRSA comprende a todos los países de Sudamérica e incorpora inversiones en carreteras, ferrocarriles, hidrovías y redes de distribución de energía eléctrica. Las redes camineras y de distribución energética atravesarán la Amazonia, mientras que las hidrovías abrirán extensas áreas de la Amazonía occidental al comercio. La energía hidroeléctrica es un componente importante de la cartera de inversiones de este acuerdo. La IIRSA está regida por un Comité de Dirección Ejecutiva, con representantes de cada uno de los doce países integrantes, y un Comité de Coordinación Técnica, con representantes de tres organismos regionales de financiamiento: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FFDCP)15.

Coincidentemente, el BID, en colaboración con el Banco Mundial, también provee asistencia técnica para las empresas que quieren acceder al mercado de créditos de carbono16. Este banco ha aprobado este año 33 nuevos préstamos para ’proyectos verdes’ en los sectores público y privado por un total de más de US$ 3,500 millones17. Frente a esto, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, presentó ante el BID el informe: "Grandes Represas en América, ¿peor el remedio que la enfermedad?", con el objetivo de evidenciar y denunciar la vinculación entre los serios impactos ambientales y la violación a los derechos humanos y pueblos indígenas que las grandes represas pueden causar, para así motivar la implementación de proyectos de energía adecuados en la región18.

En consecuencia, no sólo los países del sur están endeudándose por implementar proyectos a gran escala que afectan a comunidades locales y al medioambiente, pero con los actuales incentivos perversos alrededor del mercado de carbono, estos proyectos también le pueden permitir a los grandes contaminantes -quienes son los principales causantes de calentamiento global- a seguir sus mismas sucias prácticas y retrazar cualquier transformación real en las formas de producción y consumo energético que tan urgentemente necesitamos.

Las resistencias indígenas y luchas sociales de base alrededor del mundo luchan por mantener sus espacios de autonomía colectiva y detener esta (neo)colonización vestida de verde, la cual guiada por los mismos actores e intereses aferrados al poder y la acumulación, les está despojando de sus tierras y formas de vida. Sus culturas, enraizadas en el tema de derecho de tierras, son un aspecto clave en la lucha ya que se definen en directa oposición al modelo neoliberal capitalista. Si se tomaran las políticas indígenas seriamente, éstas presentarían un cambio transformador frente a este modelo económico-político que beneficia a pocos, es decir, una real alternativa de cambio. Es así como es desde las luchas sociales donde una transformación real puede ocurrir. Concordando con lo que el luchador social Hugo Blanco afirma, "una tarea fundamental de los revolucionarios anticapitalistas, debe ser la solidaridad con las luchas indígenas en defensa de la naturaleza y en la construcción de la nueva sociedad".

http://www.carbontradewatch.org



 
concepció&disseny: miquel garcia "esranxer@yahoo.es"