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dilluns 31 de gener de 2011
La (contra)reforma de las pensiones
José María Zufiaur, Ex-dirigente de UGT y actual miembro del Consejo Científico de ATTAC España

De la contrarreforma de las pensiones que pretende sacar adelante el Gobierno quiero destacar cinco de sus características:

1) únicamente se enfoca desde el lado del recorte de los gastos, nunca mediante medidas que aumenten los ingresos, ni siquiera respetando los compromisos adquiridos por el Gobierno sobre financiación de los complementos de mínimos mediante aportaciones del Estado;

2) no está fundamentada en datos que sea públicos y que, por tanto, se puedan debatir públicamente;

3) no aporta previsiones de cómo van a afectar las reformas que se quieren hacer a la cuantía de las pensiones futuras;

4) no contempla las variadas situaciones de la población que inciden en la equidad del sistema de pensiones: diferencias de esperanza de vida, tipos de trabajo, incidencia sobre las carreras de pensión de los trabajos precarios o de la discontinuidad laboral de muchas mujeres debidas a responsabilidades extra-laborales, etc;

5) se pretende adoptar mediante un procedimiento sumario (antes de final de año) lo que supone impedir un debate real sobre uno de los pilares esenciales de nuestro modelo social.

En este y en próximos artículos abordaré materias que el Gobierno - y todos los actores implicados - deberían de tener en cuenta a la hora de debatir sobre el futuro de nuestro sistema de pensiones y que, sin embargo, su proyecto de contrarreforma no plantea. Por el momento me referiré a dos de ellas.

La primera tiene que ver con el esfuerzo para lograr que aumente la tasa de empleo de los trabajadores mayores de 55 años. Si dicha tasa aumentara, pongamos por caso en 15 o 20 puntos, los ingresos de la seguridad social se incrementarían en una proporción significativa y los gastos de la misma se reducirían de igual manera. Algunos reconocidos expertos han señalado que conseguir que los trabajadores prolongaran dos años más su vida activa real (la media efectiva de jubilación es, en nuestro país, de 63 años y diez meses, una de las más altas de Europa) hasta alcanzar la jubilación a la edad establecida para tener derecho a la pensión completa, 65 años, sería mucho más efectivo para el sostenimiento del sistema de pensiones que retrasar dos años - de 65 a 67 - la edad de jubilación.

La experiencia finlandesa aporta datos muy esclarecedores al respecto. Finlandia es uno de los países de la UE más afectados por el desequilibrio demográfico. Según las previsiones de la Comisión Europea, en los próximos veinte años este país nórdico alcanzará la tasa más elevada de personas mayores de la UE. Bajo el lema “la experiencia es un patrimonio nacional”, Finlandia ha logrado que la tasa de empleo de los trabajadores con edades entre 55 y 64 años haya pasado del 34%, en 1995, al 55,5% en 2009. La clave de tales resultados se resume en 7 medidas.

En primer lugar, en vez de aumentar obligatoriamente la edad de jubilación, optar por la flexibilidad voluntaria, permitiendo a los activos jubilarse entre los 63 y los 68 años, aunque es posible jubilarse anticipadamente a partir de los 62 años de edad. Segundo, primar la prolongación voluntaria de la edad de jubilación: los que trabajan hasta los 68 años ven mejorada en un 23% su pensión, en comparación con los que se jubilan a los 63 años. Tercero, endurecer los requisitos para las prejubilaciones. Cuarto, establecer programas de formación dirigidos a dirigentes empresariales, con la finalidad de hacerles comprender la necesidad de cambiar de actitud respecto al envejecimiento de los trabajadores: un empresario de la construcción ha afirmado que gracias a tal cambio de óptica la edad media de jubilación en su empresa ha pasado de 58,5 a 62 años, sin que la productividad se haya resentido, al tiempo que las bajas por enfermedad se han reducido a la mitad.

En quinto lugar, los finlandeses han centrado su esfuerzo en mejorar las competencias de los trabajadores de más edad y redefinir y adaptar sus puestos de trabajo. Sexto, han bombardeado a los medios de comunicación con datos de todo tipo a lo largo de varios años para convencerles de lo acertado de tal estrategia. En fin, la clave del método finlandés ha sido apostar por la mejora del ambiente y de las condiciones de trabajo. Consideran que esa es la clave para que los trabajadores puedan y quieran prolongar su vida laboral. De hecho, la siguiente fase del programa consiste en apostar por el bienestar en el trabajo a lo largo de toda la vida laboral y no sólo, como en la primera fase, en los últimos años de vida activa. A tal efecto, Finlandia ha elaborado un “índice de capacidad profesional” que recoge, al mismo tiempo, la salud física, el desarrollo de competencias profesionales y las nociones de comunidad profesional y de ambiente de trabajo. Un índice absolutamente novedoso en el campo de las condiciones de trabajo. Complementaria de la experiencia finlandesa es la conclusión de la muy prestigiada revista médica Lancet. En su número de diciembre de 2008 publicó un artículo, “Inequalities in healthy life years in the 25 countries of the European Union in 2005” (Vol. 372, nº 9656)), en el que se sostiene que más determinante que la esperanza de vida en el nacimiento es, para el debate sobre las pensiones, la esperanza de vida sin limitación física o mental mediana o fuerte a los 50 años. Es decir, de cuántos años de vida sin limitaciones importantes va a disponer un trabajador a partir de los cincuenta años. En el conjunto de Europa, tal perspectiva se sitúa por debajo de los 20 años. Dicho de otra forma, los trabajadores, en media, estarán limitados para el trabajo antes de cumplir 70 años.

Para los autores de la revista científica mencionada, esta variable demográfica es esencial para valorar la equidad de las reformas de pensiones. En la medida en que la edad para acceder a una pensión completa se sitúe más cercana al límite fisiológico actual, mayor riesgo existe de afectar a una parte de la población que encontrará grandes problemas para poder seguir trabajando hasta la jubilación. También por razonamientos médicos, en suma, se puede llegar a la conclusión de que las reformas que se quieren llevar a efecto pueden desembocar en parados más viejos en lugar de en pensionistas más viejos.

Por otra vía, la medicina llega a la misma conclusión que los responsables políticos finlandeses. Retrasar obligatoriamente la edad de jubilación no puede ser eficaz si no se mejora el estado de salud de los mayores de 50 años. Lo que, sin duda, pasa por los avances en la medicina, pero también por una profunda mejora de las condiciones de trabajo y un cambio en las políticas de recursos humanos. Cambios que, se insiste, tienen que empezar a aplicarse desde el inicio de la vida laboral y no a partir de cumplir la cincuentena.

Una segunda materia que tiene mucho que ver con el futuro de la pensiones es la que afecta a la continuidad de la vida laboral de las mujeres. Uno de los mayores especialistas europeos en protección social, Gosta Esping-Andersen, ha afirmado recientemente que la primera medida para asegurar las pensiones debería de consistir en crear guarderías. Es decir, hacer posible que las mujeres completen una carrera laboral equivalente a la de los hombres. Actualmente, las pensiones de las mujeres que trabajan son, en general, inferiores en un 40% a las de los hombres. Esping-Andersen ha demostrado matemáticamente que los ingresos para el Estado de una mujer con dos hijos que se mantiene en el empleo, salvo durante el permiso de maternidad, gracias a las ayudas del Estado (en guarderías y escuelas maternales) son superiores a los gastos que estos apoyos ocasionan. De esta forma, la continuidad de las carreras profesionales de las mujeres contribuye a la sostenibilidad del sistema de pensiones. De hecho, mientras que en Suecia continúan trabajando el 66,7% de las mujeres con edades comprendidas entre 55 y 64 años, sólo un 36,6% lo hacen en Francia, un 32,3% en España y un 25,4%% en Italia. Ello no depende solamente de tener alternativas a la atención de personas dependientes sino también del acceso al empleo y de la tasa de ocupación de las mujeres. Pero ambas cuestiones son esenciales para asegurar el futuro de la seguridad social con buenas pensiones.

¿Se contemplarán estas cuestiones en la contrarreforma laboral que prepara el Gobierno?

La (contra)reforma de las pensiones (II)

Los sistemas públicos de pensiones de reparto (así llamados porque se basan en la solidaridad colectiva y no en la capitalización individual) forman parte del contrato social de los países europeos. Son la expresión del grado de solidaridad de cada sociedad y se basan en un pacto inter-generacional: los que están trabajando, en el más amplio sentido, se hacen cargo de los que trabajaron anteriormente. Dicho de otra manera, los jóvenes de hoy son los que van a pagar, con sus cotizaciones, es decir, con su salario diferido, las pensiones de los viejos de mañana.

Para que tal pacto intergeneracional funcione, es esencial que los ciudadanos tengan confianza en el futuro del sistema de pensiones. Y que cualquier reforma que se plantee cuente con el más amplio debate y un gran consenso social.

No es, por tanto, extraño que los más interesados en crear alarma sobre el futuro de las pensiones sean las entidades financieras, que tienen un gran interés en el debilitamiento (y, si fuera posible, en la eliminación) del sistema público de reparto para, de esta manera, incrementar el espacio de los fondos privados de pensiones. Estas entidades son quienes financian reiteradamente estudios para tratar de “demostrar” la inexorable quiebra del sistema. Estudios prospectivos que nunca aciertan. Si sus predicciones hubieran sido acertadas, nuestro sistema público de pensiones ya habría quebrado en varias ocasiones a lo largo de los últimos quince años. De momento, sin embargo, sigue con superávit. Mientras tanto, los fondos privados han conocido pérdidas en los últimos años, como consecuencia de la crisis, pérdidas de cerca de un 30% en el conjunto de la OCDE.

A tales propagadores de los peligros que acechan a las pensiones públicas y silenciadores del desastre que sufren las privadas - siempre disfrazados de expertos imparciales defensores del futuro de las pensiones - no les gusta ni el debate ni el consenso sobre el futuro de nuestras pensiones. Defienden que las medidas sean decididas por un grupo restringido de expertos (casi siempre, directa o indirectamente, subvencionados por las entidades financieras), desconfían de las decisiones políticas (siempre, según ellos, contaminadas por la opinión pública y las elecciones) y no les gustan tampoco los consensos sobre la materia. Como muestra, dos botones. Recientemente, los economistas de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada, financiada, en su mayor parte, por los grandes bancos y otras entidades financieras) reclamaba que la reforma de las pensiones fuera una decisión técnica y no política. Y el anterior Jefe de la Oficina Económica del Gobierno y actual Presidente de SEOPAN, la patronal de la construcción, David Taguas, demandaba que las pensiones, y desde luego la suya, no fuera objeto de ningún consenso fuera del ámbito parlamentario. Como se recordará, en 2006 en un difundido artículo de la revista “Panorama Social” de FUNCAS, éste venía a proponer la introducción progresiva dentro del sistema de pensiones de un tramo de capitalización individual y gestión privada.

Tales manifestaciones contrarias al acuerdo con los sindicatos no sólo atentan contra la más elemental prudencia política, sino que ignoran también que nuestra Constitución y algunas normas internacionales sobre seguridad social, ratificadas por España, contemplan la participación sindical en aquellas cuestiones que afecten a la calidad de vida o al bienestar general.

Otra característica de este tipo de probos “defensores” de nuestras futuras pensiones es que no aplican para ellos lo que exigen para los demás. Así, el dictador Pinochet cuando acabó en Chile con el sistema público de pensiones e implantó el sistema de capitalización (que ha devenido en un desastre monumental) se guardó muy bien de no aplicarlo a los militares, quienes continuaron con su anterior sistema de reparto. A su vez, el Sr. Goirigolzarri, ex Consejero Delegado del BBV - entidad que se ha distinguido por la realización de estudios prospectivos para tratar de demostrar la inminente quiebra del sistema público español de pensiones - abandonó su cargo con una pensión diaria de 9.000 euros, 3 millones al año. Una pensión calculada no sobre toda su vida laboral, ni siquiera sobre sus veinte últimos años de trabajo, sino sobre su salario de los dos últimos años. Más prosaico, pero igualmente contradictorio con lo que dicta a los demás, es lo que hace el Fondo Monetario Internacional con sus funcionarios: pueden retirarse a los 25 años de trabajo cobrando pensiones de unos 160.000 euros anuales, la totalidad de sus últimos salarios en activo (Navarro, Sistema digital, 2010).

Pero si ese es el “modus operandi” de los interesados en el debilitamiento de las pensiones públicas, una actitud muy distinta debería adoptar el Gobierno de la nación. Una actitud de explicación fundamentada. Una actitud de búsqueda de consenso. Una actitud de abordar la reforma de las pensiones en toda su complejidad. De momento, nuestro Gobierno no ha adoptado ninguna de las tres.

Siguiendo con el método iniciado en mi anterior artículo, pretendo plantear en éste otras tres cuestiones que deberían, a mi entender, formar parte del debate sobre el futuro de las pensiones.

En primer lugar, es imprescindible que el Gobierno explicite y fundamente su propuesta. Y la someta al debate público y a la negociación con las fuerzas políticas y con los interlocutores sociales. En Francia, la oposición socialista ha demandado que la reforma de las pensiones se realice por consenso o que, en su defecto, tal materia forme parte de los programas de los partidos en las próximas elecciones generales.

Fundamentar su propuesta debería de suponer, como mínimo, establecer escenarios no trucados que expliquen los factores de riesgo del sistema de pensiones: la mayor parte de los estudios prospectivos de las pensiones minusvaloran algunas variables: el empleo no crece en treinta años, el crecimiento del PIB y del PIB per cápita no supera el 1% de media anual en varias décadas, la natalidad permanece invariable de aquí al año 2050, etc. Así mismo, implicaría cuantificar (como ha hecho el gobierno francés) el ahorro de cada una de las medidas que se proponen. Y argumentar por qué no se recurre, en su caso, a otras formas alternativas de financiación.

También tendría que explicitar la pérdida que las medidas que pretende adoptar suponen para las futuras pensiones. Según un estudio de octubre de 2010 - Díaz-Giménez y Díaz-Saavedra: “The Government’s Proposal for the Spanish Pension System: A Quantitative Análisis” - aumentar cinco años el cálculo de la base reguladora reduciría la pensión media de jubilación un 6%. Si a ello se añade la ampliación de la edad de jubilación a 67 años, la reducción de la pensión media sería del 10%; y si a la ampliación de la edad de jubilación se le sumara un cálculo de la base reguladora no de veinte años sino a toda la vida laboral, la pensión media de jubilación se rebajaría en un 26,4%.

Es ilustrativo, en este último supuesto, la explicación que proporciona el estudio sobre las razones que inciden en esa caída de la pensión media en más del 26%: 1) porque las rentas salariales son menores a edades más tempranas; 2) porque al retrasar la edad de jubilación la renta salarial también disminuye a edades más avanzadas, dado que los trabajadores reducen su oferta de trabajo en esas edades; 3) porque el retrasar la edad de jubilación hace que más personas se jubilen anticipadamente y, por lo tanto, más personas sufren penalización por hacerlo.

En segundo lugar, como sostiene el sociólogo francés Robert Castel, a la hora de realizar una reforma justa y equitativa del sistema de pensiones, tan importante como la ampliación de la esperanza de vida es tener en cuenta los extraordinarios cambios producidos en el universo de los trabajadores.

Se ha producido, en efecto, una auténtica explosión entre los asalariados. El mundo de los trabajadores se ha diversificado de manera nunca conocida en el pasado. Un mundo en el que siguen existiendo actividades penosas propias de la primera mitad del siglo XX. A las que actualmente se añaden otras que producen estrés y nuevas enfermedades profesionales. Y hasta, de forma creciente, suicidios y muertes debidas al trabajo.

Pero también existen actividades laborales, a todas las escalas del universo asalariado, gratificantes. De tal manera que unos trabajadores necesitan, por ejemplo, jubilarse a los 55 años y otros pueden y desean seguir trabajando hasta los 70 o más años.

La edad no debería ser, por tanto, la variable fundamental para definir la duración de la vida laboral. Tratar de homogeneizar a todos mediante una determinada edad de jubilación no responde en absoluto a la complejidad de la nueva realidad laboral y es fuente de incremento de las desigualdades y de las injusticias en el trabajo.

En tercer lugar, el debate sobre el futuro de las pensiones habría de tener en cuenta la situación de los jóvenes. Con las reformas que se anuncian, los jóvenes van a pagar por partida doble o triple. Con la ampliación de la edad de jubilación o de los años para tener derecho a una pensión completa tendrán que trabajar más años. Lo que parece una quimera teniendo en cuenta la edad en que entran a trabajar los jóvenes y la edad en la que están saliendo del mercado de trabajo los mayores. Además, en el mejor de los supuestos, trabajarán más años para cobrar una pensión inferior.

A ello hay que añadir que, por lo menos en época de crisis y a nivel microeconómico, la ampliación de la vida laboral de los mayores puede taponar el acceso al empleo de los jóvenes. Aunque el aumento de la tasa de empleo de los mayores no implica necesariamente menos posibilidades de empleo para los jóvenes. De hecho, es al revés en el conjunto de países que integran la OCDE: los que tienen una mayor tasa de empleo de los mayores son los que también tienen una tasa de empleo de jóvenes más alta. Pero cuando la economía no crece, y esta es la situación actual que puede prolongarse, entonces sí hay menos posibilidades de que los jóvenes encuentren empleo si se pretende prolongar la edad de jubilación. Salvo que por otra vía, la de la reforma laboral, las empresas despidan a los trabajadores mayores para contratar a los jóvenes, mejor formados y con menores cargas sociales.

En conclusión, hay muchos factores que demandan una adecuación y reforma de los sistemas públicos de pensiones. Pero no hay una única manera de hacerlo. La que únicamente se basa en el recorte sólo garantiza la pauperización de las pensiones, el aumento de las desigualdades, sobre todo entre los sectores más vulnerables, como las mujeres y los jóvenes, y el aumento del negocio de los gestores de fondos privados de pensiones.



 
3 d'abril
Villares, R. - Bahamonde , A. El Capital en su contexto, El mundo contemporáneo. Siglos XIX Y XX (audiolibro mp3) 25 enero, 2013
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