logo_mrg

 

 
dimecres 26 de gener de 2011
Polémica fotovoltaica
ENERGÍAS RENOVABLES
El Congreso convalida el plan del gobierno contra el déficit eléctrico

El Congreso de los Diputados ha aprobado el plan del Ministerio de Industria para resolver el problema del déficit de tarifa del sistema eléctrico. Sus señorías han votado a favor del Real Decreto-Ley 14/2010, ése que el consejo de ministros aprobó el pasado 23 de febrero y se publicó en el BOE el día de Nochebuena. La situación en la que quedan las instalaciones fotovoltaicas ha sido la discrepancia más evidente.

Los votos socialistas, insuficientes para conseguir la convalidación de la norma, han contado con el apoyo de nacionalistas vascos y catalanes. El PNV ha votado sí, y CiU se ha abstenido. De los 344 diputados presentes, 175 han votado a favor, 12 en contra y 157 se han abstenido. Entre las abstenciones está la del Partido Popular que ha mostrado su rechazo al Real Decreto-Ley y ha intentado que se tramitase como un Proyecto de Ley para que se posibilitara el debate parlamentario sobre las medidas que contiene. No lo ha conseguido porque 175 diputados han votado en contra, 160 se han mostrado favorables y 9 se han abstenido. Nuevamente socialistas y nacionalistas han hecho frente común.

El RD-L persigue que el sistema eléctrico ahorre de 4.600 millones de euros en tres años mediante la asunción por parte de las compañías de un peaje a la producción, de los planes de eficiencia y del bono social. Así se intenta acabar con el déficit de tarifa de aquí a 2013. En defensa de las diferentes medidas el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha asegurado que “evitarán subidas desmesuradas de la tarifa eléctrica”.

Polémica fotovoltaica

El pleno del Congreso no ha sido ajeno a la polémica que desde hace semanas ha provocado en el sector fotovoltaico las medidas contenidas en el Real Decreto-Ley. La norma establece que durante tres años las instalaciones fotovoltaicas cobrarán la prima por 1.250 horas de producción. Toda la generación que exceda ese tope sólo percibirá el precio de mercado. Esta decisión, en la práctica, supone un recorte medio de un 30%. A cambio, las instalaciones prolongarán el cobro de la prima hasta los 28 años, en lugar de hasta 25.

Las asociaciones fotovoltaicas consideran que este recorte es retroactivo porque cambia las reglas del juego marcadas por el gobierno en la anterior legislación. Miguel Sebastián ha negado la mayor ha afirmado que “no es retroactivo ni pone en riesgo la rentabilidad de las instalaciones”, y lo ha calificado de “temporal, razonable, proporcionado, necesario y garantizará el futuro del sistema”.

Refinanciar las plantas

El Ministro de Industria ha manifestado su disposición a retomar el diálogo con el sector (los últimos contactos fueron a finales de julio) y el mantener contactos con la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) para que los promotores con dificultades puedan acceder a nuevas líneas de crédito. “Somos conscientes” -ha admitido Sebastián- “de que la medida puede exigir en algunos casos inyecciones de liquidez a proyectos, y desde el Gobierno queremos facilitarlo y evitar dificultades coyunturales de liquidez que generen problemas a inversores solventes”. También ha afirmado que “nada hay más lejos que la intención de buscar un quebranto para las instalaciones fotovoltaicas”.

Con el apoyo de CiU y PNV

Los grupos nacionalistas vasco y catalán han facilitado la aprobación que quería el gobierno. El PNV ha justificado su voto a favor diciendo que “si no se aprueba sería imposible evitar nuevas subidas de la tarifas”. CiU se ha abstenido aún manifestando su preocupación por el impacto que el Real Decreto-Ley pueda tener en las cuentas de las pequeñas instalaciones. Espera el grupo nacionalista catalán que “en las próximas semanas se puedan negociar enmiendas y dar una satisfacción positiva” a los productores fotovoltaicos dentro del desarrollo normativo de la ley de economía sostenible, que se debatirá en el Senado.

El grupo popular ha mostrado su sorpresa y ha criticado a PNV y CiU por posponer la introducción de enmiendas que apoyen a la fotovoltaica al Senado en lugar de hacerlo en el Congreso. El secretario de economía del Partido Popular, Álvaro Nadal, ha advertido a Sebastián, en alusión a las fotovoltaicas y los recortes a las renovables, de que “los discursos se hunden cuando la realidad se hunde, y a este Gobierno se le ha hundido la realidad social y medioambiental, porque todo lo que toca lo destruye”.

La portavoz de ERC-IU-ICV María Nuria Buenaventura lamentó que el Gobierno “olvide las subastas inflacionistas” de electricidad y el apoyo al carbón nacional, y limite el recorte a las renovables. En alusión al recorte fotovoltaico ha afirmado que “cuántas más renovables hay, menos ganan los del gas. Y se ha preguntado “¿Por qué siempre se atreven con los más débiles?”

Coalición Canaria, el Bloque Nacionalista Galego, Nafarroa Bai, Unión del Pueblo Navarro y Unión Progreso y Democracia también han votado en contra.

Más información: www.congreso.es; www.aefotovoltaica.com; www.appa.es; www.asif.org


“El Parlamento se ha sometido a la eléctricas”

El presidente de la sección fotovoltaica de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), Javier García Breva, ha calificado de “muy negativa” la convalidación en el Congreso del RD-L 14/2010, en declaraciones a Energías Renovables.

García Breva ha afirmado que “no ha habido margen para que el sector fotovoltaico pudiera defender sus derechos”. “Parece” -ha asegurado-

“que el Parlamento se ha sometido a las eléctricas para acabar con la energía solar fotovoltaica en este país”.

A su entender lo único positivo ocurrido en el Congreso es que se ha abierto la puerta a que haya enmiendas en el Senado cuando se aborde en la Cámara Alta la Ley de Economía Sostenible, “vamos a ver si así se enmienda el desastre aprobado hoy”.

El presidente de la sección fotovoltaica de APPA ha sido muy crítico con el Ministro de Industria, Miguel Sebastián. “Es una pena que la incapacidad del ministro Sebastián para gestionar la fotovoltaica traslade al poder legislativo cuestiones de gestión ministerial”, ha afirmado. En su opinión el RD-L 14/2010 es una “chapuza legislativa” que sólo se podrá resolver con otra “chapuza” en el Senado durante la tramitación de la Ley de Economía Sostenible.

“No se están dando cuenta” -ha indicado García Breva- “que se está perjudicando a muchos electores, y la obligación de un gobierno y de un partido es defender a sus electores. Si no se enmiendan no van a poder explicar decisiones injustas”. Más información: www.appa.es


El sector fotovoltaico llevará al gobierno ante el Supremo, el Constitucional y la Comisión Europea

Las tres principales asociaciones anunciaron ayer que denunciarán los recortes impuestos por el gobierno a las percepciones económicas para la generación de electricidad mediante tecnología fotovoltaica. El sector, aseguran, no acepta unas normas que tienen un claro carácter retroactivo.

Los rostros que pusieron voz a las denuncias fueron el presidente de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), Javier Anta; el presidente de la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), Juan Laso; y el presidente de la sección de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), Javier García Breva. Es la segunda vez que aparecían en los últimos meses de forma conjunta. La primera fue en pasado mes de noviembre en la revista Energías Renovables a lo largo de una entrevista a tres bandas en la que dejaron claro que actuarían unidos para defender al sector fotovoltaico. Este es uno de los aspectos destacados por Javier García Breva, para quien “todo el sector fotovoltaico está en el mismo barco ante medidas retroactivas, que se suman a recortes anteriores de primas por cerca del 60% y de un parón en el ritmo de instalación de nuevos megavatios de 2.600 a 250 anuales”.

Durante la intervención de ayer, las tres asociaciones anunciaron que van a acudir a todas las instancias judiciales posibles. Presentarán recursos colectivos e individuales ante el Tribunal Supremo contra el RD 1565/2010, la norma aprobada por el gobierno el pasado mes de noviembre en la que se limita a 25 años el periodo con derecho a percepción de la prima, modificando con carácter retroactivo la legislación que en su día determinó que a partir del año 26 de producción las instalaciones cobrarían el 80% de la prima.

También se presentarán recursos colectivos y particulares ante el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional contra el RD-L 14/2010, aprobado por el gobierno el pasado mes de diciembre. Ese Real Decreto-Ley recorta con carácter retroactivo el número de horas de producción fotovoltaica con derecho a percibir la prima. Esto significa que las instalaciones cobrarán, aproximadamente, un 30% menos durante los tres años que el gobierno aplicará está medida. En compensación, el gobierno extenderá el cobro de la prima de 25 a 28 años.

Por último, ASIF, AEF y APPA han anunciado acciones colectivas y particulares en instancias internacionales como la Comisión Europea, ante la que denunciarán el incumplimiento del derecho comunitario y a la que pedirán que abra un procedimiento de infracción contra España.

En paralelo, las asociaciones han creado varias plataformas de afectados, han encargado un estudio a Deloitte que demuestre que no son responsables del déficit de tarifa y han emprendido una campaña de contactos con grupos políticos para evitar que la semana que viene se convalide el Real Decreto-Ley 14/2010. Dentro de estos contactos con formaciones políticas, AEF, APPA y ASIF aspiran a que se rechace la norma o, al menos, a que se tramite como proyecto de ley y puedan enmendarse los artículos referidos a la fotovoltaica. “Con este Real Decreto-Ley a las asociaciones se nos ha dejado desamparadas y no podemos hacer otra cosa que intentar influir en las entidades políticas”, afirmó Javier Anta, presidente de ASIF.

Juan Laso, presidente de AEF, exigió al gobierno “seguridad jurídica” y lamentó que el ejecutivo “concentre más del 60% de los ahorros de costes en el sistema eléctrico en un sector que apenas supone el 10% de su coste”. Para Javier García Breva no hay duda de que “la política energética del Gobierno ha sido irresponsable y ha venido acompañada de críticas e insultos a la fotovoltaica”. El presidente de la sección fotovoltaica de APPA afirmó que “la luz no es cara por la fotovoltaica, sino por el sistema de subastas Cesur, el carbón y la conformación de precio del ’pool’”.

FV e inseguridad jurídica Durante su comparecencia pública las asociaciones fotovoltaicas distribuyeron un documento titulado “El sector fotovoltaico contra la inseguridad jurídica”, que se reproduce a continuación, en el que de forma esquemática se explica lo ocurrido en los últimos tiempos y las actuaciones previstas: 1.- Sector de la energía solar fotovoltaica ¿Qué somos? • Una industria que invierte e investiga
- Un sector industrial nuevo con pymes y grandes empresas, que abarca toda la cadena de valor.
- Una industria ligada a las nuevas tecnologías y muy vinculada a la inversión propia en I+D+i para su desarrollo (de media mas del 7% de la facturación). • Un sector que genera inversión y empleo
- Un tejido industrial distribuido por todo el territorio con más de 53.000 instalaciones que generan riqueza y empleo local.
- Se han creado hasta 2008 más de 90.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Hoy son menos de 23.000.
- Más de 200.000 personas han invertido sus ahorros respondiendo a la llamada del Gobierno.
- Un sector que, en 2009, contribuyó al PIB con 3.064 M€, representando un 0.3% del total. • Un sector totalmente regulado
- Nada ocurre sin la autorización del Ministerio.
- Sólo la Administración determina las primas y autoriza las instalaciones.
- El sector NO es responsable ni de desajustes ni de abusos. La obligación inspectora y la capacidad sancionadora corresponde a la Administración.

2.- Víctimas de la inestabilidad jurídica • 4 años = 4 normativas legales diferentes
- 2007 RD 661/2007
- 2008 RD 1578/2008
- 2010 RD 1565/2010 (Retroactiva)
- 2010 RDL 14/2010 (Retroactiva) • Se han quebrantado garantías jurídicas básicas
- El RD 1565/2010 recorta retroactivamente el periodo con derecho a percepción de prima por las plantas e impone al sector medidas abusivas y discriminatorias respecto del resto de tecnologías.
- El RDL 14/2010 recorta retroactivamente el número de horas con derecho a recibir la prima y lo hace linealmente con independencia de las horas de insolación y de eficiencia de las instalaciones.

3.- Cuál es el momento actual

• Las empresas y pequeños inversores que constituyen el sector NO pueden:

- Asumir, en las instalaciones puestas en funcionamiento con anterioridad a la aprobación de los últimos desarrollos legislativos, una disminución en las primas y en el periodo de derecho de percepción de las mismas establecidas por ley,

• Los costes e inversión incurridos son fijos (25.000 M€), el Sector ya los ha desembolsado.

• La financiación se calculó teniendo en cuenta las primas establecidas por ley y su periodo de vigencia.

• Actualmente el Sector tiene apalancados más de 20.000 M€.

• La rentabilidad de las plantas se sitúa en un entorno razonable.

• Ante esta situación el sector va a plantear

- Recursos colectivos y particulares ante el Tribunal Supremo contra el RD 1565/10.

- Recursos particulares ante el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional contra el RDL 14/10.

- Acciones colectivas y particulares ante la Comisión Europea y otras instancias internacionales.

...Pero antes de que ningún procedimiento se resuelva muchos productores tendrán que declarar concursos voluntarios de acreedores

4.- ¿Qué exigimos del Gobierno?

• Seguridad jurídica

- El Gobierno atrajo inversión a largo plazo con una ley que establecía condiciones a largo plazo.

- La financiación a largo plazo requiere estabilidad del marco jurídico y garantías a la inversión.

- Una actuación arbitraria en contra de la ley es fatal para la credibilidad internacional de España y perjudica la calificación del riesgo país.

• Equidad

- En el reparto del esfuerzo de ahorro en el sector eléctrico. Actualmente, el 66% del total de ahorros previstos por el regulador recaen sobre la industria FV.

• Diálogo

- La últimas medidas retroactivas han sido desarrolladas unilateralmente y sin contar con la aprobación del sector.

- El consenso entre todos los actores es crucial para el desarrollo de un marco normativo que permita actuar en la contención de costes del sistema y garantizar una rentabilidad razonable a los inversores.

• Reconocimiento de la industria fotovoltaica

- Que ha invertido 25.000M€ en un sector nuevo con un elevado potencial y margen de desarrollo.

- Que ha apostado a largo plazo para crear una industria puntera internacionalmente.

- Que crea empleo, disminuye la dependencia energética y genera energía limpia.

5.-¿Qué solicitamos al Congreso?

Todos los profesionales y las respectivas asociaciones que los representan están unidos en la defensa de sus reivindicaciones.

• Rechazar el RDL 14/2010 y, que en cualquier caso se tramite como proyecto de Ley.

• Solicitar a los distintos partidos que apoyen enmiendas contra las irregularidades y discriminaciones contenidas en el RDL 14/2010.

• El texto es claramente retroactivo, tanto en la limitación de horas coyunturales como en las estructurales. Al limitarse, la cantidad de energía evacuada con derecho a percepción de prima, se limita la retribución a percibir. • El RDL es injusto y desproporcionado, porque parcela el mapa territorial en “zonas solares” que no se corresponden con la realidad solar del país, perjudicando instalaciones en iguales condiciones en diferentes CC.AA o municipios.

• Evitar las discriminaciones entre diferentes tecnologías renovables. La asunción del coste de los peajes es discriminatorio para la fotovoltaica, puesto que es una tecnología que no puede repercutir en el precio del pool el coste de estos peajes.

• Poner límite a la inseguridad jurídica. El RDL deja la puerta abierta a futuras revisiones de las horas limitativas de funcionamiento.

• Utilizar la potencia pico de las instalaciones en lugar de la potencia nominal.

• La inclusión en el articulado de un compromiso explicito por parte del regulador en el que se garantice la estabilidad regulatoria.

Más información: www.asif.org; www.appa.es; www.aefotovoltaica.com


ASIF cree que va contra el Estado de Derecho

“El Congreso ratifica la vulneración de la seguridad jurídica del país”

Con esta afirmación la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) “lamenta profundamente que el Congreso de los Diputados haya convalidado el Real Decreto-Ley 14/2010, una norma con disposiciones retroactivas y muy perjudiciales para el sector fotovoltaico español”. En su opinión vulneran la seguridad jurídica del país.

“El decepcionante resultado de la votación celebrada hoy en el Congreso” -asegura ASIF- “perjudica gravísimamente las economías de miles de empresas y particulares que han invertido más de 20.000 millones de euros en energía fotovoltaica en España. En los mejores casos, tendrán que renegociar las financiaciones que hicieron en su día para ejecutar las inversiones; en los peores, si no consiguen la refinanciación, las empresas quebrarán y los particulares perderán sus instalaciones, las garantías que las respaldaban y terminarán en los listados de morosos”.

El sector fotovoltaico está formado por más de 53.000 instalaciones, en las que participan como inversores más de 200.000 personas que “se sienten estafadas por el Gobierno”, asegura ASIF. Más información: www.asif.org


Los recortes de Industria a la FV afectarán a más de 200.000 personas

200.000 afectados. Ese es el impacto socio-económico negativo de la decisión del gobierno de recortar con carácter retroactivo la retribución que cobran los productores de electricidad mediante tecnología solar fotovoltaica. La gran mayoría de los perjudicados son familias y particulares que se convirtieron en pequeños productores.

La Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) han hecho público un comunicado en el que aseguran que la cifra de 200.000 afectados “se desprende de los análisis y de las tomas de posición que han puesto de manifiesto diversas asociaciones profesionales, agrarias, energéticas e industriales a raíz de la decisión del Ministerio de Industria de introducir medidas retroactivas”.

Las últimas cifras de la Comisión Nacional de la Energía indican que, de las 53.155 instalaciones afectadas por el Real Decreto-Ley 14/2010, una sensible mayoría corresponde a colectivos socioeconómicos muy diseminados en todo el territorio nacional. Particularmente en aquellas comunidades autónomas en las que la tecnología solar fotovoltaica se ha convertido en un claro vector de inversión, crecimiento económico y desarrollo social. Este es el caso de Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Canarias, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de Navarra y Aragón.

10.000 cartas en el Congreso

Al Congreso han llegado 10.000 cartas enviadas por productores y personas afines al sector fotovoltaico en las que expresan a los diputados su rechazo a los recortes previstos en el RD-L 14/2010, y que sus señorías tienen que validar en el pleno que se celebrará en la Cámara Baja el próximo miércoles. La cantidad de cartas enviadas, en opinión de ASIF, AEF y APPA, indica “la relevancia de las pérdidas económicas que podrían suponer para la economía de estos colectivos” que se aprobara una norma que rebaja aproximadamente un 30% sus percepciones actuales. “Los dos tercios de las instalaciones fotovoltaicas” -aseguran las asociaciones- “están en manos de particulares y de familias”. Las tres asociaciones fotovoltaicas han asegurado que, “en el caso de que el Congreso de los Diputados no forzase al Gobierno a un diálogo para definir con equidad el futuro del sector fotovoltaico, se produciría un daño relevante para el amplio segmento de la población señalado. Sin descontar el descrédito nacional e internacional por el cambio continuo, y desacorde con las Directivas de la Unión Europea, de las normas regulatorias por parte de las autoridades responsables de definir una política energética eficiente y sostenible”.



 
concepció&disseny: miquel garcia "esranxer@yahoo.es"