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divendres 2 de setembre de 2011
¿Amantes de la deuda?, ¿quiénes?
Juan Torres Lopez

El candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba acaba de afirmar que ha descubierto que hay "amantes de la deuda y el déficit".

Como no se puede referir a la derecha que ha votado con él la reforma constitucional, cabe pensar que hace referencia a quienes nos hemos opuesto a ella pero, si es así, cabe decirle que hace un juicio muy demagógico e injusto.

Quienes rechazamos la reforma aprobada por el Partido Popular y el Partido Socialista nos oponemos a que se incorporen en la Constitución un principio neoliberal de estabilidad presupuestaria que no todo el mundo comparte, que se renuncie a un instrumento de política económica que en muchísimas ocasiones se ha mostrado como imprescindible y que se obligue al pueblo español y a nuestro Estado a renunciar a la doctrina de inmunidad soberana que establece que nadie puede forzar a un Estado a pagar su deuda. Pero quienes defendemos esto somos precisamente quienes venimos reclamando políticas económicas que, en lugar de las que aplican quienes ahora reforman la Constitución, no provoquen tanta deuda global sino que sean capaces de generar ingresos productivos sostenibles y evitar la deuda del Estado generando más ingresos públicos.

Y quienes hemos rechazado ahora la reforma constitucional que PP y PSOE han puesto en bandeja a los grandes financieros somos precisamente quienes venimos subrayando desde hace mucho tiempo que la desregulación de la actividad financiera, el privilegio de creación de dinero bancario del que disponen los bancos y la complicidad de las autoridades con los grandes poderes financieros estaba generando un crecimiento de la deuda que antes o después hará que salte por los aires la economía internacional.

Se confunde Alfredo Pérez Rubalcaba calificando de amantes de la deuda a quienes hemos criticado su voto a favor de la reforma. Somos precisamente nosotros los que, alarmados por el volumen de deuda que se está generando, venimos defendiendo políticas fiscales más equitativas y eficientes que proporcionen más ingresos al Estado en contra de la idea de que el Estado se debe desarmar en el terreno fiscal que ha llevado a eliminar impuestos que ahora se echan en falta; y los que igualmente reclamamos una política de gasto más austera pero justamente en lo que nunca tocan quienes ahora defienden los recortes de gasto público: los privilegios que se conceden a los bancos, a las grandes empresas que más empleo destruyen o a la clase política; el gasto militar o las ayudas a instituciones religiosas como la Iglesia católica.

Quienes nos oponemos a la reforma constitucional que se acaba de aprobar somos quienes reclamamos políticas contundentes contra la desigualdad que provocan las que llevan a cabo los que han aprobado la reforma precisamente porque sabemos que ahí se encuentra la causa principal de los menores ingresos a las pequeñas y medianas empresas que crean empleo, de las familias y del Estado, haciendo así que aumente la deuda.

Otra cosa es que quienes nos oponemos a la reforma sepamos también que los déficit y la deuda que pueden generar en determinados momentos son, además de un serio problema, un instrumento, tanto para estabilizar la economía en momentos de crisis como para poder financiar la provisión de bienes y servicios singularmente costosos y cuyo disfrute se alarga a lo largo del tiempo.

Esto último nos preocupa de una forma especial porque también somos conscientes de que España mantiene déficits muy importantes en materia social respecto a los países más avanzados de nuestro entorno, en educación, sanidad, investigación e innovación, capital social o servicios de bienestar. Déficits que no afectan solo al bienestar de las personas (que ya es mucho) sino que, mientras persistan, impiden que se pueda consolidar el tejido productivo y empresarial capaz de generar el ingreso y el empleo que necesitamos.

Pero eso no nos lleva a reclamar solo la deuda y el déficit sin hacen falta para resolver esos problemas, como demagógicamente se quiere hacer creer para descalificar nuestras posiciones, sino también mejores fuentes de ingresos, que no se pueden obtener sino con más igualdad, más justicia fiscal, mejores condiciones de trabajo, mayor productividad y mejor desempeño empresarial. Algo que no se consigue si la actividad se viene abajo, lo que a su vez solo se puede evitar en momentos como el actual, cuando el gasto privado es insuficiente, sin un fuerte impulso del gasto público.

Lo que provocaría más deuda (o una pérdida impresionante de nivel de vida) no serían las políticas que proponemos los críticos de la reforma sino, por el contrario, la propuesta que hace poco hacía el candidato socialista reclamando menos salarios y menos beneficios, es decir, que baje la renta nacional.

Y, por último, una cosa es que defendamos que los déficit y la deuda puedan ser un instrumento adecuado o imprescindible en determinados momentos y otra muy distinta que la financiación de esa deuda tenga que ser un negocio de la banca privada, que es lo que vienen a reconocer la reforma constitucional que se ha realizado.

De hecho, los problemas que están padeciendo las economía europeas (dejando ahora a un lado el hecho capital de que vienen dados por la crisis causada por la banca privada internacional) no se deben a la cuantía de su deuda sino a que se ha permitido que los especuladores hagan un negocio con ella. El Banco Central Europeo podía haberla financiado sin demasiado problema habiendo evitado la catástrofe que se ha producido, aunque, claro está, de esa forma no habría sido posible que los bancos y los grandes especuladores ganasen los miles de millones que están ganando a costa de ello.

Es por eso que el daño mayor de la reforma constitucional no sea la fijación de un techo de gasto más o menos flexible. Como he señalado en otro artículo (Los Trileros Mayores del Reino y la clave de la reforma constitucional), los cambios añadidos a la formulación inicial han hecho que, al final, el compromiso de estabilidad presupuestaria quede tan descafeinado que en realidad casi no van a tener que cumplirlo nada más que los ayuntamientos, si acaso.

Lo gravísimo es, como dije al comienzo, el haber cedido de un plumazo un derecho que tiene el pueblo español a dar en cada momento la prioridad que crea conveniente al pago de sus deudas. Y, al mismo tiempo, el declarar que

los "créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación".

Lo que simplemente significa que se ha impuesto al pueblo español la obligación de renunciar en un momento dado a cualquier tipo de renegociación o reestructuración de la deuda que pudiera aliviarla.

Que nadie se engañe. Los amantes de la deuda y quienes la provocan no somos los críticos de Alfredo Pérez Rubalcaba sino quienes generan la desigualdad que la produce, es decir, los que han resultado privilegiados a costa del pueblo español por la reforma recién aprobada.

Publicado en Sistema digital el 2 de septiembre de 2011



 
9 d'agost
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