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divendres 21 d'octubre de 2011
Convocatoria Social para una Revolución Ambiental
Área Federal de Medio Ambiente de Izquierda Unida (JL Ordoñez)

Desde Izquierda Unida proponemos cambiar las tendencias de creciente consumo de recursos naturales, de incremento de emisiones y aumento de trabajo en precario para lograr el desarrollo social y ecológicamente sostenible dentro de un modelo económico concebido para atender las necesidades básicas de las personas. Precisamos una sociedad que impulse el desarrollo humano, un territorio que cumpla sus funciones ambientales y una relación de los seres humanos con la naturaleza que garantice la integridad de los ecosistemas.

Para ello es fundamental la propiedad y la gestión pública de los recursos naturales estratégicos: agua, energía, aire y suelo, evitando que se conviertan en mercancías. Impulsar las energías renovables, el “empleo verde” y el apoyo a nuevas fórmulas de economía solidaria.

Hacemos una firme apuesta por la austeridad y la suficiencia, entendida no como resultado de los recortes, sino como búsqueda de una vida sencilla, de una vida feliz y de bajo impacto. Se trata de una actitud política de vivir mejor con menos. En ese sentido, en un mundo en crisis económica, alimentaria y ecológica, un mundo finito y con recursos limitados, es indispensable abordar la cuestión del decrecimiento, es decir, decrecimiento en el consumo de recursos naturales (materias primas y energía) y en la emisión de residuos y gases de efecto invernadero, que se combine al mismo tiempo con el crecimiento en torno a la creación y refuerzo de los servicios públicos y el desarrollo humano.

Es preciso cambiar las reglas de juego de los sistemas de valoración de bienes y servicios y de financiación, para evitar que estos métodos sigan estableciendo una separación cada vez mayor entre las grandes aglomeraciones urbanas, o los estados industrializados (que actúan como núcleos de atracción de población, capitales y recursos), y el mundo rural, o el Tercer Mundo, que se han convertido en áreas de apropiación de recursos y vertido de residuos.

Creemos por tanto imprescindible hablar de otra contabilidad de la actividad productiva y usar la Huella Ecológica, el Índice de Desarrollo Humano, el Índice de Planeta Vivo y el Índice de Progreso Efectivo, superando el Índice del Producto Interior Bruto que sólo contempla las transacciones comerciales desde un perspectiva clásica externalizando e invisibilizando las relaciones con el resto de la naturaleza y la cuestión de los cuidados. Los indicadores propuestos por Izquierda Unida dan cifras más precisas de cómo se inserta la actividad productiva de bienes y servicios en el medio físico: el Planeta.

Los tributos ambientales son parte de la necesaria reforma de la contabilidad con criterios ecológicos y de una nueva orientación del gasto público. Esta fiscalidad verde no tiene por finalidad la recaudación, sino incentivar cambios profundos en la producción, distribución y consumo: debe gravar las actividades que perjudican el medio ambiente e incentivar las que tengan efectos favorables.

Asimismo el fin de la era del petróleo barato debe llevarnos a una profunda reflexión sobre las alternativas energéticas y que ubique como eje central de todo debate la necesidad de plantear una planificación democrática de la economía y de los recursos. Una planificación que atienda a criterios de demanda y necesidad con una perspectiva de justicia social y de reparto de la riqueza. Entendemos prioritario cubrir las necesidades básicas del conjunto de la población actual sin comprometer la satisfacción de esas mismas necesidades por parte de las generaciones futuras.

Como elementos básicos a desarrollar en la próxima legislatura, tras las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, IU propone:

+ Crear un Ministerio de Medio Ambiente que atienda de forma exclusiva las cuestiones derivadas de la conservación, cuidado y protección del medio.

+ En cuanto al territorio y teniendo en cuenta que desde el punto de vista ambiental es un continuo cargado de singularidades, proponemos elaborar políticas que tengan la necesaria perspectiva global, que integren todas estas particularidades territoriales, y que contemplen la biodiversidad, los recursos y la habitabilidad. Por ello planteamos una reforma de la ley del suelo, introduciendo criterios claros de obligado cumplimiento por parte de las distintas autonomías que se ajusten a estos aspectos. Con una reglamentación clara y reforzada, de forma que los planes de ordenación autonómicos y municipales mantengan su independencia, pero se inserten en un marco previamente planificado y regulado que atienda a las necesidades de protección del medio y suficiencia de recursos. Asimismo, esta reforma de la ley del suelo deberá contemplar canales que articulen la participación democrática de la ciudadanía. Desde IU defendemos que no se modifique el territorio sin contar con quienes habitan en él.

+ Nuestro modelo energético de energías renovables, descentralizado y público, propone la generación distribuida de la electricidad, produciéndola cerca del consumo, con redes de distribución de proximidad de ámbito municipal y comarcal, más la planificación democrática enfocada a sustituir los combustibles fósiles y el uranio por fuentes renovables al tiempo que impulsa el ahorro y la eficiencia energética

+ Planteamos un programa de cierre de todas las centrales nucleares. Paso previo y necesario al del debate de la ubicación de los cementerios de los residuos radiactivos cuya construcción sólo servirá para alargar la vida de las centrales nucleares existentes. Por tanto reclamamos cerrar, en primer lugar, todas la centrales nucleares, y en segundo lugar plantear una estratega clara de gestión de los residuos nucleares que atienda a principios de seguridad y responsabilidad.

+ Proponemos también la creación de una ley general de transporte sostenible que apueste por el sistema multimodal e integral de transporte, de carácter universal y público, que promueva y abarate el trasporte público colectivo, impulsando especialmente el criterio de a pie, en bicicleta y en tren. Impulsaremos que el trasporte motorizado se efectúe esencialmente por vía férrea, tanto en el caso de las personas como en el de las mercancías, y potenciando la intermodalidad en todas las. Además esta ley promoverá la obligatoriedad, por parte de las empresas, de elaborar planes de trasporte colectivos a los centros de trabajo para su plantilla. E impulsaremos, además, medidas para garantizar zonas de velocidad 30 apaciguando el tráfico en las ciudades.

+ En relación con el agua, dada la importancia que tiene para la vida, en Izquierda Unida defendemos que sea un derecho humano y un bien público de gestión pública. Por ello entendemos la cuenca hidrográfica como la unidad básica de gestión integral de los ecosistemas. En dicha gestión debe garantizarse una amplia participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.

+ Apostamos por trasladar el criterio de transparencia a todo lo relativo a políticas medioambientales. Por ello promoveremos que las obras públicas tengan informes de impacto ambiental elaborados por organismos públicos independientes y habilitaremos figuras de la administración pública que velen por su cumplimiento. Por otra parte exigiremos estudios alternativos que atiendan a criterios de ahorro económico y de recursos.

+ Impulsaremos una reforma de la ley general de residuos con una reglamentación que apueste por reforzar la gestión pública. Planteando modificaciones en los criterios de tratamiento de residuos aplicando técnicas no contaminantes y que no emitan gases de efecto invernadero. Asimismo ampliaremos la ley incluyendo una propuesta que regule la obsolescencia programada de la producción.

+ Ley de protección animal.

+ Ley del paisaje. Además de la protección, entendemos que es fundamental una ley que regule aspectos del paisaje que permitan consolidar y ampliar los programas de conservación del medio natural. En definitiva se trata de recuperar el valor patrimonial colectivo de la naturaleza y proteger nuestra biodiversidad.

+ Proponemos una nueva Política Agraria Común, PAC, en la Unión Europea, capaz de defender la agricultura familiar, proteger al medio ambiente y poner coto al control de la cadena agroalimentaria por parte de grandes empresas. La reforma de la PAC ofrece la oportunidad de reorientar el modelo agroganadero y que las políticas agrarias y alimentarias se establezcan en el marco de la soberanía alimentaria.

1 PROPUESTAS DE PLANIFICACIÓN URBANA. Alquiler social de la vivienda

Es necesario democratizar la ordenación del territorio y establecer su planificación política con participación del tejido social, que defina necesidades industriales, agrícolas, ganaderas, turísticas, de servicios, etc. Debemos favorecer estrategias para generar una red de ciudades medias y un mundo rural productivo, y de evitar la concentración grandes aglomeraciones urbanas que son insostenibles.

La ciudad es un espacio de relación, de encuentro entre las personas, donde es importante definir la localización de las viviendas, las actividades productivas y las infraestructuras, los usos del suelo, la proximidad y accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas y la protección del medio físico.

El capitalismo ha generado procesos de polarización social y de polarización territorial: territorios de acumulación de capital, población y medios de producción, frente a zonas destinadas a la explotación de los recursos naturales y al vertido de residuos.

Mientras la concentración financiera y empresarial se efectuó bajo el prisma de la “competitividad”, en la política territorial se aludía a la competitividad entre ciudades, pueblos y territorios relacionándola con el comercio internacional para promover el desarrollo. Pero la realidad ha sido muy diferente y la urbanización intensiva ha mostrado efectos negativos: sobreexplotación de recursos, saturación de sumideros, exceso en el consumo de energía y cambio climático.

Parecería lógico que las economías de aglomeración, las economías de escala, favorecen, frente a la dispersión rural, menores agresiones ambientales en la edificación, la construcción de infraestructuras, transporte y transporte y distribución de energía. Pero es todo lo contrario. En el transporte la efectividad depende del uso del suelo y de la proximidad de las viviendas a los lugares de trabajo, estudio, compras, servicios; dependiendo mucho más de esto que de las infraestructuras o las características tecnológicas de los vehículos...

La ciudad debe ser compacta, equilibrada, destinada a la vida social, diseñada de forma participada y con criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental. Donde se garantice la calidad de vida, la libertad y el ejercicio de los derechos humanos desde la corresponsabilidad, recuperando espacios para un proyecto de libertad, solidaridad y responsabilidad ecológica. Se trata de configurar ciudades para vivir, con un óptimo equipamiento colectivo, dotado deservicios públicos de calidad y amplias zonas verdes que unan campo y ciudad.

El alquiler social es el principal camino para la satisfacción del derecho constitucional a la vivienda.

La crisis económica que sufrimos desde 2007 ha hecho que el número de desahucios supere las 140.000 viviendas. La ONU asegura que los embargos en España fueron en 2010 un 197% más que los de 2007 y que 180.000 familias fueron afectadas por este fenómeno en 2009. En especial, aquellas familias en las que uno o varios de sus miembros estaban en paro o habían agotado la prestación por desempleo. Con los desahucios se niega expresamente el derecho a la vivienda establecido en la Constitución, al poner por delante los derechos al beneficio de la entidad financiera o de la propiedad del inmueble. Hoy existen en el territorio español 4.000.000 viviendas vacías, siendo un millón de ellas viviendas nuevas.

2 PROPUESTAS PARA UN TRANSPORTE SOSTENIBLE

La función del transporte es garantizar la accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas, independientemente del lugar donde se viva, de la renta, edad o género. Crear accesibilidad con la mínima movilidad, sin generar más movilidad que la necesaria con un sistema de transporte de universal y público.

El ferrocarril es el modo de trasporte público colectivo que, junto a la marcha a pie y la bicicleta, nos puede ayudar a reducir las emisiones.

Es necesario sustituir los desplazamientos realizados en los medios de transporte de mayor impacto (automóvil) por desplazamientos en transporte público colectivo y reducir la demanda de desplazamientos. Para ello planteamos dos estrategias: reducir la necesidad de desplazamientos de grandes distancias, crear condiciones para los desplazamientos a pie y en bicicleta e implantar transporte público colectivo entre todos los núcleos urbanos y estaciones ferroviarias.

La época de energía barata ha provocado una forma de vida basada en el “más rápido y más lejos” incrementando los desplazamientos de personas y mercancías y las distancias recorridas en cada desplazamiento: se ha incrementado la movilidad.

A pie, en bicicleta y en tren normal, como modos y medios fundamentales, y automóvil, moto, furgoneta, camión, autobús, avión, tren de alta velocidad, como modos y medios complementarios.

3 PROPUESTAS PARA OTRO MODELO ENERGÉTICO

Debemos potenciar la generación distribuida, la producción cerca del consumo, las redes inteligentes de distribución y las microrredes de ámbito municipal y comarcal. Debemos planificar a largo plazo con líneas estratégicas de sustitución de combustibles fósiles y uranio por fuentes renovables. Empezando por sustituir las centrales nucleares, las centrales térmicas de carbón, petróleo y gas, y el transporte en vehículos de baja capacidad y motores de combustión interna.

Debemos impulsar la energía fotovoltaica en techo, la energía solar térmica para climatización y agua sanitaria, la energía minieólica y la geotérmica, la eólica marina, la solar termoeléctrica con posibilidad de cogeneración, la geotérmica, la undimotriz y la mareomotriz. Aumentando en 10.000 MW la generación de electricidad a partir de energías renovables se puede prescindir en España, en 2020, de las centrales nucleares y de las térmicas de petróleo y carbón.

La energía fotovoltaica en tejado permite la autoproducción con instalaciones de escasa potencia eléctrica, como si fueran un electrodoméstico. Se debe facilitar la conexión a red de pequeñas instalaciones de energía fotovoltaica sobre tejado, que también incluya la minieólica y la microgeneración. Favoreciendo en la microgeneración la de biomasa, “motor stirling” o célula de combustible con hidrogeno producido por electrolisis a partir de energías renovables. No deben existir cupos que limiten el número de instalaciones fotovoltaicas.

No son energías renovables los combustibles sólidos recuperados, CSR, que fomentan la incineración de basuras y residuos sólidos urbanos que contaminan la atmósfera. Bajo una gestión adecuada, podrían ser reutilizados o reciclados.

La energía es un bien público universal y no una mercancía. Se debe fomentar la generación de electricidad a partir de renovables con aplicación de tarifas progresivas, con fijación de precios máximos y servicios mínimos.

Debe establecerse el programa de cierre de las centrales nucleares por los altos riesgos que implica su funcionamiento y los residuos radiactivos que generan. La participación de las centrales nucleares en el modelo energético mundial es muy pequeña. La industria atómica no ha sido capaz de encontrar una solución ni a los problemas de seguridad ni a problema que supone generar residuos radiactivos. Los residuos radiactivos son la prueba más clara de la insostenibilidad de la energía nuclear. Además, el uranio es, como el petróleo, un recurso finito y con pocas reservas.

PROPUESTAS PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA

El agua es un bien común que debe gestionarse como un recurso público no mercantil, un bien universal con acceso garantizado como un derecho humano. La nueva cultura del agua reclama el principio de la recuperación de costes, incluidos los ambientales en todos los servicios relacionados con el agua, según la Directiva Marco del Agua.

El agua es más que un recurso aprovechable, es un bien público, una parte del paisaje y elemento fundamental para el soporte de la vida y los ecosistemas.

Una política de uso social, racional y sostenible del agua debe primar la eficiencia, el ahorro, la reutilización y la depuración integral; y mantener la capacidad de renovación de los ríos, humedales, aguas costeras de transición, y acuíferos, asegurando los caudales ecológicos y la los planes de cuenca.

PROPUESTAS PARA PROTEGER EL ENTORNO Y UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE

El sistema agroalimentario actual genera contaminación de agua y suelo, pérdida de biodiversidad, deforestación y desertificación, eutrofización de lagos y mares, pérdida del derecho a la soberanía alimentaria. Dicha soberanía debe basarse en el impulso a la explotación agroganadera familiar, recuperando los espacios rurales tradicionales y reconociendo el aporte de preservación de la biodiversidad que realiza la agroganadería extensiva. Se necesita contemplar una nueva reforma agraria.

Se debe impulsar la agricultura y ganadería ecológicas por medio de técnicas cuyo objetivo sea la obtención de alimentos con todas las propiedades naturales, con uso óptimo del entorno físico, preservación del medio ambiente y mantenimiento o incremento natural de la fertilidad del suelo, excluyendo el uso de productos químicos de síntesis (fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc.).

Un factor clave es el desarrollo de agriculturas locales, orientadas a circuitos cortos de comercialización, con especial atención a las bases productivas de cada territorio. Producir y distribuir las mercancías alimentarias sirviéndose de la producción agroindustrial a gran escala y con destino al mercado internacional, incrementa la especulación en los precios de los alimentos y la concentración de tierras, recursos agrícolas y alimentarios, en muy pocas manos, mientras empobrece a la pequeña producción y condena a la desnutrición y al hambre a millones de personas. Es evidente que la seguridad y calidad alimentaria, la seguridad ambiental y la justicia social son tres elementos que han de convivir en armonía en las políticas alimentarias.

La agricultura y la ganadería del siglo XXI deben tener carácter multifuncional, protegiendo el material multiplicativo de las plantas, garantizando el derecho de los agricultores a disponer de sus propias semillas, aplicando programas de desarrollo de agricultura y ganadería orgánicas y prohibiendo el uso de organismos modificados genéticamente en la producción de alimentos, así como las patentes biológicas.

La agricultura industrial, o agronegocio, de uso intensivo en cuanto a energía, agua, fertilizantes y agroquímicos ha aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero. Es posible adaptar la agricultura para que emita mucha menor cantidad de gases con efecto invernadero y para que se convierta en un sumidero de carbono.

Desde España y en el ámbito de la Unión Europea proponemos que se impulse una nueva Política Agraria Común capaz de defender la agricultura familiar, proteger al medio ambiente y poner coto al control de la cadena agroalimentaria por parte de grandes empresas. La agroganadería exige precios justos por la producción de alimentos, que permitan una renta justa, y para ello la PAC debe incluir instrumentos de regulación de mercado que pongan fin a la especulación alimentaria y a la volatilidad de los precios, y el abuso de poder de la agroindustria y la gran distribución.

Es posible actuar porque el proceso de reforma continuará durante todo el año 2012 y la PAC resultante debe fomentar un modelo familiar y agroecológico, la agricultura local y campesina y un mercado justo y sostenible.

Nuestros territorios reúnen condiciones para desarrollar la agricultura ecológica por su clima y los sistemas extensivos de producción que se aplican en un gran número de cultivos. En la producción animal poseemos un rico patrimonio genético de razas autóctonas, de gran rusticidad en su mayoría y adaptadas al medio, que favorece la cría en régimen extensivo. En el campo pesquero es necesario proteger los recursos y lograr que la pesca artesanal tenga porvenir. La presencia de las formas artesanales de pesca asegura una parte importante del desarrollo sostenible de las zonas litorales.

Debe efectuarse una gestión forestal ecológica, basada en la protección del suelo y la biodiversidad para prevenir la degradación de la cubierta vegetal y la desertificación.

Eliminación de la financiación por parte de espectáculos que contemplen el maltrato y muerte pública de animales. Por tanto, no se financiará ni se dará publicidad a las corridas de toros, a las peñas taurinas o a las escuelas taurinas.



 
7 de juny
Mano Negra & Manu Chao - Sidi Hbibi (Live) Bayonne (France) 2008 More than a concert... in a big venue or an intimate dive, the equation is sure to be the same: Manu Chao are an explosive cocktail an explosion of joy.

concepció&disseny: miquel garcia "esranxer@yahoo.es"