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dilluns 3 d'octubre de 2011
Plataforma en defensa y mejora de la Sanidad Pública

El gobierno del PP en la Comunidad de Madrid ha lanzado una ofensiva contra la sanidad pública: introduciendo el ánimo de lucro en la explotación de centros sanitarios cuya atención se financiará públicamente, extendiendo la externalización de servicios públicos y su subcontratación privada, y aumentando la derivación de pacientes a centros privados, en lugar de construir las infraestructuras públicas necesarias.

Esta ofensiva se produce en un marco caracterizado por la subida de impuestos y el endeudamiento creciente de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid (10.000 y 2.300 millones de € respectivamente), sin que tales políticas se traduzcan en un incremento de los recursos sanitarios públicos.

Mientras los gobiernos del PP de la Comunidad y el Ayuntamiento restringen los gastos sociales y sanitarios (déficit cero), nos endeudan a los ciudadanos realizando obras faraónicas de rentabilidad privada y política, de modo que cada habitante de la Comunidad mayor de 18 años debe por este motivo cerca de 350.000 de las antiguas pesetas y los afincados en Madrid capital casi 500.000.

A su vez, la Comunidad de Madrid tiene, después de Baleares, el menor gasto sanitario público por habitante y año (883,38 € en 2004) -muy alejado de la media estatal (1005,39 €)-, y encabeza el listado de denuncias sanitarias del Estado, presentando un mayor colapso de las urgencias y listas de espera más extensas y de más larga duración, según la Memoria 2004 de la Asociación del Defensor del Paciente.

Un regalo envenenado: Más hospitales privados, menos camas públicas

La construcción de 8 nuevos hospitales en la Comunidad -sin duda necesarios-, son un regalo envenenado, porque se ligan a su explotación privada, a la externalización y subcontratación privada de numerosos servicios, y porque se llevan a cabo paralelamente al desarrollo de los Planes Directores en los hospitales públicos, que reducen su número de camas. La creación de los nuevos hospitales no va a suponer el incremento del número total de camas hospitalarias, sino el trasvase de camas públicas a manos privadas.

Actualmente la Comunidad apenas alcanza las 3,6 camas totales por 1000 habitantes, de las que 1,81 son públicas, situándose por debajo de la media estatal (3,8 camas totales y 2,5 camas públicas por 1000 hab.). Las camas de los nuevos hospitales suman 1.104 (SS de los Reyes, Coslada, Parla, Vallecas, Aranjuez, Arganda, y Valdemoro), mientras la destrucción de camas públicas sólo en 3 hospitales -según sus Planes Directores-, suman 1.100 (12 de Octubre, La Paz, Ramón y Cajal). El Hospital de Majadahonda no se contabiliza al implicar el cierre del H. Puerta de Hierro, público y de calidad probada.

La finalidad: introducir el ánimo de lucro en centros sanitarios cuya atención se financiará públicamente

La modalidad escogida para la creación de estos hospitales es la Concesión Administrativa. Esta fórmula permite a empresas privadas acceder a la construcción y explotación de un hospital, pagando la Comunidad y/o los usuarios por el uso de la misma durante un período determinado (en este caso se llega a 30 años prorrogables otros 30). Las empresas que acceden a esta modalidad se rigen por el derecho privado y su finalidad es amortizar la obra y obtener los máximos beneficios posibles. Las Concesiones Administrativas introducen, por tanto, el ÁNIMO DE LUCRO en la explotación de servicios sanitarios financiados públicamente.

Introducir el ánimo de lucro en la sanidad supone que la orientación sanitaria, la organización de los centros, su número de trabajadores, las condiciones de trabajo y, por tanto la calidad de la atención que presten, quedan supeditadas a los niveles de rentabilidad económica definidos por unos gestores procedentes del mundo de las finanzas y los negocios. La finalidad ya no es cubrir las necesidades de salud de la población con el menor coste posible y sin pérdida de calidad en la atención, sino obtener beneficios económicos en el proceso de atención sanitaria.

Los centros privados con ánimo de lucro funcionan con un tercio de plantilla que los centros gestionados públicamente, establecen peores condiciones de trabajo, no son tan rigurosos con las titulaciones exigidas a sus profesionales y sobreexplotan sus recursos por encima de lo aconsejable para la salud de la población, como demuestran diversas auditorías públicas. Tampoco son extrañas las prácticas de selección negativa de riesgos, eludiendo estos centros a los enfermos que más gastos ocasionan, que se derivan a la pública.

Además, las empresas privadas que acceden a explotar estos hospitales no corren ningún riesgo financiero, ya que en caso de déficit o quiebra, las administraciones públicas se ven obligadas a intervenir y asumir las deudas y pérdidas. De no ser así, el servicio dejaría de prestarse y la población quedaría sin cobertura hospitalaria. Por tanto, las Concesiones Administrativas suponen beneficios privados y pérdidas públicas.

Privatizar sin alarmar a la población y dividiendo a los trabajadores

La consejería de sanidad ha asegurado que mantendrá "la gestión pública de los servicios directamente sanitarios, externalizando todas las materias no estrictamente sanitarias". Con esta afirmación el gobierno de la Comunidad pretende ocultar sus intenciones, dividir a los trabajadores y no alarmar a la población.

No es posible asegurar con garantías la "gestión pública de los servicios estrictamente sanitarios" en unos centros configurados como SOCIEDADES ANÓNIMAS O Uniones Temporales de Empresas, sujetas al derecho privado y donde las direcciones pertenecerán a las concesionarias privadas. Permitir que las decisiones de un conjunto de actividades importantes ("lo no estrictamente sanitario") queden en manos de compañías privadas, cuyos objetivos son distintos o en clara oposición al interés público, supone romper el equilibrio que permite el funcionamiento hospitalario y provocar en ese ámbito un conflicto de intereses.

No es la intención del gobierno de la Comunidad asegurar esa gestión pública, como ha demostrado en el caso del Hospital de Valdemoro, donde la gestión sanitaria y no sanitaria serán privadas. Y ello sin perder de vista que la Consejería no cierra la posibilidad de proceder en cualquier momento futuro a la privatización de la gestión de cualquier servicio sanitario de esos hospitales, con arreglo a la ley 15/97 sobre Nuevas Formas de Gestión y a la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Tampoco se exige que los trabajadores que contraten esas empresas privadas pertenezcan a la función pública y que su número, funciones y condiciones laborales, se establezcan según las necesidades de salud de la población. El que los trabajadores de la sanidad dependan de unas empresas privadas con ánimo de lucro, abre el riesgo de la búsqueda de beneficios a través de la reducción de los costes laborales, y éstos se logran mediante la reducción de plantillas y el aumento de las cargas de trabajo. Las consecuencias sobre la calidad de la atención sanitaria son fáciles de deducir.

Por otra parte, externalizar los servicios no sanitarios significa sacar éstos del control público y someterlos a las leyes del mercado, abriendo el riesgo de que sus precios se establezcan según esas leyes, con la ventaja para las empresas concesionarias de carecer de competencia a la hora de fijar sus precios mientras dure la concesión y facilitando introducir en el futuro el copago -ya sea en la sombra o abiertamente-. Y si a estos factores se suma que nada impide las sucesivas subcontrataciones de esos servicios a otras empresas -que prestarán el servicio por menos dinero-, se habrán desvelado las vías de las Concesiones para obtener suculentos beneficios sin correr riesgo alguno. Beneficios que saldrán del bolsillo de los ciudadanos de la Comunidad y que hipotecarán el futuro de la sanidad pública.

El ejemplo de la Concesión Administrativa del Hospital de Alcira

Desde su apertura en 1999 como Concesión Administrativa, el Hospital de la Ribera (Alcira) recibe un trato de favor por parte del gobierno de la Comunidad valenciana. Se le factura por prestaciones que no se facturan al resto de hospitales públicos -salud mental, prótesis quirúrgicas, medicamentos-; se concentran en él enormes medios tecnológicos en detrimento de la dotación de los centros públicos, obligando al desplazamiento de enfermos desde otras Áreas para recibir tratamiento; y se le paga más cara la atención prestada a un paciente que no le corresponde que a otro de su propia Área (Diario Médico, 22/12/2004). De este modo se genera intencionadamente un flujo de fondos públicos hacia las empresas que gestionan privadamente este centro, hasta el punto que el informe del CES señala que el Hospital de La Ribera mantiene una ocupación del 94,7%, muy superior a la media de todos los hospitales de la Comunidad valenciana (80,5%) -los expertos señalan que este índice tan elevado de ocupación "no garantiza una asistencia de calidad", aunque sí jugosos beneficios económicos privados-.

A pesar de todo, las empresas que lo gestionaban reconocieron en 2002 pérdidas superiores a los 5 millones de €. El gobierno del PP de dicha Comunidad acudió en su auxilio, procediendo a la recesión del contrato, pagando 43,2 millones de € en concepto de bienes y 26 millones en concepto de "lucro cesante", como ¡compensación por adelantar la rescisión de un contrato que estaba generando pérdidas! En 2003 se licita de nuevo como Concesión Administrativa -esta vez unida a la gestión de la Atención Primaria que corresponde al Área de referencia del hospital-, y se otorga... ¡a las mismas empresas que fueron deficitarias!, y por un precio similar a la cuantía que recibieron por la rescisión del contrato -la consejería de sanidad valenciana acumulaba en 2004 una deuda en conciertos privados superior al 25% de su presupuesto sanitario-.

LA FEDERACION DE PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA HA ELABORADO EL SIGUIENTE MANIFIESTO:

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

La Sanidad Pública universal y de calidad ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar y es uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad, pues supone el esfuerzo de las personas con más poder económico y más sanas para permitir la atención sanitaria de los que tienen menos y están enfermos.

En los últimos años hay una campaña generalizada para desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos de salud, coincidiendo con el auge del neoliberalismo, que quiere privatizar los sistemas sanitarios públicos y que busca en ellos una oportunidad de negocio.

Esta tendencia internacional hacia el desmantelamiento de los sistemas sanitarios públicos afecta a todos los países en mayor o menor medida. En España se observan intentos por avanzar en la privatización de un sistema sanitario que goza de gran aprecio internacional, precisamente por su universalidad, fácil accesibilidad y carácter equitativo.

Sin embargo, la privatización no se realiza de la misma manera en todas las CCAA, porque depende, en gran medida, tanto de la voluntad política de los gobiernos autonómicos como de la capacidad de los ciudadanos y de las fuerzas sociales para evitarlo. Son las CCAA gobernadas por el PP donde se han producido ataques más serios contra la Sanidad Pública, como sucede en Madrid o Valencia, por citar solo las más significativas.

En esta campaña privatizadora juega un papel fundamental la estrategia de convencer a la opinión pública de las ineficiencias y problemas de funcionamiento del sistema sanitario público, cuando son los neoconservadores y neoliberales los principales responsables de esta situación mediante la introducción de nuevas formas de gestión empresarial, que con la disculpa de innovar, lo que en realidad buscan es poner por delante el ahorro, olvidando la calidad de la atención sanitaria.

Además, la introducción de formulas de gestión empresarial facilita la privatización de los centros, manteniendo la financiación con dinero público y olvidando que estas nuevas formas de gestión son modelos ya ensayados en el Reino Unido, donde han conseguido encarecer la construcción y puesta en marcha de los nuevos hospitales cuatro o cinco veces más que los del modelo tradicional. El funcionamiento de los mismos, con dos empresas distintas coexistiendo en el mismo centro, y el aumento de los gastos administrativos que supone el incremento de la burocracia, ha demostrado deficiencias importantes en cuanto al cuidado de la salud de los pacientes y un encarecimiento de los costes y problemas con la gestión, tal y como ha señalado la Organización Mundial de la Salud.

Los grandes perdedores de estos cambios que se avecinan serán los ciudadanos, porque la calidad de los servicios sanitarios empeorará, y porque los modelos privatizados tienen unos costes muy superiores. Los ciudadanos se verán obligados a pagar para poder utilizar los centros asistenciales y, a la postre, una parte de la población, la más pobre y la más enferma, se verá excluida de los sistemas sanitario. Recordemos el ejemplo de EEUU, donde 47 millones de personas no tienen derecho a ninguna atención sanitaria a pesar de ser el país del mundo que tiene un mayor gasto sanitario.

La falta de interés político por la Sanidad Pública se concreta en la masificación y en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, para las consultas de los especialistas, las pruebas diagnósticas y, mas recientemente, para los médicos generales y pediatras. Todo ello desde una política de premeditado descrédito de la Sanidad Pública, pues está claro que este es el primer paso para conseguir un apoyo ciudadano a su privatización. Y se trata solo de los primeros pasos, puesto que hay una estrategia de avanzar de manera lenta y continuada hasta conseguir que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y pase a ser un privilegio para aquellos que puedan pagársela, dejando para los demás un modelo similar a la antigua beneficencia.

Todavía estamos a tiempo de salvar un Sistema Sanitario que esta valorado entre los mejores del mundo, por la calidad de sus servicios y sobre todo por su carácter universal, gratuito y solidario. Por eso hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos y profesionales de la salud a movilizarnos en su defensa. No podemos permitir que la Sanidad Pública se convierta en un negocio en el que unos pocos se beneficien a costa de la salud de todos.



 
3 d'abril
Villares, R. - Bahamonde , A. El Capital en su contexto, El mundo contemporáneo. Siglos XIX Y XX (audiolibro mp3) 25 enero, 2013
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Jorge Negro Asensio Audio: https://youtu.be/zwE4rX-goXU https://www.youtube.com/watch?v=q_oS-yd8Y0w texto: https://drive.google.com/file/d/0B93D...

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concepció&disseny: miquel garcia "esranxer@yahoo.es"