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dilluns 15 d'octubre de 2012
“LOS PAÍSES PERIFÉRICOS EN UNA EUROPA FRACTURADA”
PROPUESTA DE ECONONUESTRA A TODAS LAS PERSONAS Y COLECTIVOS INTERESADOS EN IMPULSAR EL DEBATE SOBRE LA CRISIS:

http://econonuestra.org/es/

1. Impulsar el debate social

Han pasado más de cuatro años desde el inicio de la crisis y la situación económica y social, lejos de mejorar, ha empeorado y no deja de degradarse.

La gestión política de la crisis se ha encastillado en un diagnóstico interesado sobre las causas de los problemas y las instituciones europeas y los gobiernos nacionales persisten en la aplicación de una estrategia basada en recortes generalizados del gasto y la inversión públicos, presión sobre los costes laborales y reformas que reducen derechos y privatizan espacios que hasta ahora estaban reservados a los bienes públicos.

En ninguno de los objetivos planteados se han logrado avances significativos. Los recortes no han conseguido una reducción rápida y sustancial de los déficits públicos, y la mejora de la competitividad a través de la compresión de los salarios reales se ha revelado tan poco eficaz como insuficiente. Antes que conseguir una disminución de los desequilibrios en las cuentas públicas, las medidas aplicadas han provocado un hundimiento de la demanda interna que si bien ha favorecido una disminución de las importaciones y, como consecuencia, una reducción coyuntural del déficit por cuenta corriente, provoca al tiempo un retroceso de la actividad económica y del empleo que hace imposible seguir avanzando en la tarea de equilibrar las cuentas públicas y exteriores.

Tampoco las denominadas reformas estructurales del mercado laboral o del sistema bancario han mejorado nada. Por el contrario, las reformas laborales han afectado negativamente a los derechos de la mayoría y su capacidad de compra, mientras que el poder contractual de las empresas se amplía y fortalece a costa de debilitar la negociación colectiva y la capacidad de intervención sindical. La inacabada reforma de los sistemas bancarios ha conseguido desviar hacia el sector público y el conjunto de la sociedad los costes generados por la pésima gestión de sus responsables y el fortalecimiento de su solvencia, pero no ha logrado restablecer el crédito.

A pesar de ello, los gobiernos de los países periféricos han adquirido con las instituciones europeas y con los acreedores el firme compromiso de aplicar esa estrategia conservadora de salida de la crisis, a espaldas de la ciudadanía e incumpliendo gran parte de sus programas electorales. No parecen tener en cuenta los devastadores efectos que se están produciendo y que suponen una situación insostenible para millones de personas que han perdido sus empleos, no pueden acceder a puestos de trabajo que no existen, no cuentan con la protección social que deberían ofrecerles las instituciones públicas y han dejado de disponer de las rentas y los derechos efectivos que les permitan sentirse y ser considerados como ciudadanos y ciudadanas.

La persistencia y el agravamiento de la crisis, el fracaso evidente de las políticas aplicadas y la debilidad y escasa visibilidad de las alternativas políticas y económicas alientan el desánimo, la desconfianza, el temor y la frustración de las sociedades. Por ello, han comenzado a ser permeables a ideologías y prácticas populistas e insolidarias que desatan y alimentan pulsiones antidemocráticas y xenófobas que pueden hacerlas cada vez más insensibles a las penalidades de una parte de sus conciudadanos.

Pero la evidencia del callejón sin salida al que nos conducen el endurecimiento de los recortes y sus consecuencias sociales han alumbrado también la indignación de muchas personas, masivas protestas sociales y huelgas que exigen un nuevo horizonte y otras soluciones.

Los economistas críticos vinculados a ECONONUESTRA nos sentimos parte del movimiento social de indignación y protesta y compartimos sus objetivos de cambiar el actual estado de cosas y construir alternativas que supongan un nuevo orden de prioridades de la política económica que responda a las preferencias expresadas democráticamente por la ciudadanía.

La propuesta de discusión que se plantea con este texto pretende contribuir y servir de cauce para un debate social que permita avanzar en la reflexión colectiva sobre los problemas de muy diferente tipo, no sólo económicos, que aparecen asociados a la crisis y a las políticas de austeridad y recorte que se han impuesto. La elaboración de nuevas políticas económicas no debe dejarse en las manos exclusivas de los círculos de “expertos” poseedores de un supuesto conocimiento económico universalmente válido, sino que debe partir de un proceso de debate y elección política que corresponde a la mayoría de la sociedad. Confiamos en que ese debate y un mayor conocimiento de los problemas económicos y sociales, los intereses en juego y los poderes presentes harán más fuerte al movimiento social de indignación y protesta, conseguirán la retirada de las políticas de austeridad y permitirán dar nuevos pasos en la construcción de una estrategia alternativa que, partiendo del respaldo de la mayoría, sea técnica y políticamente viable.

2. Ganadores y perdedores

Los impactos de la crisis económica y de la errada gestión política que han impuesto los poderes efectivos de la UE han afectado de manera bien distinta a los Estados miembros; de igual modo, en cada país, los costes generados durante la crisis están siendo distribuidos de forma claramente asimétrica y afectan de forma diferente a unos y otros grupos sociales.

Las consecuencias más destructivas están afectando especialmente a las economías meridionales del continente. Lastradas por sus débiles estructuras productivas y sus elevados niveles de endeudamiento, soportan además la insoportable presión de los mercados y la rigidez de las instituciones comunitarias. Otros países europeos hacen frente a los rigores de la crisis con tejidos productivos más competitivos, menores niveles de endeudamiento y Estados del bienestar más desarrollados que suavizan el efecto de los recortes y las políticas recesivas.

Pero la crisis no sólo se manifiesta de manera desigual entre las economías que conforman el entramado comunitario. También se aprecia, desde la perspectiva de los grupos sociales y de las empresas, un desigual reparto de los costes. Esta perspectiva, deliberadamente ocultada por el discurso dominante, tiene sin embargo una importancia crucial.

Por un lado, un amplio segmento de la población se empobrece, la juventud observa con extremada preocupación cómo se cercena su horizonte laboral y profesional (se habla ya sin reservas de una generación perdida) y muchas pequeñas y medianas empresas se ven privadas del crédito necesario para funcionar, acometer nuevos proyectos de inversión o, simplemente, sobrevivir en unos mercados que experimentan una continua contracción. En el otro extremo, los que están situados en la cúspide de la pirámide económica y social no sólo han resistido mejor los embates de una crisis de la que, en buena medida, son principales responsables, sino que ésta ha creado el escenario adecuado para abrirles nuevas oportunidades: mercados que son capturados por grupos empresariales que se benefician de las debilidades financieras o de la quiebra de sus competidores; procesos de desregulación y concentración; bancos que reciben ingentes recursos y apoyos del sector público; privatizaciones de empresas y servicios públicos en condiciones muy favorables para los inversores; posibilidades para las empresas de reducir los salarios, despedir trabajadores, alargar la jornada de trabajo o cambiar cualquier otra de las condiciones de trabajo, etc.

Convendría no olvidar, en la relación de los ganadores, a un sistema bancario que ha estado en el origen de la crisis y sigue estando presente en su desarrollo, sin que sus principales accionistas, gestores y directivos de órganos de supervisión y control se hayan hecho responsables de su pésima gestión o hayan asumido los costes económicos y penales correspondientes.

Más allá de una pérdida coyuntural en el valor de las acciones, el sistema bancario ha visto recompensados su excesivo endeudamiento y la nula calidad de sus valoraciones sobre los proyectos de inversión de alto riesgo que financiaban, con un apoyo ilimitado del BCE y de los respectivos gobiernos nacionales que han acabado agravando la situación de las cuentas públicas. Los planes de rescate bancarios han aportado y siguen aportando financiación pública en condiciones extremadamente generosas sin que medie ningún compromiso o control que contribuyan a la recuperación del crédito y la actividad económica.

Ambas perspectivas –la nacional y la de los grupos sociales- añaden más desigualdades, más fracturas en una Europa que ya se caracterizaba por una creciente heterogeneidad, surgida de la existencia y del progresivo aumento de las disparidades productivas, sociales y espaciales.

En este complejo proceso de reorganización de los mercados, el tejido empresarial y las relaciones de poder, el mapa institucional y político europeo está siendo sometido a una profunda reconfiguración que está siendo impulsada principalmente por Alemania. Este país lidera las posiciones de otros países del “Norte”, abandera los intereses de los grandes bancos acreedores, de la burocracia comunitaria, de las grandes empresas transnacionales y de las instituciones monetarias y financieras internacionales. La crítica situación que atraviesan muchas economías comunitarias y los graves problemas que afectan al propio euro les brindan una oportunidad histórica para construir un proyecto europeo a su medida y para fortalecer la posición competitiva de las empresas exportadoras.

En este contexto se ha impuesto también una visión asimétrica sobre las responsabilidades en el origen de la crisis, que recaería principalmente sobre los países actualmente endeudados. Como consecuencia, la carga del ajuste debe recaer principalmente sobre estos mismos países, mediante imprescindibles políticas de austeridad. Sin embargo, una visión más ajustada a la realidad de los desequilibrios dentro de la UE no puede obviar la importancia que han tenido las políticas de contracción salarial y de la demanda interna que han practicado países como Alemania. Sin la orientación marcadamente exportadora de su crecimiento no pueden entenderse los abultados déficits comerciales de los países del sur del continente y por tanto su solución duradera requiere también una revisión profunda de esta estrategia.

3. Crítica de la estrategia conservadora de salida de la crisis

Las políticas económicas que se han recetado e impuesto a los países periféricos de la eurozona parten de un diagnóstico de las causas de la crisis en el que el despilfarro y la ineficiencia del sector público ocupan un papel esencial.

A esta causa determinante se añade un pretendido consumo desorbitado de sociedades que, al vivir por encima de sus posibilidades, han provocado insostenibles niveles de endeudamiento y desequilibrios de las cuentas exteriores. Ahora deben pagar sus excesos, sufrir la reducción de los niveles de protección social que existían antes de la crisis, tener acceso a menos y peores bienes públicos y trabajar más horas por menos salario –los que conserven sus empleos-.

También se reconoce un papel, menor, a las debilidades e incoherencias en el diseño institucional de la eurozona, que no han permitido gestionar los problemas y, en ocasiones, han contribuido a agravarlos.

Esos problemas de diseño deben ser solucionados, se añade, reforzando la unidad bancaria, progresando en la homogeneidad y disciplina fiscal y, como colofón, admitiendo en última instancia fórmulas de mutualización de la deuda pública que aplaquen la inestabilidad financiera pero no supongan incentivos para que los países periféricos vuelvan a despilfarrar los recursos que les prestan.

Como consecuencia de ese diagnóstico se ha impuesto un paquete de medidas que establecen como prioridad absoluta la consolidación fiscal a corto plazo, hasta conseguir un equilibrio estricto y permanente de las cuentas públicas. Al tiempo, se promueven devaluaciones internas para lograr mediante la compresión de los costes laborales un abaratamiento de las exportaciones que convierta al sector exterior en motor de la reactivación económica.

Los hipotéticos avances en la consolidación fiscal y en la mejora de las exportaciones netas se verían recompensados por el mantenimiento de planes de rescate condicionados al estricto cumplimiento de unos objetivos predeterminados, mientras se rediseña la eurozona con el fin de reforzar la capacidad de las instituciones comunitarias para ejercer el poder de control previo, decisión y gestión de la política presupuestaria y económica de los Estados miembros.

Nada permite sustentar este diagnóstico interesado ni las políticas económicas que se derivan de él, como tampoco los pretendidos efectos expansivos que tendrían en el futuro las medidas de austeridad. Los datos son concluyentes. Los déficits públicos no se están reduciendo al ritmo y en los tiempos esperados. La deuda pública y la deuda externa siguen creciendo, y la deuda privada no se reduce significativamente. La inestabilidad de los mercados financieros no se aplaca si no es por actuaciones del BCE cuyos efectos apenas duran días o semanas. El crecimiento de las exportaciones netas es antes el fruto de la caída de la demanda doméstica que de la mejora de la oferta productiva; y en último término no ha permitido compensar el hundimiento generalizado del gasto y la inversión de agentes económicos públicos y privados ni evitar una segunda recesión.

Además, los impactos negativos sobre el crecimiento potencial, fruto del recorte de las inversiones en innovación, educación o incorporación de nuevas tecnologías, de la destrucción de capacidad productiva y de las consecuencias del paro de larga duración, supondrán una restricción añadida a la futura reactivación económica. Finalmente, los efectos sociales más perniciosos de la crisis toman la forma de desempleo, pobreza y exclusión de los sectores más vulnerables y agudizan una desigualdad que está en el origen de la crisis y que no ha hecho más que aumentar desde su estallido.

¿Cómo explicar entonces la obstinación por perseverar en estas políticas? La persistencia en el error es, en primer término, la expresión de un “fundamentalismo teórico” que, lejos de haberse debilitado, ocupa una posición prominente tanto en los círculos académicos como en los centros políticos de decisión. El planteamiento que defienden es así de rotundo y de simplista: la austeridad obtenida a cualquier precio es la antesala del crecimiento económico. Quienes se encuentran instalados y atrapados en este bucle teórico parece que no han encontrado en el fiasco de las políticas aplicadas en los últimos años los datos y argumentos que recomienden revisar sus hipótesis y enunciados.

Pero no se trata sólo, ni principalmente, de convicciones ideológicas o de apriorismos académicos más o menos fundados. Hay más, mucho más. Una alianza de poderes y elites sociales y económicas minoritarios que obtienen beneficios y nuevas oportunidades en la actual situación de crisis y aspiran a conseguir nuevos espacios de acumulación y mecanismos que garanticen mayores tasas de rentabilidad mediante una redistribución más regresiva de la renta y una apropiación a bajo precio de activos públicos y privados.

Podría llegar a pensarse, incluso, que tras las pretensiones estabilizadoras, existe algo parecido a una “agenda oculta” cuyo objetivo final no sería otro que ofrecer al mercado y a los intereses privados el sector social público.

Lo cierto es que si esa agenda estuvo alguna vez oculta, hoy no lo está. El sector público está siendo sometido a la vista de todos a la lógica y los intereses mercantiles; y para ello, nada mejor que debilitarlo, cercarlo con restricciones presupuestarias, limitar su capacidad de recaudación con reformas fiscales regresivas, desgajar los servicios susceptibles de contar con una demanda solvente y ampliar los espacios sometidos a la lógica mercantil del beneficio privado.

4. Un diagnóstico alternativo de la crisis económica de la eurozona

La gran crisis financiera que estalló en la economía estadounidense en el año 2007 contagió de forma inmediata a un sistema bancario europeo y mundial que dio muestras de la excesiva vulnerabilidad a la que le habían conducido los procesos de desregulación, la debilidad de los órganos de supervisión y control y un sistema de incentivos que permitía asumir máximos riesgos colectivos con mínimas responsabilidades personales y que favorecía el incumplimiento de unos requisitos elementales en las tareas de auditoría o calificación de riesgos.

En la UE, tras la superficie de una convergencia aparente que aproximaba niveles medios de renta por habitante y tasas medias de interés a largo plazo de los Estados miembros, la crisis desveló una Europa fracturada en la que las diferencias en las estructuras y especializaciones productivas se habían agrandado y los muy graves desequilibrios macroeconómicos que sufrían las economías periféricas contrastaban con la saneada situación de los países que constituían el centro de la UE. De igual modo, las desigualdades de rentas, patrimonios y condiciones laborales entre los diferentes grupos sociales y en el seno de los propias clases trabajadoras se habían agrandado, aunque ese efecto aparecía también velado por un crecimiento de la renta media por habitante superior en la mayoría de los países periféricos al de los países más productivos y competitivos del centro de Europa.

En realidad, este crecimiento de la renta media estaba sustentado en unas bases frágiles donde el endeudamiento, facilitado por la financiarización de las economías y la propia moneda única, jugaba un papel fundamental.

El crédito abundante y barato fluía desde las economías del norte de Europa con superávits corrientes hacia las economías del Sur, donde se financiaban inversiones de dudosa calidad y sostenibilidad, pero de máxima rentabilidad a corto plazo, que impulsaban la desindustrialización, alentaban el despilfarro de materiales y recursos energéticos y, al menos en el caso español, destruían paisajes y medio ambiente y convivían o eran parte esencial de numerosos casos de corrupción política y económica.

Los mercados ideales deberían garantizar, supuestamente, una óptima utilización de los recursos y ofrecer señales claras a los agentes económicos para que tomasen las decisiones adecuadas, maximizasen la utilidad y minimizasen riesgos y costes. Los mercados realmente existentes, sin embargo, favorecieron la expansión de actividades económicas que habían logrado mantenerse a resguardo de la competencia externa, aumentando el peso de sectores que se caracterizan por su escasa productividad, bajo valor añadido, mínima densidad tecnológica y nulas exigencias de cualificación laboral en la mayor parte de la fuerza de trabajo que emplean. Además, se multiplicó el endeudamiento de los agentes económicos privados por encima de lo que podía sostenerse a medio plazo. La lógica y los automatismos de los mercados, la ausencia de políticas industriales y el funcionamiento de la propia unión monetaria alentaron en los países periféricos una utilización pésima de muchos de los recursos obtenidos y una consolidación de estructuras y especializaciones productivas que se sostenían gracias a una abundante y barata financiación externa.

El crédito había empujado a la demanda interna de la periferia por encima de la renta disponible de los hogares y, más aún, por encima de la oferta de bienes industriales imprescindibles, que debían ser importados para sostener el crecimiento. Así, se fue acumulando un exceso de endeudamiento de los agentes económicos privados y déficits exteriores crecientes que sobrepasaron los límites de lo sostenible.

El estallido de la crisis financiera global, el desbarajuste que a continuación asoló al sistema bancario y la consiguiente paralización del crédito impactaron en la economía real y desvelaron la hondura de los problemas de carácter estructural de los países del sur de la eurozona y la inadecuación e incapacidad de las instituciones europeas para gestionar una moneda y un mercado únicos en un área económica tan fracturada, tan dispar y con tan enormes desequilibrios internos.

A partir de 2008 comienza la corrección progresiva del excesivo endeudamiento privado de los países periféricos al que había conducido la lógica y el normal funcionamiento de la eurozona. Es entonces, y no antes, cuando el sector público intenta compensar parte de la debilidad de la demanda interna, inducida por el desendeudamiento privado y la paralización de los flujos financieros, con un incremento del gasto público que de hecho no pudo ser mantenido, porque los efectos recesivos de la crisis y las reformas fiscales llevadas a cabo antes de ella reducen drásticamente su capacidad recaudatoria. Junto a ello, el aumento del paro y de los costes de financiación de la deuda pública, no contrarrestados a tiempo por el BCE, exigían mayores desembolsos públicos. Es a partir de entonces, no antes de la crisis, cuando aparecen los actuales desequilibrios de las cuentas públicas.

En cambio, el aumento de las disparidades en las estructuras y especializaciones productivas y la ampliación de las desigualdades sociales y territoriales son ya anteriores a la crisis, poniendo de manifiesto el fracaso del objetivo de convergencia -justificación última y principal elemento diferenciador del proyecto de unidad europea- y revelando la dimensión estructural de la crisis europea. Más allá de los graves y ciertos problemas de la inestabilidad financiera, el déficit público o el mal diseño institucional de la eurozona, la consolidación de una Europa fracturada es la expresión de unas deficiencias estructurales que deben ser abordadas de forma inmediata, por mucho que su solución requiera tiempo y el esfuerzo cooperativo y solidario de todos los Estados miembros.

Este diagnóstico, que EconoNuestra somete al escrutinio y el examen de todas las personas y colectivos que deseen participar en el debate y en la elaboración de un Manifiesto destinado a la opinión pública, está abierto a los matices, correcciones y argumentos críticos que nos aporten todos los que deseen intervenir en la discusión. Nuestra pretensión no es tanto la de convencer como la de aprender, conocer mejor y destacar de forma colectiva los rasgos esenciales de la crisis y los objetivos prioritarios que cuentan con mayor respaldo social.

También pretendemos aportar criterios de actuación para superarla, capaces de alumbrar un programa alternativo de políticas económicas. Por ello, nos parece conveniente señalar algunas aportaciones en torno al diagnóstico de la crisis con las que no coincidimos o que consideramos insuficientemente matizadas, pero que también merecen ser explicitadas, tenidas en cuenta y consideradas en el marco de los debates que pretendemos impulsar.

En primer lugar, somos bastante escépticos con la apreciación de que el principal problema a largo plazo que debe solucionar la eurozona afecta a los fallos iniciales de su diseño institucional; aunque resulta imposible desconocer que esas debilidades e incoherencias institucionales existen y deben ser reparadas. Tampoco podemos estar de acuerdo en que la espiral recesiva que afrontan los países periféricos y, con menos intensidad, el conjunto de la UE tenga su origen en esos fallos. Ni, menos aún, con un análisis de los problemas en el que las fracturas existentes en Europa o las debilidades de las estructuras y especializaciones productivas de los países periféricos desaparecen o quedan subsumidos en cuestiones de diseño institucional o puedan ser solucionados con la simple reparación de esos fallos de diseño.

En segundo lugar, también nos parecen discutibles las interpretaciones que destacan como causa exclusiva o principal de la crisis a la inestabilidad financiera, asociada con frecuencia a los intereses especulativos que tanto abundan en los mercados de deuda soberana de los países periféricos. Aunque tales problemas de inestabilidad, escasez de financiación y altos costes financieros son graves y requieren una pronta solución que facilite que los inversores puedan seguir comprando y manteniendo la deuda pública de los países periféricos, no creemos que los problemas específicos de mayor calado que afectan a los países periféricos surjan o tengan solución en el ámbito de lo financiero. Incluso una vez solucionados los problemas de financiación de las economías periféricas, con cualquiera de las fórmulas de mutualización de la deuda que se están barajando, quedarían intactos y a la espera de soluciones específicas los problemas de modernización de la oferta productiva y de un cambio de calidad en las especializaciones que requieren esfuerzos, recursos y políticas particulares para ser solucionados.

En tercer lugar, la crisis económica se caracteriza por el hundimiento de la demanda, que se ha visto incrementado por las políticas de austeridad. Sin embargo, merece un debate en profundidad el papel que podría desempeñar una política expansiva a corto plazo para lograr una recuperación duradera de la actividad, en la medida en que deje intactas las deficiencias y debilidades de la oferta productiva. En nuestra opinión, no se puede retornar al periodo pre-crisis en el que la demanda doméstica era sostenida por el crédito y el sobreendeudamiento de los agentes económicos privados, pero provocaba un crecimiento económico insostenible y poco o nada deseable. Ni puede reeditarse aquel modelo de crecimiento ni sustituirse el papel que entonces jugó el apalancamiento privado simplemente por un programa de estímulo de la demanda por parte del sector público.

Y en cuarto lugar, contemplamos con inquietud las aristas de un planteamiento que nos parece excesivamente simplista en el que se vincula mecánicamente la reivindicación de más Europa o el fortalecimiento de las atribuciones políticas de las instituciones europeas con la solución de la crisis económica. Sobre todo cuando las propuestas concretas para ampliar y fortalecer las responsabilidades políticas de las instituciones europeas no incluyen ni suponen mayor transparencia o mayor control de la ciudadanía, ni apuntan a planteamientos federales de relación entre socios soberanos vinculados por objetivos y políticas comunes que benefician al conjunto. La Europa política que está avanzando, con las propuestas que están encima de la mesa, conducen a una Europa más regresiva, donde las transferencias de recursos –entre países y entre regiones-, además de limitadas, estén sometidas al cumplimiento de estrictos compromisos presupuestarios, donde la única redistribución aceptada sea la que imponen los mercados, donde el euro opere al servicio de las economías más ricas, con un diseño institucional que prime los intereses de estas economías y que reduzca los ya muy mermados espacios de representación democráticos. La reivindicación de unas instituciones más fuertes no tiene ningún sentido si, al mismo tiempo, no se une a las características concretas que se pretenden fortalecer: un proyecto de unidad europea más democrático, cooperativo y solidario que establezca como principio inexcusable una mayor cohesión social y territorial y que permita el desarrollo de los socios más débiles.

5. Prioridades y criterios de actuación para una nueva política económica

Las consecuencias negativas de la estrategia conservadora de salida de la crisis, las que ya se han producido y las que pueden llegar, requieren una enérgica actuación ciudadana que detenga e invierta la deriva en la que se encuentra la economía europea, especialmente las economías de países como Grecia, Portugal, España o Italia, y el propio proyecto de unidad europea.

Al mismo tiempo, es deseable que la oposición a las políticas de recortes –en el gasto presupuestario, en los salarios, en los bienes públicos, en los derechos- sea acompañada por propuestas alternativas que no sólo sean eficaces para revertir el círculo vicioso de la recesión en la que nos encontramos –lo urgente- sino que además favorezcan los intereses de la mayoría, preserven la cohesión social y resuelvan los problemas más profundos que afectan a las economías periféricas de la eurozona –lo necesario-.

No es nuestra intención, sin embargo, establecer aquí un programa exhaustivo de medidas concretas que podrían ser adoptadas, sino más bien proponer un debate en torno a lo que deberían ser las prioridades y criterios de actuación fundamentales para construir una nueva estrategia de política económica en nuestros países y en el conjunto de la UE.

Esto se justifica, de hecho, por lo que entendemos que debe ser la primera condición que debe cumplirse:

recuperar el verdadero sentido de la democracia también en la formulación de la política económica.

Para nosotros, esto tiene un sentido muy preciso. En primer lugar, el proceso de elaboración de un programa económico no es un problema exclusivamente técnico reservado a especialistas (economistas) aun cuando sea necesaria la intervención de éstos para contribuir a proporcionar coherencia y viabilidad a las medidas concretas que se proponen y a la relación entre esas medidas y los objetivos que se pretenden. La definición de las prioridades y el establecimiento de la jerarquía de valores que inspira a cualquier programa económico es un proceso esencialmente social y político que requiere información, discusión y acuerdo por parte de la ciudadanía. Movimientos como el 15-M en España y otros a lo largo de toda Europa representan, sin duda, una señal en esta dirección: la participación en la formulación de un consenso social básico en torno a los objetivos de la política económica forma parte del concepto mismo de ciudadanía.

En segundo lugar, los ciudadanos europeos debemos recuperar la capacidad de decisión efectiva sobre la orientación deseable de nuestras economías. Entiéndase bien: no se discute sólo el nivel –nacional, europeo- en el que debe situarse la toma de decisiones, sino más bien que ésta debe tener un carácter esencialmente democrático. Nos oponemos, por tanto, a la apropiación de las decisiones fundamentales que han realizado instituciones europeas poco transparentes y nada responsables políticamente o algunos gobiernos con evidente capacidad de presión, que bajo una apariencia tecnocrática imponen a los países en dificultades, aprovechando su debilidad, unas medidas que cuentan con la clara oposición de la ciudadanía, que favorecen a grupos muy concretos y que, muchas veces, contradicen los programas electorales con los que los gobiernos se presentaron a las elecciones.

En tercer lugar, entendemos que la transparencia en las medidas económica que van a adoptarse es exigible siempre, pero especialmente en momentos tan críticos como los actuales. No es aceptable bajo ningún concepto lo que está ocurriendo: que gobiernos elegidos con un programa electoral pasen a aplicar inmediatamente, sin solución de continuidad, medidas que contradicen de manera fundamental lo que se sometió al voto ciudadano. El compromiso con el programa presentado y el aumento del control democrático sobre este cumplimiento deberían formar parte esencial del cambio en la situación actual que proponemos.

Sentado lo anterior, la política económica de los países con elevados niveles de deuda (pública, privada y externa) se enfrenta ahora mismo a la restricción fundamental que impone la falta de financiación, reflejada particularmente por la crisis de los mercados de deuda soberana y la situación de las primas de riesgo. A nuestro juicio, la crisis económica no se resume en una crisis de deuda soberana, pero es imprescindible resolverla para salir de la recesión y, a la vez, para comenzar a desatar el nudo de los problemas de fondo que tienen nuestras economías.

En este sentido, la intervención del BCE, actuando como un auténtico banco central en todas sus funciones, incluida la de prestamista en última instancia y apoyo a la política fiscal, resulta imprescindible para estabilizar en un nivel aceptable el coste de financiación de la deuda. El análisis de los detalles técnicos de las diferentes modalidades en las que se puede concretar esa intervención del BCE o cualquier otro de los cambios institucionales que es necesario realizar requieren una atención pormenorizada y valoraciones matizadas de sus implicaciones e impactos, pero la denuncia del papel que está jugando el BCE desde el inicio de la crisis puede hacerse ya sin ambages. Tras negar inicialmente su responsabilidad en los problemas de los mercados de deuda soberana, pasó después a realizar algunas intervenciones discontinuas e ineficaces, para acabar asumiendo finalmente un aparente compromiso de intervención ilimitada en los mercados secundarios, aunque sujeta a una fuerte condicionalidad macroeconómica. Rechazamos esta actuación al menos por dos razones. En primer lugar, porque una institución con escaso contenido democrático acaba decidiendo las políticas económicas nacionales y garantizando su aplicación por parte de los respectivos gobiernos: es difícil encontrar un ejemplo más descarnado del incumplimiento de los principios que hemos señalado en los párrafos anteriores. En segundo lugar, porque sabemos que las condiciones impuestas supondrán básicamente un mayor rigor en los ajustes y reformas que caracterizan las políticas actuales, cuando lo que necesitan los países con problemas de financiación es, precisamente, lo contrario: utilizar estos recursos para adoptar las medidas de política económica necesarias para generar empleos y actividades económicas sostenibles.

Concretando más, podemos señalar algunas de las prioridades que debería plantearse un programa alternativo de política económica:

1ª. Las políticas de austeridad deben abandonarse y dejar paso a otras políticas centradas en el mantenimiento y la creación de empleo.

No existe nada parecido a una “austeridad expansiva” y los efectos más claros de los recortes y las otras medidas de austeridad es hundir aún más la demanda doméstica y profundizar la recesión. Las políticas de austeridad son parte del problema, no herramientas que faciliten la salida de la crisis. Ni el equilibrio de las finanzas públicas puede ser, como ahora, la máxima prioridad de las políticas económicas, ni el camino para resolver los problemas actuales de déficit público son los recortes.

2ª. Además de estos efectos a más corto plazo sobre la estabilización de la demanda, es necesario preservar también la capacidad del sector público para intervenir en la economía al menos en dos aspectos de carácter estructural. En primer lugar,

el acceso universal a los servicios básicos del Estado del Bienestar (educación, sanidad, pensiones y servicios de ayuda a las familias) debe entenderse como un derecho de ciudadanía incuestionable, y sólo el sector público puede garantizar este acceso en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos.

En segundo lugar, los problemas de especialización productiva y baja capacidad competitiva en sectores con alto valor añadido requieren inversiones públicas en distintos ámbitos, como la educación, la tecnología, la innovación o las infraestructuras.

Como en el caso anterior, estos objetivos no pueden subordinarse al cumplimiento mecánico de reglas de equilibrio presupuestario que carecen de fundamento económico y que serán imposibles de cumplir sin una fuerte contracción económica que conlleva, además, la imposibilidad de que el Estado pueda seguir ofreciendo servicios sociales básicos.

3ª. En gran medida, las actuales dificultades del sector público tienen su origen no tanto en políticas de gasto demasiado laxas, sino más bien en la propia recesión y en las estrategias seguidas antes de la crisis para disminuir la capacidad recaudatoria de las Administraciones públicas, especialmente reduciendo la contribución relativa de las empresas y las rentas más altas. Esta tendencia debe ser revertida, garantizándose los ingresos necesarios a través de reformas fiscales progresivas que incidan en las operaciones financieras especulativas, las rentas del capital, los gravámenes sobre la riqueza y la persecución del fraude fiscal.

4ª. Entre los objetivos básicos que debe perseguir el nuevo modelo de crecimiento económico deben tener un lugar destacado la cohesión social y la garantía de empleos suficientes y decentes: estables, con condiciones laborales dignas y con salarios suficientes y justos. La experiencia pasada muestra, sin embargo, que no basta con el crecimiento económico, ni siquiera si éste es elevado, para asegurar ambos objetivos, y que deben adoptarse medidas específicas para lograrlos. Más aún, las reformas laborales que se han aprobado recientemente, además de ser ineficaces desde el punto de vista de la creación de empleo, caminan exactamente en la dirección contraria, generalizando la precariedad y la devaluación salarial.

5ª. Uno de los problemas que ha desvelado el funcionamiento de la unión monetaria en los años anteriores, con una gran incidencia en la gestación de la crisis actual, es la acumulación de desequilibrios por cuenta corriente en el interior de la propia zona euro: países deudores con déficits crecientes y países acreedores con superávits abultados. Esta asimetría debe ser resuelta, pero bajo un enfoque completamente distinto al que ha acabado imponiéndose. Según la visión que impregna hoy los discursos oficiales, los países deudores se encuentran en esta situación como consecuencia de unos gastos excesivos y un crecimiento salarial demasiado elevado, y para resolverla deben seguir un proceso de devaluación interna que implica recortes de gastos presupuestarios y costes laborales. Sin embargo, estas medidas no pueden ser eficaces, salvo a costa de profundizar la recesión. La solución de estos desequilibrios requiere cambios en los países con déficit (pero de naturaleza distinta a los que se están promoviendo, ya que la modificación más importante que nadie parece preocupado en impulsar está relacionada con la especialización productiva) pero también en los países con superávit. Es preciso entender que no puede generalizarse a todos los países una estrategia de crecimiento basada en las exportaciones, si todos ellos aplican al mismo tiempo medidas de austeridad que agravan los problemas de falta de demanda global. ¿De dónde va a surgir la demanda con capacidad de pago para adquirir ese incremento de las exportaciones?

6ª. La crisis económica no es sólo financiera, pero sí tiene una innegable dimensión relacionada con este ámbito. El proceso de desregulación del sector ha incidido en la gestación de la crisis y su peso creciente en el conjunto de la economía ha agravado sus impactos sobre la economía real. Los problemas de solvencia de las entidades bancarias y la falta de crédito se retroalimenta con la crisis económica. Los rescates bancarios que se están llevando a cabo detraen recursos públicos sin apenas condiciones o penalizaciones para sus responsables, pero no resuelven las consecuencias macroeconómicas de esta misma falta de crédito. Por tanto, otra de las prioridades de un programa alternativo de política económica debería ser una regulación pública estricta y transparente que impida la repetición de los problemas actuales derivados de los excesos financieros, a la vez que restablece lo antes posible el acceso al crédito, especialmente por parte de la pequeña y mediana empresa.

7ª. La solución de la crisis de la deuda soberana, el abandono de las políticas de austeridad y la recuperación de tejido económico viable y sostenible son condiciones necesarias para salir de la actual situación de recesión, pero no son suficientes para superar las debilidades y carencias productivas estructurales que caracterizan a las economías periféricas. La salida de la crisis de las economías periféricas requiere, en cualquiera de los supuestos, solucionar los problemas de la economía real, impulsar la modernización de la oferta productiva y promover un cambio sustancial de las especializaciones exportadoras.

Sin un mayor peso del sector manufacturero y un salto en la gama de la producción industrial, el crecimiento de la economía española seguirá dependiendo en gran medida de las importaciones de bienes de capital y tecnología. La mejora de la oferta productiva debe inscribirse en la búsqueda consciente de nuevos patrones de crecimiento, sustentados en la calidad y la utilidad social de los bienes y servicios generados antes que en su cantidad y compatibles con el mantenimiento de los ecosistemas; asegurando que el crecimiento impacta positivamente en el empleo y los salarios. Tal modernización debe ser compatible con un cambio del modelo energético que favorezca a las energías renovables, aliente el ahorro y la eficiencia energética y limite la producción y el consumo de energías que supongan mayores riesgos, dependencia externa, costes directos que no se incorporan a los precios y externalidades negativas.

6. Invitación a la participación

Terminamos esta propuesta para el debate como lo empezábamos. La crisis ha tenido ya efectos sociales y económicos devastadores, pero la persistencia en las mismas estrategias de política económica que se han mostrado tan perniciosas permiten vislumbrar, si nada cambia, un futuro aún más sombrío y plagado de incertidumbres.

Lejos de caer en el pesimismo y la resignación, la experiencia de movimientos como el 15-M, las protestas y huelgas sindicales y, en suma, la indignación y la movilización ciudadana, deben ser un acicate para denunciar los efectos negativos de la salida conservadora a la crisis que se está aplicando y los intereses que esconde, y para perseverar en la construcción de una alternativa que debe ser económica, pero también social y política.

Por supuesto, el cambio sustancial de rumbo de las economías europeas y de la propia UE que aquí se propone contará con la activa resistencia de las elites económicas y sociales que sostienen el actual estado de cosas. De ahí la necesidad de acumular masa crítica ciudadana capaz de vencer esa resistencia. Este texto quiere contribuir a alentar ese esfuerzo cívico y democrático, apelando a todas aquellas personas interesadas a debatir abiertamente su contenido.

http://www.economy4youth.com/manifiesto/



Economia UE-SUR Propuesta de manifiesto

Manifiesto Los países periféricos en una #EuropaFracturada

PROPUESTA DE ECONONUESTRA A TODAS LAS PERSONAS Y COLECTIVOS INTERESADOS EN IMPULSAR EL DEBATE SOBRE LA CRISIS

*Puedes leer un resumen del manifiesto con reflexiones en torno a las aportaciones, aquí.

Invitamos a todas las personas interesadas a entrar en el debate sobre el contenido sobre esta propuesta manifiesto “LOS PAÍSES PERIFÉRICOS EN UNA EUROPA FRACTURADA”. Caben diversos formatos: comentarios sobre el propio texto y reflexiones más amplias.

Las reflexiones más amplias deben enviarse a: aportaciones.manifiesto@economy4youth.com; y los comentarios pueden realizarse al final de esta página.
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9 d'agost
Conferencia Ecosocialismo o capitalismo verde, por @JorgeRiechmann(*) (17-1-2017 Córdoba) https://youtu.be/S-jwMXcGTi8
Aquí podemos obtener materiales de trabajo que nos ofrece el autor de la conferencia: [http://tratarde.org/ (...)

concepció&disseny: miquel garcia "esranxer@yahoo.es"