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dimecres 16 de novembre de 2011
Justicia social para regular la salida de la crisis
José Graziano da Silva *

La crisis mundial requiere respuestas rápidas para recuperar la demanda y líneas de acción para sustituir el desorden financiero por un ciclo de expansión, regulado por la justicia social, afirma José Graziano da Silva, próximo director general de la FAO.

Coordinar la transición de un ciclo de desarrollo a otro es una de las ecuaciones políticas más difíciles en la vida de una sociedad.

Lanzada en enero de 2003 con el programa Hambre Cero, la política de seguridad alimentaria de Brasil cumplió ese papel al unir bajo un amplio paraguas de acciones –con énfasis en la atención urgente del hambre– la recuperación del poder de compra del salario mínimo y la creación de empleos.

Ampliar el poder adquisitivo de las familias más pobres, en especial de su gasto alimentario mediante la transferencia condicionada de ingresos y, de forma simultánea, promover reformas favorables a su inserción productiva fue la amalgama general del programa. Esa combinación contribuyó a desmontar resistencias, que no deben descuidarse al inaugurar un nuevo ciclo, logró resultados rápidos que exigía la emergencia social y recogió legitimidad política en distintas capas de la población.

El gobierno puede entonces tomar iniciativas de carácter más estructural, dando autonomía progresiva a las políticas sectoriales, como el fomento de la agricultura familiar, que fortalezcan las vías de tránsito hacia una nueva dinámica de crecimiento inclusivo.

La coherencia de esta trayectoria se ejemplifica en algunos números: entre 2003 y 2010, la desnutrición infantil se redujo en 61 por ciento, el crédito para la agricultura familiar creció ocho veces y los ingresos de las familias del campo aumentaron tres veces más que el promedio nacional, mientras la pobreza rural se contrajo en 15 puntos porcentuales.

Lo que resulta inspirador de la experiencia brasileña no es solo la amplitud y rapidez de los resultados, sino la revelación de interacciones virtuosas entre el combate al hambre y las nuevas dinámicas de crecimiento.

Un ejemplo es la demanda cautiva anual de 1.000 millones de reales (unos 580 millones de dólares) creada para la agricultura familiar, gracias a la obligación de adquirir un tercio de los alimentos escolares en productos locales.

Políticas como esta se pueden adaptar a la realidad de otros países, reproduciendo su impulso emancipador en las comunidades locales, con importantes consecuencias para la seguridad alimentaria de toda la sociedad.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el gobierno de Brasil ya comparten con otros países de América Latina y el Caribe la experiencia de compra de productos de la pequeña agricultura para abastecer las meriendas escolares.

Brasil no reinventó la rueda en la lucha contra el hambre. Pero amplió su capacidad de torsión al articular programas exitosos dentro y fuera del país. Bebió sobre todo de la fuente del "New Deal", que ayudó a Estados Unidos y al mundo a superar la gran depresión de la década de 1930 al priorizar la recuperación de la demanda.

El éxito brasileño comprueba que la acción del Estado sigue siendo una fuerza importante para redefinir la matriz del crecimiento en la transición de un ciclo económico a otro.

La recreación en 2003 del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea) constituyó un foro de renegociación de esa nueva hegemonía democrática. A lo largo del proceso se ejecutaron cambios estructurales de dimensión histórica.

Ese conjunto de acciones devolvió al mercado interno masivo un papel central que permitió al país sustentar su crecimiento, en medio de la contracción del comercio y del empleo mundial.

Hoy podemos decir aquello que en los años 90 era un anatema: la sociedad solo controla su desarrollo cuando es capaz de regularlo con políticas públicas articuladas en forma democrática por un Estado inductor, asociado a una sociedad civil organizada y a la participación activa de la iniciativa privada.

Esto es lo que Brasil sigue haciendo, como lo demuestra la IV Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que se celebra entre el 7 y el 10 de noviembre en Salvador, capital del estado de Bahía, con una participación prevista de más de 2.000 delegados nacionales y más de 100 internacionales.

Entre ellos se encuentran integrantes del Frente Parlamentario contra el Hambre para América Latina y el Caribe, que trabaja a favor de presupuestos indispensables para la seguridad alimentaria.

Incorporar un abanico ecuménico de fuerzas a la lucha contra el hambre es lo que hace también la FAO con la reforma y ampliación del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, congénere planetario del Consea.

Construir seguridad alimentaria en el ámbito mundial puede ayudar a superar una crisis económica para la cual no existe, precisamente, una agenda capaz de poner fin al círculo vicioso y paralizante de consumidores que no compran, fábricas que no producen y bancos que no prestan.

Casi 80 por ciento de la humanidad vive hoy con menos de 10 dólares por día y destina la mayor parte de ese presupuesto a la alimentación. Cerca de 70 por ciento de las personas que sufren desnutrición viven junto a la tierra, sin poder extraer de ella los productos e ingresos suficientes para garantizarse siquiera la supervivencia.

Para una porción mayoritaria del mundo, por tanto, la manifestación más palpable de la crisis son las fluctuaciones abruptas de la producción, la oferta y los precios de los alimentos, impuestas por la turbulencia financiera.

La crisis mundial requiere respuestas rápidas que propicien la recuperación de la demanda y agendas consensuadas que establezcan líneas de acción para sustituir el desorden financiero por un ciclo de expansión, regulado por la justicia social. La lucha contra el hambre puede ser uno de los pilares de esa travesía.

* José Graziano da Silva es director general electo de la FAO, cargo que asumirá en enero de 2012. Derechos exclusivos IPS.



 
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