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dimecres 25 de juny de 2014
Al descubierto una “ola privatizadora” de servicios públicos. (Tratado Transat­lán­tico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre EE UU y la UE)
Tom Kucharz para Diagonal
per  Ecologistas en Acción

“Lo que había hasta ahora eran conjeturas”, afirma Fátima Aguado, secretaria internacional de la Federa­ción de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Tras la filtración de tres documentos secretos de trabajo que sirven de base para las negociaciones del Tratado Transat­lán­tico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre EE UU y la UE, las conjeturas se convirtieron en certezas. “Lo que quieren hacer es abrir el mercado de los servicios públicos a las empresas estadounidenses”, dice.

En los documentos, publicados el pasado 13 de junio a través de Filtra.la, proyecto en el que colaboran Diagonal, junto con eldiario.es, La Marea y Mongolia, se enumeran los servicios que la Comisión Euro­pea está dispuesta a negociar con el Gobierno de EE UU. Sanea­miento de aguas, mutuas, servicios sociales y asociados a la sanidad o la educación son algunos de los sectores que, según los documentos filtrados, po­drían ser objeto de liberalización.

Ante la opacidad de las negocia­cio­nes, la Federación Euro­pea de Sindi­catos de Servicios Públi­cos (EPSU), que incluye a 265 sindicatos de ocho millones de trabajadoras y trabajadores de servicios públicos, decidió filtrar los documentos secretos que recibió de fuentes gu­berna­men­tales con el apoyo de la campaña #NoalTTIP del Estado español.

El TTIP es un extenso ajuste legislativo que desde verano de 2013 están negociando la UE y EE UU. La sexta ronda de negociaciones tendrá lugar en Bruselas a partir del 14 de julio. “El objetivo de la Comi­sión Euro­pea y los funcionarios estadounidenses es llevar a cabo las conversaciones lo más rápidamente posible y sin que los detalles lleguen a la opinión pública, con la esperanza de cerrar las negociaciones antes de que la ciudadanía en Euro­pa y EE UU descubra la verdadera envergadura de la amenaza que supone el TTIP”, comenta John Hillary, de la organización londinense War on Want.

Como han admitido funcionarios de ambas partes, la principal función de este tratado es eliminar las “barreras” que limiten los beneficios de las corporaciones a ambos lados del At­lántico. Estas “barreras” son en rea­lidad normativas en materia de derechos sociales, laborales y ambientales. “Además de su programa desregulador, el TTIP también pretende crear nuevos mercados abriendo el sector de los servicios públicos y la contratación pública a las empresas transnacionales, lo que amenaza con provocar nuevas olas de privatizaciones en sectores clave como la sanidad o la educación”, alerta Hillary. Ataque a la sanidad pública

En una carta a John Boehner, portavoz de la Cámara baja de EE UU, el representante de Comercio de EE UU, Demetrios Ma­ran­tis, confirmaba que usará el TTIP para “cuestionar el funcionamiento de cualquier monopolio designado” en el ámbito de los servicios públicos. En consecuencia, como relata John Hillary, algunos miembros del Parla­mento británico han alertado de que el TTIP podría “destruir” el Servicio Nacional de Salud (NHS) si las compañías estadounidenses se hacen con el derecho de adjudicarse contratos de gestión clínica.

Por ello, colectivos como Pacientes Orga­nizados en De­fensa del NHS se han sumado a la campaña contra el TTIP. También en el Estado español, la Federación de Aso­cia­ciones en Defensa de la Sani­dad Pública (FADSP) denuncia que el TTIP agranda el peligro para el sistema público de sanidad. La federación señala varias amenazas para la sanidad pública europea. En concreto, los gobiernos no podrán recuperar los servicios externalizados o privatizados, aunque “sean un desastre y sus gastos exorbitantes”. Con el TTIP en vigor, el mercado debería abrirse a las corporaciones transnacionales y garantizar que se ofrece a los inversores y proveedores de servicios extranjeros el mismo trato que a los proveedores locales, algo que se conoce en la jerga del derecho comercial como “trato nacional”.

Esta cláusula podría constreñir la capacidad de los Estados para controlar el número y el tamaño de los proveedores privados que entran en el mercado europeo y que dirigen los sistemas de salud. Las compañías de seguros médicos o de servicios hospitalarios podrían impugnar legalmente las políticas públicas de salud. El tema está generando preocupación en sindicatos y en las mareas.

La Comisión Europea ha negado repetidas veces que se esté negociando la liberalización de los servicios públicos. No obstante, también reconoció en el pasado que la cláusula no protege los servicios públicos, dada la restringida definición sobre qué servicios pueden ser excluidos.

En efecto, tal como afirma Pablo Sánchez, responsable de comunicación de EPSU, todo depende de la definición de servicio público. “Cuan­do la Comisión habla de sanidad pública se refiere a la sanidad financiada por el Estado, pero no a una concesión que una empresa privada, por ejemplo, puede tener con un hospital, y esto deja abierta la puerta casi a cualquier cosa”, añade. El comercio de servicios es una categoría muy amplia que incluye, por ejemplo, la telemedicina, el turismo médico o el movimiento temporal de enfermeras.

Una ambigüedad que puede ser muy rentable para el capital privado y puede profundizar las desigualdades sociales. “En algunos países los servicios sociales se hacen a través de mutuas, es decir, con financiación privada. En otros, como Rumanía, directamente no existen los servicios sociales. Por poner otro ejemplo, Sanitas se ocupa con un contrato de los casos de alzheimer de la Comu­nidad de Mur­cia. Todo esto estaría abierto a la liberalización con la firma del tratado”, explica.

La definición de servicio público de la Comisión Europea tampoco protege el carácter público del agua. Es a través del procesamiento y saneamiento, “el león del proceso productivo”, donde el tratado con EE UU intenta avanzar en la “privatización del agua”, afirma Sánchez. Un ejemplo es la ciudad de Bruselas, donde la gestión del agua es pública, pero el saneamiento es privado, y “cuando se enfadan cierran la planta y, literalmente, toda la mierda va al canal”. Acceso ilimitado

“La opinión mayoritaria de los sindicatos europeos es que el TTIP es la directiva Bolkestein por la puerta de atrás”, explica Fátima Aguado, de CC OO. Según los documentos filtrados, la Comisión Europea persigue un nivel de “profundidad sin precedentes” en los compromisos que la UE está dispuesta a asumir en la liberalización del sector de servicios para ofrecer un acceso ilimitado a las multinacionales de EE UU a los mercados europeos, y espera la misma respuesta del Gobierno de EE UU y de sus Estados federales para las multinacionales de la UE.

Detrás del tratado, señala Aguado, hay una operación para equiparar a la baja los estándares ambientales, sociales y laborales: “EE UU incumple cinco convenios de la Organización Internacional del Trabajo, particularmente los que tienen que ver con los derechos a la negociación colectiva, la libertad sindical, el salario mínimo y cuestiones de igualdad”.

Otra de las conclusiones que se pueden extraer de la filtración es que será posible liberalizar servicios tan cruciales como la gestión de residuos tóxicos, las licencias de radiodifusión y los estudios de impacto medioambiental. “Ya no es la Administración pública la que con sus inspectores va a hacer un estudio sobre cuál es el impacto de un proyecto, sino que serán grandes corporaciones de auditoría como Deloitte, ‘socio’ de la compañía que desarrolla el proyecto”, dice Pablo Sánchez. Sin embargo, señala este sindicalista, la oposición al TTIP y las primeras filtraciones está dando resultados: “Intentaron hacerlo por la vía rápida y han visto que tienen que hacer consultas con la sociedad civil”.

¿Qué dicen los papeles filtrados?

Los documentos publicados a través de Filtra.la (filtrala.org) el pasado 13 de junio incluyen una larga lista de servicios para liberalizar y están siendo la base de conversaciones confidenciales en el Comité de Política Comercial del Consejo Euro­peo. El 25 de mayo se enviaron a los gobiernos de la UE, de los que se esperaba una respuesta antes de la próxima ronda de negociaciones entre EE UU y la UE, que empezará el 14 de julio en Bruselas. Las negociaciones se realizan bajo las reglas del Acuer­do General de Comercio en Servicios (AGCS) de la OMC, que buscan un mayor “acceso al mercado” e incluyen la peligrosa cláusula “trato nacional”.

¿Por qué hay que temer al TTIP?

Las negociaciones del TTIP crearían un entorno más favorable a la privatización de los servicios públicos, bloquearían la capacidad de remunicipalizar o de crear nuevos servicios públicos y restringirían la capacidad para legislar en campos como la seguridad de los trabajadores, las normas ambientales, la protección de los consumidores y el cumplimiento de las obligaciones de proveer los servicios universales. La lista de ofertas en las negociaciones sobre servicios se extenderá a otras esferas, como la concesión de licencias para centros de salud, la acreditación universitaria y escolar o el suministro municipal de agua.

El precedente del acuerdo TISA

Según los documentos filtrados, para la oferta de servicios abiertos a la liberalización, la Comisión ha seguido las pautas del TISA, el Acuerdo sobre Comercio de Servicios que la UE actualmente negocia en secreto con decenas de países de la OCDE, entre ellos EE UU, Japón, Australia, México y Canadá. Según se puede leer en la filtración, “los Gobiernos recibieron el borrador de las ofertas [de servicios] que refleja la oferta presentada por la UE en las negociaciones del TISA en términos de formato y sustancia”. El método de “lista negativa”, utilizado en las negociaciones del TISA, se puede volver a emplear en las conversaciones sobre el TTIP.



 
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concepció&disseny: miquel garcia "esranxer@yahoo.es"