La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) violó su propias reglas durante 25 años al realizar secuestros, complots de asesinato, intervenciones telefónicas, vigilancia doméstica, cateos no autorizados y "experimentación humana", según información contenida en un archivo de 693 páginas que será hecho público por primera vez.

El National Security Archive, organización de investigación independiente de Washington, obtuvo un resumen de las actividades ilegales y otros documentos que ofrecen datos sobre el contenido del expediente, que será hecho público los próximos días.

Entre los detalles sobre las actividades expresamente ilegales llevadas a cabo desde los años cincuenta está el secuestro de un desertor ruso, la intervención telefónica sobre actividasdes de dos columnistas (Robert Allen y Paul Scott), la vigilancia clandestina del reconocido periodista Jack Anderson, la vigilancia física de un reportero del diario The Washington Post, cateos no autorizados de ex integrantes de la agencia, la violación de correos entre Estados Unidos y la Unión Soviética (desde 1953 hasta 1973) y entre la Casa Blanca y China (de 1969 a 1972).

Además, el material incluye información oficial sobre los complots para asesinar a Fidel Castro, Patricio Lumumba, el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo y el general chileno René Schneider (aunque se indica que todos los intentos fracasaron).

Se registran, asimismo, actividades de espionaje doméstico contra críticos y disidentes, incluyendo la elaboración de fichas sobre más de 9 mil 900 estadunidenses relacionados con el movimiento de oposición a la guerra en Vietnam y la vigilancia de ex agentes que se convirtieron en críticos de la propia CIA, como el caso de Víctor Marchetti.

También se revela que hubo esfuerzos para identificar "las actividades internacionales de radicales y militantes negros" a finales de los años setenta, así como de contactos en el extranjero de "disidentes". Asimismo, se hace referencia a la infiltración de agentes en el movimiento pacifista en Estados Unidos.

La CIA, según este archivo, financió investigaciones en varias instituciones académicas sobre "modificación de comportamiento", incluyendo experimentos sobre el uso de drogas.

El expediente fue abierto por orden del entonces director de la agencia, James Schlesinger, en mayo de 1973. El periodista Seymour Hersh fue el primero en revelar esas operaciones ilegales en un reportaje de primera plana publicado en el New York Times el 22 de diciembre de 1974, lo cual provocó un escándalo político.

Informó sobre las operaciones de la agencia contra fuerzas antibélicas y otros "disidentes", y divulgó la existencia del archivo secreto que registraba las actividades ilegales desde los años cincuenta.

Según el National Security Archive, esto provocó pocos días después reuniones entre la CIA y el Departamento de Justicia para evaluar las "cuestiones legales" y poco después se realizó un encuentro con el presidente Gerald Ford y los directivos de la agencia.

El escándalo dio pie a investigaciones oficiales y a la promulgación de reformas que impusieron límites severos sobre las operaciones encubiertas.

La CIA anunció que todo el archivo será hecho público el próximo lunes 25 de junio. El actual director de la agencia, Michael Hayden, comentó ayer a los medios que el material no es muy positivo para la imagen del organismo, "pero es la historia. Los documentos ofrecen un vistazo a lo que era un tiempo muy diferente con una agencia muy diferente".

Algunos no están tan seguros de que los tiempos han cambiado: Tom Blanton, director del National Security Archive, señaló que ahora hay programas parecidos, como la autorización de intervenciones de comunicaciones electrónicas sin necesidad de órdenes judiciales, entre otras cosas.

Aunque mucho de lo documentado aquí ya era conocido mediante investigaciones del Congreso y otros al estallar el escándalo, no se ha visto casi nada de los documentos oficiales que serán revelados próximamente.

Comentario de Javier Ortiz:

La próxima semana verá la luz pública un amplio documento oficial en el que se reconocen numerosas actividades delictivas protagonizadas por la CIA y otros organismos de la Administración de EEUU entre 1953 y 1973. Entre ellas figuran numerosas acciones criminales llevadas a cabo más allá de sus fronteras, incluidos varios intentos de magnicidio y unos cuantos golpes de Estado, algunos verificados con éxito. El informe admite asimismo que las persecuciones ilegales, las labores de espionaje realizadas sin respaldo judicial y las violaciones arbitrarias de la confidencialidad de las comunicaciones fueron prácticas habituales de los servicios secretos estadounidenses a lo largo de esas dos décadas.

La noticia me sugiere dos comentarios de apariencia contradictoria.

El primero, y muy obvio, se refiere a la demostrada capacidad de los sucesivos gobiernos de Washington, sedicentes campeones de la democracia y la libertad, para saltarse a la torera cualquier restricción legal con tal de imponer soluciones acordes con sus intereses. Desde matanzas en masa a asesinatos selectivos, desde el patrocinio de dictaduras al adiestramiento de policías torturadores y la organización de escuadrones de la muerte, desde actos de terrorismo atribuidos a terceros a la compra sistemática de oligarquías venales... La fuerza bruta norteamericana, uniformada o vestida de civil, ha venido actuando en constante aplicación del manido principio jesuítico que pretende que el fin justifica los medios, lo que en su caso resulta doblemente inaceptable, porque no sólo sus medios son repulsivos: también lo son sus objetivos de dominación mundial.

Pero, si lo anterior es cierto, no lo es menos -y aquí viene la aparente contradicción a la que me refería más arriba- que el sistema norteamericano, a diferencia de los que conocemos en otras latitudes, prevé el acceso público a los secretos oficiales una vez que tales secretos dejan de ser directamente operativos. Los historiadores y los estudiosos tienen acceso a numerosos documentos que fueron clasificados como secretos en el momento de su elaboración y que resultan de un interés extraordinario, no sólo por la luz que arrojan sobre el pasado, sino también por lo que ilustran sobre hábitos de trabajo que, según todas las trazas, se mantienen en el presente.

No hace falta decir, supongo, que no todos esos documentos, por lo general acumulados en los National Archives of the U.S., acaban conociéndose. Unos se mantienen en total reserva, mientras otros afloran tras haber sido expurgados a conciencia, en nombre de la Seguridad Nacional. Pero, con todo y con eso, la parte desclasificada aporta una información valiosísima, sin parangón en otros países (*).Tan es así que hay episodios de la Historia mediata de España, incluidos aspectos clave de la Transición, sobre los que hoy en día sabemos más gracias a los documentos desclasificados del Pentágono que por las fuentes que nos son accesibles en el propio escenario de los acontecimientos. Gracias a esos papeles despojados hace ya algunos años de su carácter secreto, se ha podido probar, por ejemplo, la decisiva intervención de las principales potencias occidentales en la neutralización de los proyectos de ruptura democrática con el franquismo, que se llevaron a cabo potenciando y financiando generosamente a los elementos más proclives a la reforma, incluyendo al PSOE reinventado en Suresnes. (**)

Esta ambivalencia del sistema político norteamericano, capaz de hacer lo peor y, acto seguido, de reconocerlo al menos en parte, ilustra no poco sobre la complejidad de una sociedad con la que la nuestra tiene unas relaciones sentimentales patológicas: pretende que la desprecia, pero no deja de mirar hacia ella y de imitarla. Para lo malo, mayormente.

(*) Recordemos que en la España de hoy sigue siendo tarea ímproba, cuando no imposible, la consulta de documentos y registros oficiales elaborados hace más de 60 años, como muy bien explican quienes se dedican en la actualidad a la recuperación de la llamada «memoria histórica».

(**) Es de rigor reconocer la importante labor divulgativa realizada a este respecto por Joan E. Garcés, prestigioso profesor, abogado y analista de política internacional, recogida en su más que interesante obra Soberanos e intervenidos (Ed. Siglo XXI de España, Madrid, 1996).

ortiz Sun, 24 Jun 2007 07:15:00 +0200