Esta desafortunada decisión del PE - fruto de la alianza entre los grupos popular, socialista y liberal, y en contra de la opinión de los grupos de los Verdes e Izquierda Unitaria Europea - se toma después de que la Comisión y el Consejo rechazaran considerar las 43 enmiendas formuladas por el Comité de mercado interior y protección de los consumidores del PE que pretendían restablecer el texto tal y como el parlamento lo había votado en la primera lectura y suprimir una serie de ambigüedades creadas por la Comisión que había hecho una serie de "interpretaciones" restrictivas de lo allí votado.

Ante esa negativa, que hubiera podido llevar a un proceso de conciliación para la adopción de un texto que satisficiera a ambas partes, el PE ha optado por rendirse ante el Consejo y la Comisión (que representan fielmente los intereses de los grandes grupos financieros e industriales europeos) y aceptar una Directiva de carácter marcadamente liberalizadora de los servicios en la UE; en la que, entre otras cosas, se limitan los "servicios sociales" excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva y se supeditan el derecho laboral a nivel nacional y los derechos fundamentales al respeto del derecho comunitario ,condicionados estos derechos fundamentales a lo que en la jerga europea se conoce como "las cuatro libertades fundamentales": libertad de establecimiento y de circulación de personas, bienes, capitales y servicios. Esto es una forma de introducir subrepticiamente el espíritu y la letra contenida en el Tratado Constitucional Europeo y confirma la premonición del ex-comisario Bolkestein que, ante el No del referéndum francés, anunció, sin pudor alguno, que esto no paralizaría en absoluto el camino actual de las políticas europeas. Por todo ello, la aprobación de la directiva “Bolkestein” constituye una verdadera agresión contra los derechos fundamentales tal y como fueron consagrados en las constituciones y legislaciones nacionales.

Estas modificaciones se añaden a otros peligros que el texto originariamente aprobado por el PE ya conllevaba, y que se mantienen, en lo relativo a:

 Los trabajadores independientes o autónomos, a los que se podrá aplicar el “principio del país de origen”

 Los Servicios Públicos (SSPP) de sectores de alta tecnología o en áreas técnicamente poco desarrolladas, que podrán ser privatizado forzosamente

 El poder de regulación de los SSPP en las administraciones publicas, que se verán en la práctica imposibilidad de llevar a cabo “pruebas de necesidad económica” previas a la implantación de nuevos servicios, lo que deja a las “libres fuerzas del mercado” la decisión final sobre la organización y distribución territorial de los SSPP

Asimismo se asigna a la Comisión Europea un derecho de fiscalización desmesurado sobre la obligada transposición de la directiva a las legislaciones nacionales a realizar antes del 2010, y se otorga al Tribunal de Justicia Europeo un papel relevante a la hora de interpretar las posibles violaciones de esta directiva (de calculada ambigüedad) por parte de los estados miembros, organismos ambos de talante claramente neoliberal y no sujetos a ningún tipo de control democrático. Esto significa que una cuota del poder de la regulación de los SSPP pasa desde los parlamentos elegidos democráticamente a unos organismos técnico-jurídicos, supuestamente neutrales pero en la practica muy atentos a los intereses de las empresas.

La aprobación de esta directiva, acogida con gran satisfacción, entre otros, por el Presidente del PE, José Borrell, y el sindicato CCOO, contribuirá a ahondar el proceso de liberalización de las políticas europeas, lo que suscitó el rechazo popular de algunos países en el referéndum sobre el Tratado constitucional (TCE) que tuvo lugar en mayo de 2005 .Como ha manifestado el presidente de la Izquierda Unida Europea, por encima de la cuestión de los servicios está el concepto mismo de la integración europea de decidir si deseamos un marco legal que armonice al alza nuestra legislación de protección social o más bien aceptamos que esta armonización se lleve a cabo por las reglas de la competencia y del mercado que lo harán irremediablemente a la baja

Supone asimismo un nuevo deterioro de la legitimidad democrática de la institución europea, dado que la postura adoptada finalmente por los representantes de la ciudadanía europea no responde a las peticiones y reivindicaciones de esta ciudadanía, que reclaman cada vez más una Europa social y solidaria, como se puso de manifiesto en las masivas movilizaciones sociales y políticas europeas que tuvieron lugar a principios de año 2006 y que llevaron al PE a retirar originalmente algunos de los aspectos más liberales de la Directiva . Sobre esta cuestión se plantea si deseamos promover una democracia europea parlamentaria y orientada a los intereses de la ciudadanía o nos vamos a dejar gobernar por comunicados interpretativos o casos legales, emanados de instituciones tan conservadoras y poco democráticas, como la Comisión y el Tribunal Europeo.

Hay que destacar el lamentable papel jugado tanto en las negociaciones previas como en la votación final por la totalidad de los diputados socialistas españoles, que han preferido unir sus votos a los grupos más reaccionarios, que defender los principios de la campaña electoral del PSOE en la defensa de los servicios públicos y derechos sociales, traicionando así de nuevo las esperanzas depositadas en ellos por sus electores y por gran parte de la ciudadanía que aspiran a refrenar el avance del neoliberalismo en la UE , promovido por las empresas transnacionales y el capital financiero