Es ineludible poner en cuestión el sistema.

I. Las políticas climática y energética son también necesariamente políticas sociales y de paz

Consideramos inaceptable la presente relación con las reservas energéticas de la Tierra. Todavía podría entenderse que los Estados traten de aprovechar los potenciales existentes para su propio bienestar, por encima de todo. Pero cuando quienes viven allí donde se hallan las reservas energéticas mantienen ideas distintas sobre su aprovechamiento, se ven expuestos a las amenazas y a la violencia militar de quienes aspiran a esos recursos para mantener su propio nivel de vida. Rechazamos esa política exterior de violencia calculada.

Ésta se hace ahora muy concretamente visible en Irak y en Afganistán. La Izquierda es el único partido en el Bundestag que se mantiene firme en el siguiente principio: “No es admisible apoderarse de las reservas energéticas de la Tierra con medios militares”. Esa renuncia a la violencia nos distingue muy señaladamente también de Los Verdes: Alemania participa de lleno -con la anuencia de Los Verdes- en la guerra de Irak. Lo ha constatado el Tribunal Administrativo Federal. Alemania cede aeropuertos, derechos de vuelo por su espacio aéreo y análogos. Alemania participa en la guerra de Afganistán, también con el apoyo de Los Verdes; y el Congreso de Hamburgo de la SPD acaba de revalidar esa política.

En última instancia, la guerra de Afganistán es también una guerra energética, porque andan en juego estratégicos derechos de tránsito para petróleo y gas, cosa respecto de la cual los americanos nunca han dejado el menor margen de duda. Resulta sencillamente ingenuo creer que lo que se quiere es contribuir allí a la “construcción de la Nación”, a la Democracia y al estado de Derecho.

Acaban de aparecer varios estudios de prestigiosos institutos de investigación en Londres y Washington sobre las consecuencias de la escasez de energía y del cambio climático. Describen, entre otros, el riesgo de conflictos armados en 46 Estados con 2.700 millones de habitantes. En otros 56 Estados, con 1.200 millones de personas, los investigadores esperan desestabilizaciones políticas ya a partir de 2040. Todo contado, 3.900 millones de personas estarían amenazadas por brotes de violencia que traerían su origen en el cambio climático. El Center for Strategic and Internacional Studies (CSIS), radicado en Washington, pronostica también luchas brutales por el reparto de las menguantes reservas energéticas.

La incipiente pugna entre Dinamarca y Rusia en torno a las presumibles reservas de petróleo y de gas en el Polo Norte permite vislumbrar ya lo que nos espera. En las emergentes luchas de reparto el CSIS adivina el venidero fin del libre comercio, circunstancia que afectaría de lleno a un país como Alemania, campeón mundial de las exportaciones, que representan el 45% de su PIB.

Por eso se manifiesta La Izquierda a favor de una política de reparto justo de las cargas y ve su posición fortalecida por la concesión del Premio Nóbel de la paz a Al Gore y a su lucha contra el cambio climático: la política climática tiene que ser una política de equidad y de paz.

II. La Izquierda vincula la política energética global con la cuestión social global

Estamos debatiendo sobre un comercio global de emisiones que haya a favor de los países más pobres y de su capacidad prosperar económicamente de manera climáticamente sostenible. ¿Cómo podría hacerse? La ONU podría ser la institución que lanzara ese comercio global de emisiones fijando, por lo pronto, los niveles de emisión global de CO2 permisibles. De esa cifra podría inferirse entonces una magnitud de emisiones de dióxido de carbono admisible per capita, el mismo para todos los ciudadanos de la Tierra, porque todos tienen igual derecho a los bienes ambientales indivisibles.

De este principio resulta una magnitud de emisión de CO2 para los países en vías de desarrollo y en el umbral del desarrollo claramente menor que la de los países industriales. Esa inequidad se corregiría haciendo que quienes emiten más que lo que les corresponde per capita tuvieran que realizar la correspondiente contribución a una agencia de la ONU o pagando al Banco Mundial, lo que montaría tanto como comprar a los países en desarrollo derechos de emisión. Esas aportaciones, sin embargo, no deberían ir a parar simplemente a las cuentas de los correspondientes detentadores del poder, sino que sólo deberían ponerse a disposición de los países beneficiarios para la importación de modernas tecnologías medioambientalistas y a efectos de protección de las personas ante las consecuencias del cambio climático.

III. Zascandilear con la prolongación de la vida de las centrales nucleares es irresponsable

La exigencia, particularmente dirigida a la UE, de los oligopolistas energéticos, conforme a la cual habría que prolongar el período de funcionamiento de unas centrales nucleares que, en la medida en que se trata de instalaciones envejecidas, representan el mayor riesgo, es irrecibible para la población. Nuestra posición se mantiene firme: el uso de la energía atómica es inapropiado para asegurar el suministro energético futuro. Los problemas relacionados con los residuos están irresueltos; y resulta de todo punto incontrolable su posible deriva a usos militares. Por eso La Izquierda quiere un suministro energético sin energía atómica.

Apelar a la necesidad de mayores períodos de funcionamiento de las centrales nucleares so pretexto de que no se construyen nuevas centrales térmicas de carbón es incorrecto. Si se parte de las capacidades globales de la República Federal para la producción de energía, se ve esto: hasta los picos de consumo pueden satisfacerse sin mayor problema. Todavía hay holgado margen para cerrar las centrales nucleares, sin tener que construir grandes instalaciones adicionales. Y si se planean nuevas centrales energéticas, que sean pequeñas instalaciones, centrales térmicas de manzana o cuadra urbana con acoplamientos energéticos térmicos: nada de megaproyectos. En este punto, La Izquierda es la única fuerza política de este país que se mantiene consecuentemente firme frente a los oligopolios. Los demás partidos, incluidos Los Verdes, han escurrido en los últimos años el bulto, en vez de plantarse, como habría sido deseable, frente a la monopolización de los mercados energéticos.

Eso tiene algo que ver con el cabildeo de lobbies en el Parlamento federal. Cuando se presentan determinadas leyes energéticas, surgen en los grupos parlamentarios expertos energéticos que, muy a menudo, mantienen estrechas relaciones con las cuatro grandes corporaciones energéticas, de modo que acaban siendo aprobadas leyes que se compadecen con los intereses de esas compañías. Pero esos intereses no son los de los usuarios; tampoco los intereses de la economía, por no hablar del medio ambiente.

IV. La remunicipalización del suministro energético es característica de La Izquierda

Estamos en contra de la privatización de los servicios públicos, porque lleva a precios demasiado elevados, porque tiene costes sociales inaceptables y porque genera estructuras privadas monopólicas. Cuando, pongamos por caso, el Senado de Hamburgo todavía poseía su participación en la HEW [Compañía de Electricidad de Hamburgo, por sus siglas en alemán], podía, todavía, huelga decirlo, beneficiarse de los ingresos de la compañía. Esos ingresos, a su vez, podían emplearse para el tránsito público de cercanías, como era el caso antes en todas las ciudades, grandes y medianas, de la República Federal, llegando incluso a la financiación de un billete social. Que no tardó en desaparecer tras la venta de la participación en la HEW.

La remunicipalización exigida por La Izquierda tiene muchas ventajas. Las ilustraré para el caso de la ciudad de Saarbrücken [capital del Estado federado del Sarre]. Yo fui alcalde de esa ciudad y sé, por lo mismo, de lo que estoy hablando. Esa ciudad jamás dependió de [las empresas oligopólicas privadas] E on, RWE o Vatettenfal; tenía producción energética propia y podía también distribuirla. Dio entonces participación a una central térmica de carbón (normal en un país suministrador de carbón), y entonces tuvo, a trueque, una central térmica capaz de utilizar otros tipos de combustible. Estaba en medio de la ciudad y representaba una muy temprana y totalmente moderna forma de suministro energético. Había una turbina de gas, susceptible de ser activada en momentos de máximo consumo. Pero lo esencial era esto: Saarbrücken podía fijar por sí misma los precios energéticos. Nadie necesitaba rendimientos monetarios del 20% o del 30%, que son los beneficios a los que aspiran hoy los monopolistas energéticos, unos beneficios que son posibles, a modo de brutal timo, sólo porque ni la Comisión Europea ni el Gobierno Federal crearon en su momento un estricto reglamento de competencia.

Que nadie crea que las compañías EnBW, RWE, E.on o Vattenfall estarían seriamente dispuestas a apoyar un suministro energético descentralizados y de pequeña escala. Por razón de sus intereses, son hostiles, no amigas del medio ambiente; así están estructuradas y así han sido construidas.

V. Una regulación precisa de los precios tiene que terminar con el vergonzoso timo a los usuarios

Otro punto que nos distingue de todos los demás partidos es el del control de los precios. Un control que se dió en la República Federal durante muchas décadas. Cuando yo era Presidente del Sarre, cualquier aumento de precios del suministro eléctrico tenía, obvio es decirlo, que ser previamente anunciado y aprobado; a eso han renunciado hoy todos los demás partidos. Por eso La Izquierda, lo mismo que la Comisión de Vigilancia de los Monopolios, exige hoy una precisa regulación de los precios, a fin de terminar con las vergonzosa prácticas de exacción a los usuarios y de asegurar una competición efectiva.

VI. Las redes interregionales, bajo responsabilidad pública

Que las cuatro grandes compañías tengan, junto con las grandes centrales energéticas, todavía en sus manos la redes, es, quiérase o no, una invitación a la manipulación de los precios. Por eso hay que poner a las redes bajo responsabilidad pública, a fin de que el Estado pueda organizar algo parecido a la competencia, arrebatando a los acuerdos cartelísticos entre las grandes compañías privadas el dominio sobre las redes. Por eso está La Izquierda en contra de la regulación a la que se ha dejado arrastrar el Gobierno Federal, presionado por las cuatros grandes compañías que dominan el mercado. Esa regulación conforme a incentivos significa que, en vez de poner las redes bajo responsabilidad pública, se organizará una suerte de moderada competición para reducir costes que no puede, claro es, sino seguir beneficiando a las grandes compañías, que tienen más posibilidades y mayores oportunidades de reducir costes. Para los pequeños productores -si todavía los hay-, es decir, para las centrales municipales, las dificultades se multiplican, lo que forzará a una mayor concentración del sector energético.

La permanente retórica de la gobernante Gran Coalición [socialdemócrata y democristiana] sobre la amabilidad energética y la protección del medio ambiente y del clima se revela un espejismo engañoso cuando se pasa a las soluciones concretas. De ahí nuestra posición: nada de sistemas de incentivos para promover los intereses de las grandes compañías, sino puesta de las redes bajo responsabilidad pública, a fin de que pueda ésta organizar una competencia eficaz.

VII. ¿Es adecuado el presente sistema económico para mantener nuestra civilización?

Somos la fuerza política que pone en cuestión el sistema. Y ésta es la cuestión: El capitalismo financiero imperante, que apunta a réditos a corto plazo y que se orienta por el principio de más producción y más beneficio, este sistema económico actual, ¿es adecuado para proteger el medio ambiente y conservar nuestra Tierra? La fórmula de Los Verdes de una economía verde de mercado es un placebo. Quien quiera seriamente dar una respuesta viable a la pretensión de conservar la civilización, tiene por fuerza que poner en cuestión el presente sistema económico, que no se orienta a la sostenibilidad. La respuesta de La Izquierda no pasa por rechazar todos los elementos de nuestro orden económico de mercado, pero en lo que hace a los puntos sensibles de nuestra sociedad -electricidad, gas y agua son ahora bienes básicos no sólo de la economía, sino de la conjunto de la civilización-, necesitamos la responsabilidad pública. Necesitamos regulación estatal. El extraviado camino actual de la desregulación sin ley y de la privatización -dígase: de la entrega al dogma de la maximización de beneficios del capital financiero- ha resultado más y más dañina para el medio ambiente, ha agudizado la cuestión social y ha aplazado los cambios necesarios.

La Izquierda desea tomar el mejor camino, el camino por el que abogamos.

Oskar Lafontaine es copresidente del nuevo Partido de la Izquierda alemana y su portavoz en el Parlamento Federal alemán.